Medio: Correo del Sur
Fecha de la publicación: martes 27 de julio de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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La decisión de la Fiscalía General, de cerrar el caso Fraude electoral tras la pericia de un grupo de investigación internacional, agitó las aguas políticas en Bolivia. Desde el lado del MAS, autoridades y exautoridades salieron a defender que no hubo el fraude establecido por la OEA en 2019, mientras en la oposición, denunciaron una vez más manipulación de la justicia.
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La
decisión de la Fiscalía General, de cerrar el caso Fraude electoral tras la
pericia de un grupo de investigación internacional, agitó las aguas políticas
en Bolivia. Desde el lado del MAS, autoridades y exautoridades salieron a
defender que no hubo el fraude establecido por la OEA en 2019, mientras en
la oposición, denunciaron una vez más manipulación de la justicia.
El expresidente y
excandidato Carlos
Mesa, sí como el gobernador cruceño y exdirigente cívico, Luis
Fernando Camacho, recordaron que hay un informe de la Organización de
Estados Americanos (OEA) que estableció irregularidades en las elecciones
generales de octubre de 2019; ese año, las denuncias de fraude desataron
una serie de protestas que terminaron con la renuncia de Evo Morales, que
pretendía su cuarto mandato pese a lo establecido por la Constitución y
amparado en un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Del lado del MAS, la
expresidenta del Senado, Gabriela Montaño, destacó la conferencia de prensa del
fiscal general, Juan Lanchipa, y remarcó que “no hubo fraude” ni se detectó “la
manipulación de la base de datos”, mientras el actual titular de la Cámara
Alta, Andrónico
Rodríguez, sostuvo que “tiene que haber responsables” y cerrarse el caso
para encaminar al país hacia una pacificación.
No fueron las únicas
reacciones. Se pronunciaron otras autoridades y exautoridades de ambos bandos.
La decisión del Ministerio Público y las reacciones se
dan justo cuando activistas y cívicos de diferentes departamentos se
pronunciaron contra lo que consideran “ilegales persecuciones, detenciones, torturas, violación a los
derechos humanos y abusos de poder en contra de ciudadanos, militares, policías
y dirigentes de los comités cívicos de nuestro país”, según un documento
firmado este martes 27 de julio por dirigentes de Chuquisaca, Potosí, La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
Durante estas
últimas semanas se reactivaron las detenciones de exjefes militares acusados de
sedición y terrorismo durante la crisis de 2019 o de las muertes durante esas
crisis.
