Si existía aún alguna expectativa acerca de la posibilidad de que la Fiscalía actúe con probidad e independencia del poder político, ésta se ha esfumado con la decisión anunciada ayer por el Fiscal General de cerrar el caso sobre el fraude electoral perpetrado en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

La noche de ese día, el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) se interrumpió de manera inexplicable en el momento que el recuento de votos mostraba que el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, no ganaría la presidencia en la primera vuelta y tendría que ir una segunda, contra Carlos Mesa, eso con un escrutinio del 83 por ciento del total de votos.

Casi 24 horas después, los vocales del Tribunal Supremo Electoral anunciaron una actualización de datos del TREP con un avance de más del 95 por ciento con cifras que situaban a Morales como el virtual ganador en primera vuelta.

La misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas” y la ciudadanía no masista de todas las ciudades de Bolivia salió a las calles iniciando así una movilización de 21 días que terminó con la huida de los mandatarios-candidatos dimisionarios y la sucesión constitucional, lo que para el MAS es un “golpe de Estado”.

La dimisión y fuga se precipitó con el informe preliminar del análisis realizado por un equipo de la OEA conformado por 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades que, entre otras cosas, constató “que 78 actas (23 por ciento de la muestra) presentaban irregularidades desde el punto de vista pericial. En algunos casos, se verificó que todas las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona. En ocasiones, se constató que esa persona era el representante del MAS acreditado como delegado en el centro. Se encontraron, asimismo, varias actas en las que el partido oficialista obtenía el 100 por ciento de los votos. En algunos de estos documentos ni siquiera se había completado con un cero el campo correspondiente a los votos de los partidos opositores. Además, la participación en algunas de esas mesas alcanzaba el 100 por ciento, hecho prácticamente imposible”.

A pesar de todo eso, la Fiscalía General –dirigida por un fiscal seleccionado y elegido por el MAS en 2018, y que antes ocupó, entre otros cargos, la Dirección de Reivindicación Marítima a cargo de la demanda contra Chile, en La Haya, por designación directa de Morales– decide la extinción del caso del fraude electoral.

La Fiscalía justifica su decisión en un estudio realizado en dos meses –a partir de material que enviaron sus mismos funcionarios– por un equipo de una universidad española. Y hace meses que ha sobreseído de culpa a los vocales electorales investigados.