El requerimiento conclusivo de sobreseimiento del caso fraude electoral con una pericia de un grupo de investigación será objeto de impugnación, de denuncia ante instancias internacionales, de pedido de renuncia e incluso procesos penales contra el fiscal general, Juan Lanchipa.

En tanto, el Movimiento Al Socialismo analiza iniciar procesos a quienes presumiblemente promovieron el concepto de fraude electoral en 2019.

El 10 de noviembre de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en el que señala el inicio de procesos contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral  (TSE) y departamentales por presuntos hechos irregulares dados a conocer en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Comunica a la población en general que, ante el conocimiento del informe emitido por la OEA donde señala la presunta existencia de hechos irregulares que se constituirían en ilícitos penales y/o electorales vinculados al cómputo de los resultados oficiales brindados por los miembros del Tribunal Supremo Electoral , en el marco de las Elecciones Generales desarrolladas el 20 de octubre de 2019, ha instruido a la Fiscalía Departamental de La Paz (...) el inicio inmediato de todas las acciones legales correspondientes para el procesamiento y juzgamiento de los vocales miembros del TSE”, refiere el comunicado.

A un año y ocho meses de esta acción, el fiscal Lanchipa en conferencia de prensa anunció que requerirá el sobreseimiento de este caso y su secretario general, Edwin Quispe, señala que el informe de la OEA, utilizado para detener y procesar a los vocales, no es válido.

Acciones

La Bancada de Comunidad Ciudadana (CC) adelantó una petición de informe escrito a la FGE  para saber los motivos por los que se descarta la auditoría de la OEA y la contratación del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca.

“Acciones internacionales que vamos a levantar tanto en el proceso respectivo al fraude como en la petición  de garantías sobre materia de derechos humanos para el líder de nuestro partido (Carlos Mesa), los asambleístas y la población civil  organizada que se ha manifestado de manera pacífica el año 2019”, señaló la senadora Andrea Barrientos (CC).

Renuncia

La alianza Creemos pide la renuncia del Fiscal General por favorecer  al MAS.

“El fiscal Lanchipa se sacó la capucha (...), nosotros vamos a ser firmes defensores de la Constitución Política del Estado y la independencia de poderes, pero hoy, al señor Lanchipa si le queda algo de ética debería renunciar al cargo porque no garantiza la independencia de poderes”, dijo el senador Henry Montero.

La senadora Centa Rek de Creemos señaló que la acción del fiscal Lanchipa pone en riesgo la democracia en Bolivia.

“Ya nos quitaron el 21 de febrero de manera delincuencial, pretendiendo ganar una elección de forma ilícita el 2019 con un fraude y ahora pretenden penalizarnos, pretenden perseguir a toda la gente que lucha por su país”, dijo.

Oficialismo

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la Cámara de Senadores, señaló que la oposición no presentó pruebas sobre fraude electoral.

“La oposición jamás demostró los procedimientos o los documentos o las personas que hubieran cambiado una sola acta, y que por eso ahora conocemos la verdad de los hechos, no existió fraude el 2019”, dijo el jefe de bancada Luis Adolfo Flores.

Ante los anuncios de la oposición de acudir a instancias internacionales, Flores dijo que “seguro serán los mismos que apoyaron el golpe de Estado”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, señaló que la pericia encargada por la Fiscalía “solamente demuestra la verdad que se quería conocer”.

Agregó que “no hay duda” de que la OEA fue parte del “golpe de Estado”.

Es posible impugnar el fallo de la Fiscalía

El constitucionalista Marco Antonio Baldivieso Jinés dijo que el sobreseimiento de la Fiscalía General del Estado del caso fraude electoral puede ser impugnado, por diversas razones y por el alcance del trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) . “Se puede impugnar la decisión del Fiscal General, acudir a la justicia constitucional y la justicia interamericana y universal”, dijo.

Agregó que la investigación no llegó a ningún lado y que ahora los denunciantes pueden ser perseguidos por calumnia. Asimismo, el fiscal Lanchipa puede ser objeto de demanda.

“Cómo justifica el Fiscal General ese cambio, él mismo ha procesado y ha metido a la cárcel con detención preventiva a muchos vocales del Órgano Electoral y ahora dice que no ha habido el delito de fraude electoral. Hoy el fiscal está sirviendo al Gobierno de turno, no se ha aclarado nada, no se ha investigado nada y seguimos en las mismas condiciones apoyando una tesis política y nada más”, sostuvo.

Costó $us 30 mil

El secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, confirmó que la Fiscalía pagó  216.193,05 bolivianos -alrededor de 30 mil dólares- por la pericia internacional desarrollada por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca-España, que descartó un presunto fraude electoral.