Medio: La Razón
Fecha de la publicación: martes 27 de julio de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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Con base en las
conclusiones de una pericia internacional, la Fiscalía General del Estado
reafirmó su requerimiento de sobreseimiento de los otrora acusados en el caso
Fraude y consideró que en las elecciones generales de 2019 no hubo manipulación
de datos.
En conferencia de
prensa la tarde de este martes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa,
leyó las principales conclusiones del informe del Grupo de Investigación Deep
Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca
(España), que hizo las pericias sobre los resultados de las elecciones anuladas
de 2019.
Informó que, con
base a esas conclusiones, la comisión de fiscales “emitió el requerimiento
conclusivo de sobreseimiento, al determinar que el hecho investigado no
constituye delito, conforme dispone el art. 323.3 del Código de Procedimiento
Penal, determinación puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional”.
Lanchipa consideró
que la pericia “fue elaborada por un equipo de primer nivel compuesto por
expertos internacionales, con una amplia experiencia respaldada por
prestigiosas universidades extranjeras que solventan su trabajo, otorgando
certeza al contenido del informe”.
Destacó que las
investigaciones sobre la seguridad electoral en 2019 encontraron “deficiencias
e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral,
ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los
votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria
y en ningún momento fue alterado”.
El informe de la
Universidad de Salamanca al que accedió La Razón, Análisis de integridad
electoral, elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia 20 de
octubre de 2019, fue emitido el 28 de junio de 2021 y notificado luego a las
autoridades jurisdiccionales por la fiscal de materia Ingrid Rocío Feraudi
Guerra.
El documento
consigna análisis sobre el sistema informático que operó en las elecciones
generales del 20 de octubre de 2019, tanto del sistema de Transmisión de
Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el cómputo final.
“El análisis
pericial del proceso electoral ha determinado que se produjeron varias
negligencias por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP. Sin
embargo, no se ha demostrado la existencia de manipulación en los datos ya que
no existen diferencias significativas entre todas las bases de datos utilizadas
durante el proceso electoral”, señala una de las conclusiones.
A las 19.40 del
domingo 20 de octubre de 2019, horas después del cierre de la votación, el TREP
fue paralizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando los resultados
del conteo rápido señalaban una victoria parcial del Movimiento Al Socialismo
(MAS) con el 45,8% de los votos, seguido de Comunidad Ciudadana (CC), con el
38,1%.
Frenado
intempestivamente al 83,7% el TREP, motivó inmediatamente el reclamo de la
misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que
exigió explicaciones sobre el incidente al TSE. Carlos Mesa, entonces candidato
de CC, también cuestionó el percance.
El incidente fue el
motivo principal de las protestas de la oposición del MAS para cuestionar las
elecciones y considerar que hubo “un monumental fraude”, como llamó Mesa luego.
El informe del del
Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE —firmado por Pablo Plaza
Martínez, Juan Manuel Corchado Ramírez y Manuel López Pérez— señala que en la
gestión del caso hubo “usuarios no identificados con capacidad de acceso al sistema
informático”. “Sin embargo, la manipulación de los resultados, imágenes de
actas y registros de cada acción de manera coordinada sobre todos los sistemas
se considera desde el punto de vista técnico altamente improbable debido a que
para llevarlo a cabo sería necesario un equipo coordinado con acceso a todos
los sistemas informáticos (tanto TREP como cómputo oficial) utilizados durante
el proceso electoral”, dice el informe.
Entonces, la OEA
concluyó que “la interrupción del TREP y el posterior redireccionamiento del
flujo de datos a un servidor externo tornó absolutamente manipulable el
sistema”.
“En efecto, el
análisis pericial revela que, de manera deliberada, se construyó una estructura
informática oculta, con capacidad de modificar resultados electorales, así como
borrar cualquier rastro de esta actividad”, continuó el informe final de la
OEA.
Los cuestionamientos
al proceso electoral motivaron las protestas de Mesa y otras fuerzas de
oposición. El 21 de octubre, el candidato de CC llamó a hacer vigilias frente a
los tribunales electorales, que desató luego un conflicto al que se sumó el
entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Las movilizaciones
desembocaron en un motín policial, la sugerencia de dimisión presidencial de
las Fuerzas Armadas y la renuncia del Morales, el 10 de noviembre. En
cuestionada sucesión, la entonces senadora Jeanine Áñez se proclamó presidenta
el 12 de noviembre de 2019.



