La auditoría a los comicios fallidos de octubre de 2019, que fue realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA), tuvo un  alcance mayor  en comparación con   el estudio pericial  encargado por la Fiscalía al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. La primera no costó  recursos económicos al Estado. Por el  segundo, en cambio,  se pagó  más de 200 mil bolivianos.

Según el informe final de la auditoría, hecho público el 4 de diciembre de 2019, se definió el alcance en torno a cuatro componentes: 1)  Infraestructura y funcionamiento de los sistemas informáticos utilizados para la transmisión de resultados preliminares y el cómputo oficial,  2) Autenticidad y confiabilidad de las actas de escrutinio, así como de los datos ingresados al sistema de transmisión de resultados electorales y al sistema de cómputo oficial, 3) Plan de custodia integral de todo el material electoral (actas, papeletas y registro de electores), y 4) Flujo de la carga de datos de los resultados electorales preliminares y del cómputo oficial.

En el informe final de la auditoría se señala, entre otros detalles,  que se revisó una muestra de 4.692 actas, y que del análisis se identificó 226 actas en las que dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona; y además que se constató la quema de un número “incierto” de actas y más de 13.100 listas índice de electores. 

En cambio, en el informe pericial    no se hace referencia a elementos como  la revisión de una muestra de actas  o la constatación de la quema de listas índice. Y es que en el  reporte del estudio pericial se señala que ese trabajo  fue encomendado por el Ministerio Público, en el marco del proceso penal, en el cual “se evalúa la integridad de los sistemas informáticos y de la información generada durante las elecciones generales”. 

En ese contexto,  en el documento  se agrega que “el alcance de la pericia está ligado a determinar si se produjeron incidencias, cómo se produjeron y cuáles fueron sus consecuencias”.

Respecto al financiamiento de la auditoría, en contacto con Página Siete, Jaime Aparicio, exembajador de Bolivia ante la OEA, manifestó que la auditoría fue financiada por la OEA. En cambio, la pericia tuvo un costo de más de 216 mil bolivianos, según el secretario general del Ministerio Público, Edwin Quispe.

“Hemos realizado el pago a través del Banco Central de Bolivia. Dentro de los proponentes se ha calificado a  este equipo de investigadores dependiente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, con sede en España. El precio cancelado es de 216 mil bolivianos y fracción, que más o menos, convertido a dólares, son aproximadamente 30.000 dólares que se han pagado. Este monto es mucho menor con relación a la envergadura que involucra  su resultado”, indicó  Quispe. 

La auditoría de la OEA contó con un equipo   conformado por 36 especialistas y auditores internacionales de 18 nacionalidades, entre los que figuraban abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral.  

En el caso de la pericia, ésta  fue  realizada por Juan Manuel Corchado, catedrático CCIA y jefe de proyecto; y Manuel López  y Pablo Plaza, que figuran en el documento como  auditores. 
 

Invitación y el  carácter vinculante 

• Auditoría     El 22 de octubre de 2019, el entonces canciller Diego Pary envió una misiva a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, en la que hizo  extensiva la invitación “para que se realice una auditoría al cómputo oficial de votos del proceso electoral en curso, para verificar la transparencia y legitimidad del mismo”.
• Acuerdo    El  30 de octubre de 2019,  Pary y Almagro suscribieron el convenio, que en el punto seis  señala que  “el resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes”.
• Arribo   El equipo de expertos y auditores arribó a Bolivia el 31 de octubre de 2019.