El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, dijo este martes que la investigación del caso Fraude electoral 2019 no tomó en cuenta el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) debido a que incumple estándares nacionales e internacionales para considerarse auditoría, mientras que el informe de la Universidad de Salamanca goza de solvencia técnica y científica.

Para dar fuerza a su versión, Quispe dijo que desconoce –y puso en cuestión- la hoja de vida de los funcionarios de la OEA que realizaron la auditoría, mientras que, del equipo técnico de la Universidad de Salamanca, destacó su trayectoria profesional.

“El informe de la OEA es un informe realizado por el conjunto de observadores, no es un informe de auditoría, porque las auditorías merced de nuestra normativa, merced de cualquier estándar de auditoría, debe realizarse al conjunto o al resultado final de un determinado proceso o procedimiento, en otras palabras, la OEA se ha pronunciado sobre el producto que aún estaba en el horno, no contaba con el resultado final”, señaló el funcionario en entrevista con Panamericana.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este martes que de acuerdo al resultado de la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca–España, ha demostrado la inexistencia de manipulación en el proceso electoral.

Dicho estudio se realizó en torno a la investigación sobre presuntas irregularidades dentro del caso denominado “Fraude Electoral”, a un año y nueve meses después los comicios de 2019, por lo que fue cuestionado de extemporáneo. La comisión de fiscales tras recibir el informe de la pericia internacional, resolvió el cierre y sobreseimiento del caso.

El Informe final de la auditoría de la OEA sobre las elecciones generales de 2019, pedido por Evo Morales, concluyó que “hubo manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados”.

La auditoría contó con el respaldo de la Unión Europea (UE) y fue realizada entre el 31 de octubre y el 4 de diciembre de 2019 con 94 páginas y 9 anexos. El informe preliminar se conoció el 10 de noviembre.

El secretario general de la Fiscalía remarcó que el informe de la OEA “no cumple los estándares para considerarse una auditoría, que pueda ser oponible frente a terceros”.

Consultado sobre quién determinó que lo realizado por la OEA no es una auditoría, Quispe respondió que no es necesario que nadie lo diga, debido a que existe normativa internacional e inclusive la Contraloría General del Estado que indica “cuáles son los mecanismos básicos para poder realizar una auditoría”.

Además, puso en entredicho la calidad pericial de los personeros de la OEA que realizaron la auditoría frente al equipo técnico de la Universidad de Salamanca que realizó el informe para la Fiscalía.

“Cualitativamente, sinceramente no conozco la hoja de vida de quienes hayan realizado este pronunciamiento por parte de la OEA, pero sí conozco de la formación y solvencia del equipo consultor que ha desarrollado esta pericia encargada (a la Universidad de Salamanca), que, desde luego, me lleno la boca (de palabras)”, expresó a tiempo de detallar la experiencia de uno de los autores de dicho informe.

En ese sentido, dijo que el trabajo realizado tiene solvencia técnica y científica y que quienes tengan interés en el mismo, y sean parte del proceso de Fraude Electoral, “el consultor podrá realizar cualquier absolución a las dudas”.