El Ministerio Público determinó cerrar el caso denominado “fraude electoral” basado en un documento del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, firmado por un docente y dos estudiantes de la Universidad de Salamanca.

Dos de los firmantes, Pablo Plaza Martínez y Manuel López Pérez, son estudiantes de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería Informática, respectivamente, y el tercero, Juan Manuel Conchado Rodríguez, es profesor y tiene un doctorado en Ciencias de la Computación y en Inteligencia Artificial.

La Fiscalía desestimó en su totalidad el informe integral de la Organización de Estados Americanos (OEA), por considerar que no se trataría de una auditoría. 

Opositores, sectores de la sociedad civil y analistas rechazan el informe, aseguran que no goza de credibilidad y que fue preparado a pedido y medida del Movimiento Al Socialismo (MAS). El Gobierno sostiene que la pericia encargada ratifica que hubo “golpe de Estado”.

“Es un informe (el de la OEA) realizado por el conjunto de observadores, no es un informe de auditoría, ojo, porque las auditorías (…) deben realizarse al conjunto o al resultado final de un determinado proceso o procedimiento. La OEA se ha pronunciado sobre el producto que aún estaba en el horno”, afirmó el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, en contacto con Panamericana.

El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y la alianza Creemos señalan que el informe sobre las elecciones nacionales de 2019 en Bolivia elaborado por una fundación de la Universidad de Salamanca (España) es parte de la estrategia del MAS para eludir su responsabilidad por el fraude electoral.

“Investigación extemporánea, de gabinete, externa y con alcance y metodología establecida por el Gobierno masista y una consultora, no es creíble ni reemplaza a la verificación y evaluación in situ de la OEA, refrendada por la Unión Europea. #HuboFraude”, escribió Mesa en su Twitter.

Erwin Bazán, jefe de la bancada de Creemos en Diputados, señala que “el fiscal masista Juan Lanchipa cierra el caso judicial del fraude electoral cometido por Evo Morales y el MAS en 2019. Este cierre del caso judicial constituye un antecedente funesto para la democracia y la justicia de nuestro país”.

Recordó que “hay un informe de la OEA, es un informe vinculante porque el propio canciller, de entonces, Diego Pary, invitó a la OEA a verificar las irregularidades del proceso electoral de 2019. Como el resultado determinó que hubo irregularidades, que hubo fraude, hoy el MAS quiere borrar el fraude”. 

Jorge “Tuto” Quiroga indica un tuit que “ante pericias electorales, recordemos: Evo firmó auditoría vinculante con @OEA_oficial el 30-Oct-2019; 10-Nov-19 am, conocida la auditoría, Evo destituyó al TSE, anuló fraude y convocó nuevas elecciones. Después huyó.Si no hubo fraude ¿por qué Evo anuló su ‘victoria’?”.

Alfonso Gumucio Dagron, escritor y periodista, señala que “el MAS puede seguir pataleando y gastando el dinero de los bolivianos en propaganda para el cacique, pero la verdad sobre el fraude de 2019 ya la conocen todos los bolivianos”.

Contundente

El presidente de la cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, señala que esto demuestra que “tal fraude monumental no se ha demostrado de manera objetiva ni por la OEA ni por la oposición en Bolivia”.

Irregularidades detectadas por OEA

El 5 de diciembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó en su informe de auditoría que hubo “operaciones dolosas” en las elecciones del 20 de octubre de 2019 que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”.

Los auditores revelaron que al menos uno de los servidores del sistema, inicialmente apartado para servir de base de datos para las autoridades electorales, “no se utilizó para el fin sobre el cual el equipo fue notificado” y que los datos del sistema fueron desviados a un servidor externo, fuera de la red oficial.

Asimismo, la auditoría detectó alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas.

Conclusiones de la pericia encargada a universidad

La Fiscalía General del Estado cierra el caso “fraude electoral” con base en un informe sobre la integridad informática. 

Las principales conclusiones emanadas por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España) señalan la existencia de servidores no autorizados, pero que no significaron un riesgo para el proceso. 

1.- El informe determinó que el Sistema de Cómputo Oficial era independiente del TREP . “Ambos sistemas cuentan con sus propios servidores y flujos de datos que no se vinculan entre ellos”. 

2.- El estudio señala que se ha establecido el uso de dos servidores (B01, B020) no previstos. El B01 no incide en la manipulación de las elecciones. Se descubre el servidor B020, que no fue monotorizado, además que no se tomaron las medidas para preservar los registros y se destruyeron las evidencias para analizar el comportamiento del servidor.

Estos servidores no previstos no suponen un riesgo para los resultados del computo oficial.

3.-Los servidores que debían tener registros del servidor de la base de datos son: el B01, B02, B02S, D03 Y OEP2: sin embargo “sólo el servidor OEP2 generó registros del servidor de la base de datos, debido a una configuración inadecuada del servicio de la base de datos.