La Fiscalía General del Estado defendió ayer la pericia realizada por un equipo en España que concluye que "no hubo manipulación" de los resultados de los comicios de 2019 que derivó en el cierre del caso denominado "fraude electoral". A su vez descalificó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguran que quienes denunciaron fraude deben responder a la justicia y asumir su responsabilidad.

Entre tanto, la oposición expresó sus dudas de la credibilidad del informe y anunció que se asumirán acciones internacionales y pedirán garantías para quienes lideraron las movilizaciones.    

El informe encargado por la Fiscalía, el pasado 15 de abril, establece conclusiones sobre la independencia de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) respecto al cómputo oficial, el análisis de conexiones, la integridad de datos, inconsistencias en la base de datos y conexiones y diferencias de funciones entre servidores de los comicios anulados en 2019.

Señala que se detectó "deficiencias e incidencias que no suponían riesgo para la integridad del proceso electoral" y "no se advierten manipulación de los votos”.

LA FISCALÍA

El Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó, según ABI, que la comisión de fiscales del caso denominado fraude electoral emitió requerimiento conclusivo de sobreseimiento de acuerdo a los actos investigativos de recolección de información con elementos suficientes como declaraciones, actas, base de datos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Fue fundamental la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, realizada por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España). 

Quispe indicó que el rol de la OEA en el caso fue analizar el sistema de TREP y sus implicancias, sin embargo, realizó un informe rápido e hizo un pronunciamiento prematuro, “porque no tenía la consistencia para haber analizado el cómputo final en la base de datos oficial de las elecciones de 2019”. 

“Por eso pasa a ser un mero indicio que no tiene un sostén técnico ni científico, a los efectos del proceso llevado adelante por el Ministerio Público”, manifestó. 

Respecto a aseveraciones de que el estudio efectuado en España fue realizado por gente no calificada, la autoridad del Ministerio Público aclaró que doctores reconocidos y de prestigio internacional son parte del grupo de investigación liderado por el ingeniero Juan Manuel Corchado, Doctor en Informática e Inteligencia Artificial, Director del Parque Científico y Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. 

También explicó que el informe de la Dirección Administrativa Financiera de la Fiscalía General del Estado, da cuenta que la pericia científica cumplió el procedimiento de contratación internacional vigente en el país, a través de una "convocatoria pública" para la postulación de expertos o empresas. Añadió que el pago se realizó a través del Banco Central de Bolivia (BCB) y el precio cancelado fue de Bs 216.000, aproximadamente $us 30.000, “precio menor con relación a la envergadura que involucra su resultado”. 

EL GOBIERNO

El procurador Wilfredo Chávez, dijo que con el informe se demuestra de manera pericial y judicial que no existió ilícitos en esos comicios y que quienes impulsaron la consigna de “fraude monumental” para justificar el golpe de Estado y se atribuyeron los derechos del pueblo entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, deben rendir cuentas ante la justicia. Mencionó a la Iglesia católica y el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. 

“Esos que dijeron fraude monumental y otros tienen que estar preocupados porque la justicia les va a llegar en algún momento, porque han ocasionado un golpe de Estado, luto, dolor, persecución, han generado un gobierno ladrón, que ha estado once meses, casi doce meses en el poder”, sostuvo.

Dijo también que las personas que estuvieron encarceladas, “tienen el derecho de pedir la reparación del daño que sufrieron, ya sea en la vía penal o en la civil porque “tienen el derecho al resarcimiento de parte de quienes les han ocasionado esto”.

Por este caso, 12 exvocales del Tribunal Electoral fueron procesados y acusados de varios delitos como alteración y ocultación de resultados, beneficios en función del cargo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, pero ahora están sobreseídos.

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, afirmó, citado por ERBOL, que el caso “conlleva responsabilidades” de quienes utilizaron ese concepto de fraude para generar zozobra y convulsión en el país “induciendo en error a muchos ciudadanos, lo cual en este caso también pudiese ser apología del delito”. Se refirió a la OEA, Unión Europea y actores políticos bolivianos.

Una vez más lanzó una advertencia y dijo que la Fiscalía es la entidad encargada de llevar adelante la persecución penal y “nadie puede cuestionar el rol que esta salvaguardado por la Constitución”. Lamentó que se genere un escenario de anomia social y pidió respeto a las instituciones.

LA OPOSICIÓN

Tras el cierre de la investigación, la alianza CC anunció que emprenderá acciones internacionales, pero también para solicitar garantías en materia de derechos humanos a favor de Mesa y los ciudadanos que se movilizaron en 2019 por la persecución que sufren y para resguardar su integridad.

La bancada rechazó la decisión de la Fiscalía porque considera que no se puede poner el informe de un instituto por encima del emanado por la OEA, que fue realizado en base a un trabajo in situ y contaba con un acuerdo con el Estado boliviano. También recordó que ya existe una ley, aprobada con el concurso de los dos tercios del MAS el 24 de noviembre de 2019, en la cual se anularon los comicios del 20 de octubre de ese año, justamente a causa del informe del organismo internacional.

La jefa de la bancada, Andrea Barrientos, manifestó que emprenderá tres acciones: solicitud de informe a la Fiscalía, pedido a las autoridades del Legislativo que se respeten sus decisiones y, en tercer lugar, las acciones internacionales.   

Aseguró que ya se presentó pruebas a la Fiscalía para confirmar que hubo fraude electoral, pero el Ministerio Público las descartó, lo que demuestra que esta entidad responde al MAS. 

“El Movimiento al Socialismo se inventa una mentira y utiliza todo el poder del Estado para tratar de posicionar esa mentira, perseguir a la ciudadanía, perseguir a la oposición política, lo que nos parece una aberración y un atentado pleno contra la democracia”, agregó. Entre tanto, la alianza Creemos demandó que por “ética” el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, renuncie a su cargo.

“Nosotros vamos a ser firmes defensores de la Constitución Política del Estado y la independencia de poderes, pero hoy, al señor (Juan) Lanchipa, si le queda algo de ética, debería renunciar al cargo de Fiscal General porque no garantiza la independencia de poderes, la justicia objetiva en Bolivia”, demandó el jefe de la bancada en el Senado, Henry Montero.

Reacciones de apoyo y rechazo

El cierre del caso denominado fraude electoral deja más reacciones de apoyo y rechazo en sectores.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, anunció, según ABI, que los trabajadores se encuentran en estado de emergencia y organizados ante los anuncios de sectores radicales de derecha de generar desestabilización en el país tras la decisión de cerrar el caso denominado fraude electoral.

“Como siempre, hay grupos grandes en Santa Cruz, en Cochabamba, acá en la sede de Gobierno y creo que es importante declararnos en estado de emergencia para poder hacer una vigilia permanente y así defender nuestro Gobierno”, sostuvo.     

Dijo también que era previsible que los opositores rechacen y descalifiquen el informe de la Universidad de Salamanca, debido a que fueron cómplices del “golpe de Estado”.

Por su parte, el ingeniero informático Edgar Villegas indicó que el informe de la Fiscalía es “extemporáneo” y “no tiene validez”. Advirtió que no hay ninguna garantía de que se haya realizado en un escenario intacto y que el trabajo fue realizado bajo las condiciones y metodología de la Fiscalía. 

Dijo también que algo que está plenamente demostrado no puede “des-demostrarse”, refiriéndose al informe de la OEA que fue vinculante, a pedido del MAS. 

El exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, rompió el silencio y dijo su verdad sobre el proceso electoral. Reiteró que su renuncia fue porque no estaba de acuerdo con el corte el sistema de TREP, hecho que hasta ahora no tiene una razón exacta. También advirtió que el informe de la OEA fue hecho de manera deficiente y que la empresa Ethical Hacking no obró de manera profesional, sino con una intencionalidad política. No descartó iniciar acciones legales.

El alcalde Iván Arias también se pronunció y comparó la pericia con un informe de una comisión internacional que dijera que Cristóbal Colón no llegó a América, en 1492, o que Neil Alden Armstrong no pisó la Luna, en 1969. Acusó al MAS de montar historias como que a los 66 buses Pumakatari les cató un rayo o “se quemaron por obra y gracia del demonio”.