La auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a los comicios de octubre de 2019 se realizó in situ y contó con el trabajo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades. Ese análisis de integridad electoral se efectuó a “invitación” del entonces gobierno de Evo Morales, cuya administración acordó que sus resultados serían vinculantes.  

 El tema cobra actualidad después de que la Fiscalía General del Estado cerrara el caso denominado fraude electoral tras conocerse el informe de una pericia que encargó al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), trabajo que fue realizado por un docente y dos estudiantes basado en el  cuaderno de investigaciones de la Fiscalía.

El equipo que realizó la auditoría estuvo integrado por 36 especialistas y auditores internacionales de 18 nacionalidades, entre los que figuraban  abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral, según el informe de hallazgos preliminares.  

El equipo de expertos internacionales y auditores arribó a Bolivia el 31 de octubre de 2019 y comenzó sus actividades el 1 de noviembre. El informe preliminar fue difundido el 10 de noviembre de 2019. 

En una de las conclusiones de ese documento se lee: “El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”. 

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a la presidencia el mismo día en que se conoció el informe preliminar de la auditoría de la OEA. 

Esa auditoría se realizó a invitación del gobierno del entonces presidente  Evo Morales. El 22 de octubre de 2019, el entonces canciller Diego Pary envió una misiva a Luis Almagro, secretario general de la OEA, en la que hace extensiva la invitación “para que se realice una auditoría al cómputo oficial de votos del proceso electoral en curso, para verificar la transparencia y legitimidad del mismo”.

Ya en el acuerdo, suscrito por Pary y Almagro el 30 de octubre de 2019, se establece en el punto seis que “el resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes”.

El informe final de la auditoría fue conocido públicamente el 4 de diciembre de 2019. En ese documento se concluyó: “El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas”. 

En el documento se clasifican los hallazgos a partir de cuatro categorías: 1) Acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección, 2) Irregularidades graves, en las que no es claro si  hubo o no la intención de manipulación, pero que  causaron serias vulneraciones en la integridad del proceso, 3) Errores   que “pudieron facilitar acciones que potencialmente sí vulneraron al proceso”,  y 4) Indicios.

Entre las acciones deliberadas que, según la auditoría “buscaron manipular el resultado de la elección”,  figuran la “paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos” del TREP (Transmisión de Resultados Preliminares), la   introducción de servidores no previstos (BO1 y BO20) en la infraestructura tecnológica,  y la configuración -a pedido de vocales del TSE y de un “asesor”-  de un servidor, en una red Amazon ajeno al TREP y Cómputo, a través de una máquina Linux AMI virtual.
 

Algunos  puntos de la auditoría 

• Invitación       El 22 de octubre de 2019, el entonces canciller Diego Pary envió una misiva a Luis Almagro, secretario general de la OEA, en la que hace extensiva la invitación “para que se realice una auditoría al cómputo oficial de votos del proceso electoral en curso, para verificar la transparencia y legitimidad del mismo”.
• Vinculante       El  30 de octubre de 2019,  Pary y Almagro suscribieron el acuerdo para la realización de la auditoría. En el punto seis acordaron que   “el resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes”.
• El corte      La auditoría establece que hubo una paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) al momento en que se llevaban 83,76% de las actas verificadas y divulgadas, de un 89,34% de actas que ya habían sido transmitidas y estaban en el sistema TREP. “El TSE ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5,58% de actas que ya se encontraban en el sistema TREP pero que no fueron publicadas”, se lee en el informe. 
•  Dos servidores    Los auditores de la OEA detectaron que se introdujeron   servidores no previstos en la infraestructura tecnológica (servidores denominados BO1 y BO20), a los cuales se desvió de “manera intencional el flujo” de información del TREP.  Los servidores se emplearon para la transcripción y verificación de actas, así como para el flujo de otros datos asociados provenientes del TREP. El servidor BO1 registró actividad inclusive durante el tiempo en que el sistema de resultados preliminares se encontraba “apagado”.
• Paralelismo    En el documento se establece que el esquema tecnológico paralelo y no controlado, que se creó de manera deliberada, “facilitó un entorno que permitía la manipulación de datos, suplantación de actas o cualquier maniobra, facilitado por la volatilidad de la evidencia digital”.
• El  “asesor”    El informe de auditoría establece que a solicitud de los vocales y de un individuo presentado como “asesor” de los vocales se configuró un servidor en una red Amazon ajeno al TREP y Cómputo a través de una máquina Linux AMI virtual. “Cabe resaltar que dicho individuo no formaba parte de la planta laboral del TSE ni de las empresas auditora o proveedora. Se constató el acceso desde esta máquina con usuario ec2-user (y también elevando privilegios a root) en fecha 21 de octubre de 2019 y en plena ejecución del TREP en su segunda etapa (tras el corte)”, se lee en el informe. 
• Actas  Los auditores revisaron  una muestra de 4.692 actas y e identificaron 226 actas en las que dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona, “denotando una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales y transgrediendo las atribuciones de los jurados de mesa determinadas por ley”.
•  Inhabilitados   El informe de la auditoría constató la inclusión de inhabilitados en la lista de electores para consulta de actas de mesas. “Es decir, la base de datos del Cómputo Oficial contenía tanto la lista de habilitados como inhabilitados”, se lee en el documento.