La Fiscalía informó este martes que ha solicitado la conclusión del caso fraude electoral, liberando de culpa a los implicados, luego de haber recibido el dictamen de una pericia informática que detectó negligencia, pero no manipulación en la gestión de servidores informáticos del cómputo de las elecciones de 2019. La decisión del Ministerio Público amenaza con generar una aguda polémica entre oficialistas y opositores. Uno de los primeros cuestionamientos es que la Fiscalía no toma en cuenta que el informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), que detectó una serie de irregularidades que le impedían validar los resultados, tiene carácter vinculante, según el compromiso asumido por el propio gobierno de Evo Morales.

“Con base en todos estos indicios recolectados en la etapa investigativa y principalmente el contenido de la pericia de seguridad informática y administración de redes, en estricta observancia de los principios de objetividad e imparcialidad que rigen la función fiscal, se emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento al determinar que el hecho investigado no constituye delito conforme dispone el artículo 323 inciso 3 del Código de Procedimiento Penal, determinación que ha sido puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional”, dijo el fiscal general Juan Lanchipa.

En la conferencia de prensa, el Fiscal General reveló el contenido del dictamen pericial, el cual corroboró que existían servidores no previstos en la estructura informática del Tribunal Supremo Electoral, pero aseveró que aquello fue negligencia y no manipulación.       

“El informe pericial señala como conclusión general que el informe pericial del proceso electoral ha determinado que se produjeron negligencia por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP, sin embargo, se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben la actuación dolosa que hubiera incurrido en los resultados del proceso electoral de octubre de 2019”, explicó.

El caso fraude electoral se abrió el noviembre de 2019, después de que la OEA publicó informe de su auditoría realizada a las elecciones de ese año. El organismo concluyó, entonces, que había una “manipulación dolosa”, puesto que se encontró una estructura informática oculta de dos servidores y que, junto a otras irregularidades, impedían que se validen los resultados emitidos entonces por el Tribunal Supremo Electoral.

Las sospechas se habían levantado entonces porque en la noche del 20 de octubre, el TSE suspendió el sistema de cómputo preliminar denominado TREP cuando las tendencia apuntaba a una segunda vuelta electoral y que, un día después, lo repuso reflejando una tendencia a que Evo Morales gane en primera vuelta.  Por este caso, los exvocales del Tribunal Supremo Electoral estuvieron encarcelados.

El fiscal Lanchipa reveló que el 15 de abril de 2021 se encargó la Pericia al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España.

La pericia encargada por la Fiscalía confirma que se usaron los servidores B01 y B020 (también identificados por la OEA) y que los mismos no estaban previstos, sin embargo, concluyó que no se ha detectado manipulación de bases de datos que contienen los resultados de las elecciones.

“Se determina que el uso de los servidores B01 y B020 no previstos fue una negligencia, sin embargo, el flujo de datos y las comunicaciones del resto de servidores del TREP se ajustó a lo previsto y cumplió su cometido y no pudieron suponer un riesgo para los resultados del cómputo oficial”, dijo Lanchipa.

Señaló que se han detectado “deficiencias e incidentes”, pero que éstos no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial.

La pericia indica que es altamente improbable la manipulación de los resultados imágenes de actas y registros de cada acción, puesto que sería necesario un equipo coordinado con accesos a todos los sistemas informáticos tanto del TREP como del cómputo oficial. /Erbol-El Día