El estudio pericial firmado por un docente y dos estudiantes del grupo de investigación BISITE de la Universidad de Salamanca, con el que la Fiscalía cerró las investigaciones del caso “fraude electoral”, sí estableció que “hubo usuarios no identificados con capacidad de acceso al sistema, como administrador, que tuvieron la capacidad de añadir, modificar y/o eliminar datos, así como de borrar los registros de las evidencias”. Sin embargo, en sus mismas conclusiones considera “altamente improbable”, desde el punto de vista técnico, una manipulación de resultados, imágenes de acta y registros de manera coordinada.

En su análisis de accesos a los servicios del sistema TREP/Cómputo Oficial, el informe en cuestión identifica un suceso categorizado como crítico, “por ejemplo, un acceso de un usuario administrador no planificado al servidor o a la base de datos del cómputo oficial durante el proceso electoral”.

Establece que hubo otros 12 sucesos de riesgo “alto”. “Por ejemplo, un acceso no planificado como administrador a un servidor del TREP durante el proceso electoral. Las acciones ejecutadas en estos accesos no quedaron registradas y, por tanto, el impacto es desconocido, pudiendo haber alteraciones de datos”. De estos 12 sucesos de riesgo alto, 10 corresponden al TREP y 2 a un análisis de conexiones a la infraestructura.

También registra 1 suceso de riesgo medio tras el análisis de conexiones a la infraestructura. “Por ejemplo, la modificación de la infraestructura planificada para el TREP durante el proceso electoral utilizando un servidor no monitorizado y sin anunciar el hecho”.

Finalmente, señala 2 sucesos de riesgo bajo. “Por ejemplo, el registro de un alto número de intentos de accesos sin éxito a un servidor del TREP durante el proceso electoral”. Estos sucesos de riesgo bajo se establecieron tras el análisis de conexiones a la infraestructura y de incidentes sobre la infraestructura.

En el informe que encargó la Fiscalía, “se concluye que el procedimiento seguido en la gestión de los sistemas informáticos y los protocolos de acceso a los sistemas informáticos tenían serias deficiencias compatibles con una posible gestión inadecuada de los datos”. Sin embargo, sigue, “se ha demostrado que esta gestión inadecuada de los sistemas informáticos no supuso una manipulación de los datos”.

Antes no es tan concluyente al calificarlo como “altamente improbable”.

“Sería necesario un equipo coordinado con acceso a todos los sistemas informáticos (tanto TREP como cómputo oficial) utilizados durante el proceso electoral, y que estos llevaran a cabo acciones simultáneas y sincronizadas en un contexto de recuento realizado en tiempo real, de forma continua, lo que hubiera generado eventos complicados de predecir, y que hubiera demandado la intervención de numerosos responsables”.

La decisión del Ministerio Público de cerrar el caso “fraude electoral” ahondó las diferencias entre el MAS y la oposición en un momento de polarización política, y reavivó las denuncias de una politización de la justicia porque la Fiscalía descarta el informe de la OEA para tomar en cuenta el firmado por un docente y dos estudiantes del grupo de investigación BISITE de la Universidad de Salamanca.