El informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España) y la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) tienen una serie de similitudes respecto al uso de servidores ocultos (BO1 y BO20), pero difieren en las consecuencias de los mismos en el sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el cómputo oficial.

El grupo de investigación refiere la detección de dos servidores “no previstos” que, luego de ser analizados, “no suponen un riesgo para los resultados del cómputo oficial”. Además, el TREP y el cómputo oficial eran independientes.

También señala que “se ha comprobado que ambos sistemas cuentan con sus propios servidores y flujos de datos que no se replican entre ellos, por lo que no pudo existir correspondencia de datos de manera simultanea entre los almacenados en el TREP y el cómputo oficial”.

La OEA, en su auditoría, establece también la aparición de servidores ocultos, y que en teoría, el sistema TREP y el cómputo oficial eran independientes el uno del otro.

El flujo de información hacia el primero era independiente del flujo de información hacia el segundo.

El documento refiere que la introducción de servidores no previstos en la infraestructura tecnológica (servidores denominados BO1 y BO20), a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del TREP. Para la redirección del flujo hacia el servidor BO20 se modificó la IP a la que direccionaban las 350 máquinas utilizadas en el Sereci.

“Se comprobó la transferencia de imágenes desde el servidor primario BO2 del TREP hacia el servidor de aplicaciones y publicador que alimentaba el Cómputo Oficial. Es decir, imágenes del TREP, que corresponden a fotografías de actas, fueron ingresadas directamente desde el TREP al Cómputo Oficial. Lo anterior descarta de manera categórica la aseveración de que el TREP y el Cómputo Oficial son dos procesos absolutamente independiente”, es una de las irregularidades detalladas por la OEA.

También señala que el “ingreso de al menos 1.575 actas del TREP (ambiente cuya red fue vulnerada y manipulada) directamente al Cómputo Oficial”.

En el informe de la OEA se sostiene que “se accedió durante el proceso de Cómputo Oficial directamente a modificar datos de la base de datos mediante sentencias SQL (que permiten cambiar datos sin utilizar la aplicación), para resolver fallas en un algoritmo de cálculos. Sólo en este acceso, que se llevó adelante 20 minutos después de un acceso directo a las bases de datos a efectos de desanular actas”, se modificaron los datos de 41 mesas directamente sobre la base de datos.

En su informe, la empresa Ethical Hacking también reveló que hubo una “alteración manual de las bases de datos del TREP y de cómputo, durante el proceso de votación.

Empresa auditora detecta vicios

La empresa auditora del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Ethical Hacking, contratada por el Tribunal Supremo Electoral, concluyó que el proceso electoral de Bolivia “está viciado de nulidad” por la cantidad de alteraciones al “código fuente del TREP”, las modificaciones manuales y “con máximos privilegios a las bases de datos”, además de las inconsistencias que aparecieron entre el TREP y el sistema de cómputo.

Entre sus conclusiones, señala que “en cuanto a la alteración manual de las bases de datos del TREP y de cómputo, durante el proceso de votación, sea cual sea el motivo y desde el punto de vista técnico y forense, vicia de nulidad todo el proceso electoral”.

Cuestionan validez del informe de la Fiscalía

El informe de la Universidad de Salamanca (España) que la Fiscalía General del Estado encargó y en cuyas conclusiones se fundamentó para cerrar el caso fraude electoral, recibió varios cuestionamientos tanto de expertos como de políticos de la oposición.

Una de las observaciones la hizo Edgar Villegas, ingeniero informático que detectó varias irregularidades en las elecciones de 2019. El experto calificó al documento “extemporáneo” y que se realizó sólo en base a la metodología del Ministerio Público, por lo que “no tiene validez”.

“Con el tiempo que pasó, ¿qué garantías tenemos de que la escena se haya mantenido intacta?, además, se realizó bajó las condiciones de la Fiscalía, que definió la metodología. Ellos proveyeron los datos”, dijo Villegas.

Otra de las observaciones es que el informe encargado por la Fiscalía fue elaborado por un equipo de tres personas (quienes firman el documento son un docente y dos estudiantes de la Universidad de Salamanca), a diferencia del documento de la Organización de Estados Americanos (OEA), denominado Análisis de Integridad Electoral, en el participaron más de 50 personas.

Ese informe estuvo elaborado in situ por un equipo integrado por 36 especialistas y auditores internacionales de 18 nacionalidades.

Entre ellos figuraban abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral.

El expresidente Carlos Mesa también cuestionó el mencionado informe al que calificó de extemporánea, de gabinete, y con alcance y metodología establecida por el Gobierno y una consultara que no es creíble y no puede reemplazar la verificación y evaluación in situ de la OEA y refrendada por la Unión Europea.

El jefe de la bancada de Creemos en diputados, Erwin Bazán, afirmó que “socialistas españoles están detrás de este documento”.