El informe de la Universidad de Salamanca, elaborado a requerimiento de la Fiscalía General del Estado para analizar los resultados de las fallidas elecciones generales de 2019, halló accesos ilícitos en servidores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante esos comicios y al día siguiente del proceso, cuando se desarrollaba el conteo oficial. Además, detectó “negligencia” en Neotec, la firma encargada de la informática para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

“El equipo pericial ha verificado la integridad del contenido de las bases de datos, hubo usuarios no identificados con capacidad de acceso al sistema informático del proceso electoral, como administrador, que tuvieron la capacidad de añadir, modificar y/o eliminar datos, así como de borrar los registros de las evidencias”, señala el resumen de este documento, que fue presentado ayer en Sucre por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

En este aspecto, el documento de la universidad española coincide con el informe presentado el 10 de noviembre de 2019 por la Secretaría para el Fortalecimiento para la Democracia (SFD), junto al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que identificó “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección” para favorecer al entonces presidente y aspirante a la reelección, Evo Morales.

“Son acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral según lo planificado de manera oficial”, establecía el informe oficial de los observadores de la OEA que se conoció la madrugada del 10 de noviembre de 2019, 20 días después de la celebración de los comicios y horas antes de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien solicitó refugió político en México y después en Argentina, desde donde hacía seguimiento al conflicto político y social que enfrentaba el país.

No obstante, la Fiscalía General del Estado descartó el informe de integridad de los peritos de la OEA, ratificado por la Unión Europea, y basí la decisión de archivar el caso ‘fraude’ sobre la base del informe de la consultora de técnicos de la Universidad de Salamanca, a pesar de que fue el Estado boliviano (cuando Evo Morales era presidente) quien pidió a la OEA la investigación y anunció que los resultados serían vinculantes.

Ahora bien, el reporte español, realizado entre mayo y junio -casi dos años después de los comicios de 2019- concluyó que si bien existieron irregularidades o “una gestión inadecuada de los sistemas informáticos, no supuso una manipulación de datos” electorales debido a que no se registró “un equipo coordinado con acceso a todos los sistemas informáticos”, tanto para el TREP, como para el cómputo oficial.

Lanchipa empleó estas conclusiones para anunciar “un requerimiento conclusivo de sobreseimiento” del caso fraude que se instaló en noviembre de 2019, precisamente, sobre la base del informe de auditoría de la OEA que se realizó por efecto de un acuerdo “vinculante” suscrito por el gobierno de Evo Morales.

La posición del fiscal contrasta con la que él mismo demostró el 12 de noviembre de 2019, cuando instruyó operativos para la detención de, al menos, 34 miembros de los tribunales electorales, en relación al supuesto fraude en las elecciones de 2019. Esas autoridades electorales fueron acusadas de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, manipulación informática y alteración de datos relacionados con los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019. Los procesos judiciales no prosperaron y progresivamente fueron eximidos de culpa. Varios retornaron como delegados del presidente Luis Arce.

Tras la presentación del informe, el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, afirmó que para el desarrollo de la pericia no se apeló al reporte de la OEA porque “no cumple con los estándares para constituirse en una auditoría”.

“La OEA se pronunció con relación a un resultado no terminado. La información que dio fue cuando aún estábamos con el recuento de los votos oficiales”, remarcó.

Consultado respecto a los hallazgos del informe de la Universidad de Salamanca, que descartó una manipulación de datos a pesar de confirmar accesos ilícitos, Quispe afirmó que esas irregularidades se produjeron “en dos servidores perimetrales” que “no pusieron en riesgo la base de datos”. Destacó, en cambio, que el reporte haya mencionado que los servidores del TSE, tanto para el recuento oficial como para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), actuaron por separado “y sin afectar los datos” del proceso.

La Universidad de Salamanca identificó 19 sucesos informáticos; 12 de ellos calificados de “riesgo alto” para el proceso electoral y un evento de “riesgo crítico”, que implica “la alteración de protocolos” en los sistemas, poniendo en riesgo el desarrollo del proceso electoral.

El expresidente Carlos Mesa calificó al informe de “extemporáneo” y anticipó que en el futuro “será improbable que la Justicia realice una investigación efectiva sobre el fraude porque no existe independencia para una investigación”.

Anticipó que CC evaluará la posibilidad de hacer un reclamo internacional, pero lamentó que la Justicia “esté plenamente controlada” por el MAS “en un contexto brutal”, en el que “el presidente Arce parece más un autócrata”.

“El informe coincide con nuestra posición y es la versión más que oficial de lo que ocurrió en 2019”, afirmó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), quien consideró que con esta pericia y la decisión de la Fiscalía “se cerrará el debate entre fraude y golpe”, que está activo en los climas de opinión del país, especialmente por las acciones legales que promueve el Gobierno y el MAS contra exautoridades civiles, militares y de la Policía.

Rodríguez descalificó el informe de la OEA porque, según dijo, se divulgó “sin cumplir los formalismos; de madrugada y antes de que las partes sean notificadas”. “La narrativa del fraude estuvo preparada, incluso antes de las elecciones” remarcó el legislador.

A fines de 2019, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó que conversó con Morales para informarle sobre el contenido del informe de la entidad.