La consultoría solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE) al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, le costó al Estado 216.193 bolivianos.
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La FGE envió al Grupo de Investigación Deep Tech Lab los datos del proceso electoral organizado hace dos años, para que haga un estudio pericial.
La portada del sitio web del Bisite, grupo de investigaciones de la Universidad de Salamanca que revisó el proceso electoral de 2019..
La consultoría solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE) al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, le costó al Estado 216.193 bolivianos.
La pericia fue cubierta en su totalidad con recursos del Tesoro General de la Nación, según el formulario del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes) al que tuvo acceso la periodista María Silvia Trigo.
El fiscal general Juan Lanchipa dio ayer lectura a las conclusiones del informe solicitado al grupo, que se encargó de revisar los accesos al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), antes, durante y después de las elecciones, además verificó si hubo tráfico desde servidores externos a la infraestructura montada por Neotec.
El acta de recepción del informe da cuenta de que los datos solicitados por el Ministerio Público incluían determinar los accesos al TREP, antes, durante y después de las elecciones, reportó Trigo.
Además determinar si hubo tráfico desde servidores externos a la infraestructura montada por Neotec; si hubo modificaciones al Código Fuente del sistema TREP, y si hubo alteración informática.
También se solicitó determinar incidentes de seguridad en los servidores y su repercusión en la base de datos, si hubo ataques informáticos y determinar diferencias e inconsistencias entre cuatro bases de datos y el cómputo oficial.
La pericia realizada a las elecciones de 2019 concluyó que se produjeron “varias negligencias” por parte de la empresa encargada del sistema TREP, aunque afirmó que no hubo una "manipulación" que haya podido alterar los resultados de los comicios.
La FGE envió al Grupo de Investigación Deep Tech Lab los datos del proceso electoral organizado hace dos años, para que haga un estudio pericial. La información fue entregada a las autoridades judiciales y tiene un cuerpo de 300 páginas.
Las elecciones generales de 2019 fueron anuladas por las sospechas de fraude para beneficiar a Evo Morales, quien ante las protestas en todo el país renunció a la Presidencia y escapó del país.
En noviembre de ese año, la OEA entregó su informe sobre el proceso electoral, en el que advirtió que hubo "manipulación dolosa".
