La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en el Senado y Diputados rechazó este miércoles el informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, por el cual se decidió cerrar el caso fraude electoral y afirmó que ninguna investigación de un "instituto" puede reemplazar la auditoría final de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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La bancada opositora afirmó que el fiscal general cometió un “atentado a la democracia” al desconocer las pruebas presentadas para demostrar el fraude de 2019.
La senadora de CC; Andrea Barrientos, en conferencia de prensa este miércoles. / Foto: Prensa CC.
La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en el Senado y Diputados rechazó este miércoles el informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, por el cual se decidió cerrar el caso fraude electoral y afirmó que ninguna investigación de un "instituto" puede reemplazar la auditoría final de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Ninguna investigación de un instituto puede reemplazar una auditoría firmada por el Estado boliviano con la OEA que ha sido realizada in situ, con una organización que ha sido veedora antes, durante y después del proceso electoral y que conoce además las características sociales de este proceso”, indicó en conferencia la senadora de CC, Andrea Barrientos.
La legisladora de CC hizo énfasis en que el 24 de noviembre de 2019, las elecciones generales fueron anuladas por ley sancionada desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya conformación era de más de dos tercios en favor del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Barrientos consideró como un “atentado a la democracia” que el fiscal general Juan Lanchipa desconozca las pruebas presentadas para demostrar el fraude en los comicios de 2019.
“Que hoy el fiscal general pretenda desconocer en base a un análisis que se inventa donde la fiscalía decide qué pruebas se presenta y qué pruebas no se presentan, nos parece un atentado a la democracia y sobre todo, al primer órgano del Estado que es la ALP”, agregó la parlamentaria.
El grupo contratado por la FGE entregó un informe de más de 300 páginas al Ministerio Público, en el que dice que evidenció “irregularidades” por parte de la empresa Neotec, pero no “intención de manipular" los resultados del proceso electoral de 2019.
