Medio: El Diario
Fecha de la publicación: jueves 29 de julio de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
A nueve días del
nuevo aniversario de Bolivia, el cierre del caso Fraude electoral en 2019
enfrenta a la oposición con el oficialismo. Los legisladores de la alianza
Comunidad Ciudadana (CC) calificaron como un atentado en contra de la
democracia por pasar por alto determinaciones de la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) que aceptó la auditoria de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en 2019, por lo que anunciaron acciones a nivel nacional e
internacional; mientras que el MAS pide continuar con la investigación.
Mediante una conferencia de prensa brindada por esta agrupación política, legisladores expresaron su rechazo a las determinaciones de la Fiscalía General del Estado, por poner en duda las acciones de la ALP, anuló los comicios de 2019, reconociendo la validez de la auditoría elaborada por la OEA sobre el fraude electoral.
“Ninguna
investigación de un instituto puede reemplazar una auditoria firmada por el
Estado boliviano con la Organización de Estados Americanos, que además ha sido
realizada in situ por una organización veedora antes durante y después del
proceso electoral”
La senadora Andrea Barrientos, señaló que las determinaciones de la Fiscalía se constituyen en un atentado a la democracia y sobre todo al primer poder del Estado que es la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
“Vemos alarmados que
existen una serie de ataque contra la oposición, primero contra el presidente
de nuestra alianza, Carlos Mesa y después contra los parlamentarios donde se
anuncia que van a empezar a perseguir a miembros de la oposición, por lo que
vamos a tomar las medidas internacionales que correspondan en materia de
derechos humanos” dijo.
Barrientos adelantó
que desde la oposición tomaran tres acciones coordinadas, entre las que se
encuentra el realizar una petición de informe a la Fiscalía General del Estado,
en la que se explique cuáles fueron los motivos para descartar la informe
auditoría de la OEA y los detalles de contratación de la empresa que realizó el
estudio en el que se basó para cerrar el caso fraude.
Por otra parte, se
remitirán notas a los presidentes de las Cámaras Legislativas y al
vicepresidente del Estado, en las que se exige a estas autoridades acciones
para hacer respetar las determinaciones del Órgano Legislativo en el marco de
la independencia de poderes y sin caer en consignas partidarias.
Anunció que la
tercera medida será pedir garantías a nivel internacional para los líderes de
oposición, sobre todo de la alianza Comunidad Ciudadana, además de ciudadanos
que participaron en las movilizaciones en defensa de la democracia el 2019.
OFICIALISMO
Al respecto, el
senador por el MAS, Luis Adolfo Flores, tras el cierre de este caso, pidió que
el Ministerio Público continúe con las investigaciones para demostrar que en el
país hubo una conspiración para desconocer los comicios anulados hecho que
concluyó con el supuesto golpe.
“Ahora la Fiscalía
tiene que dar el segundo paso, demostrar que fue una conspiración la
planificación para desconocer ese proceso electoral cuyo segundo paso fue el
golpe de Estado” refirió Flores.
Flanqueado por sus
colegas oficialistas, dijo confiar en el Grupo de Investigación Deep Tech Lab
de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, que
hizo las pericias sobre los resultados de los comicios de 2019 donde estableció
que no hubo manipulación de datos.
Afirmó que con el
tiempo se irá aclarando este proceso que conllevó a que el país atraviese un
ambiente de convulsión que derivó luego en la renuncia de Evo Morales a la
Presidencia y la asunción de Jeanine Añez que, dijo fue inconstitucional.
“La Fiscalía tiene
que hacerlo en el segundo paso, demostrar que fue una conspiración la
planificación para desconocer ese proceso electoral”, dijo el legislador
oficialista al recordar las intervenciones policiales – militares en varias
partes del país.
Para Flores, la
Cancillería debe asumir acciones contra la Organización de Estados Americanos
(OEA) sobre la responsabilidad que tuvo la misión de ese organismo en el país
en la crisis de 2019. (EL DIARIO/Erbol)



