El requerimiento de sobreseimiento emitido por la Fiscalía General por el denominado “fraude electoral”, beneficia a seis exvocales y seis exfuncionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que estaban investigados por las irregularidades detectadas por especialistas de la OEA en las elecciones generales de 2019. Sin embargo, desde el Ministerio Público aseguran que el caso no está cerrado y sectores de la oposición advierten de que cualquiera de los denunciantes puede impugnar la decisión en un plazo de cinco días.

El informe pericial deslinda de responsabilidades a la expresidenta del TSE María Eugenia Choque y a los vocales Antonio Costas Sitic, Lucy Cruz Villca, Édgar Gonzales López, Idelfonso Mamani Romero, Lidio Iriarte Tórrez y Winsor Saire, este último exresponsable de la Dirección Nacional de Tecnologías, Información y Comunicación, para favorecer al entonces presidente y aspirante a la reelección Evo Morales (MAS).

Se ha establecido que cada miembro del TSE tenía funciones específicas, pero no tenían acceso al sistema informático para realizar modificación o alteración sustancial al proceso eleccionario, señala el estudio elaborado entre abril y mayo de este año, y que está firmado por un docente y dos estudiantes del Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España.

Luego de contrastar el dictamen pericial con el informe de Ethical Haking Consultores, la Fiscalía determinó que no existen indicios de convicción para determinar injerencias suyas que hubieran afectado el proceso eleccionario a los accesos del sistema de Trasmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), tanto a la base de datos, servidores de aplicación y acceso al sistema web, antes, durante y después del acto eleccionario del 20 de octubre.

La conclusión de la Fiscalía contradice el informe presentado por los 30 expertos de 18 países que formaron parte de la misión de observadores enviados por la OEA a Bolivia en las elecciones generales de octubre de 2019, que determinaron que hubo “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección”. El documento de la OEA, presentado el 10 de noviembre de 2019 y que precipitó la renuncia a la presidencia de Evo Morales, menciona la “paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del TREP”.

El informe de la Fiscalía, que fue encargado a un costo de $us 31.000, tampoco menciona si los vocales e informáticos influyeron en el tráfico desde servidores externos a la infraestructura montada por Neotec o desde la plataforma de servidores externos, modificaciones al código fuente del sistema TREP, alteración informática o incidentes de seguridad en los servidores antes, durante y después del proceso eleccionario, ataques informáticos o inconsistencias entre cuatro bases de datos paralelas al del cómputo oficial.

Sin embargo, el informe de la OEA señala: “Todos los análisis del equipo técnico permiten determinar que la paralización del TREP no fue un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos. Fue una decisión arbitraria, cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática”.

No es definitivo

El abogado constitucionalista Gustavo Mendoza Orozco explicó que la Fiscalía emite el sobreseimiento cuando considera que no existen los elementos necesarios sobre el hecho delictivo para sustentar una acusación.

Mendoza explicó que tras ser notificadas, la parte que se considere afectada por el sobreseimiento puede impugnar la misma en un plazo de cinco días.

El constitucionalista Williams Bascopé coincidió con Mendoza en que la impugnación debe ser resuelta por la Fiscalía del Departamento de La Paz, en este caso, y que en un plazo de diez días hace conocer una resolución, a través de la cual puede ratificar el sobreseimiento o revocar el mismo para que se emita acusación, lo que implicaría el inicio de la segunda etapa del juicio.

El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana, adelantó que no se seguirá ese procedimiento “porque si el fiscal general ya emitió un pronunciamiento, es perder el tiempo pensar que su empleado, el fiscal departamental, vaya a cambiar esa decisión”.

Bascopé señaló que los denunciantes, en este caso el líder de CC, Carlos Mesa, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pueden pedir la conversión de acciones para que los fiscales se aparten.

Mendoza complementó que implicaría cambiar “de acciones de delito de acción pública a delito de acción privada. De esta forma, no participa la Fiscalía. El juez, con este recurso, puede sacar al fiscal del caso y continuar con el juicio”, aseveró. Si alguna parte se ve afectada en sus derechos con esta resolución, podría interponer una acción constitucional, como un amparo constitucional, siempre y cuando fundamente qué derecho es el vulnerado.