Bolivia fue nuevamente centro de la atención el fin de semana, esta vez debido a que por lo menos tres de los domos instalados en el Salar de Uyuni fueron quemados en el marco de protestas de pobladores del sudoeste potosino por las acciones de la gobernación de Oruro respecto a una porción de esa maravilla natural.

Como siempre, las reacciones en las redes sociales fueron inmediatas y la mayoría de ellas de condena por esa acción que muchos interpretaron como atropello a la propiedad privada mientras que no pocos llegaron a decir que fue “por envidia”. Aunque el tema de la seguridad jurídica debe siempre tomarse en cuenta, argumentos como “barbarie” y “envidia” son infantiles, por decir menos.

Y es que detrás de los sucesos del sudoeste potosino están varios temas que necesitan analizarse desde una postura menos cómoda que la de aquellos que opinan alegremente, simplemente porque tienen una conexión a internet. Eso sí… no se puede justificar la violencia, venga de donde venga, y por ello aclaramos que esa no es la intención de este editorial.

Hay que comenzar preguntándose las razones por las que una empresa con sede en Suiza, Imagen Scape, haya decidido levantar su emprendimiento precisamente en el pequeño lugar del Salar de Uyuni cuya jurisdicción no está definida. Como se sabe, el salar es el más grande del mundo y, si realmente tenía buenas intenciones, la empresa pudo instalarse en cualquier otro punto de los más de 10.000 kilómetros cuadrados que tiene. Si lo que necesitaba era facilidad de accesos, no solo tenía Uyuni sino también Llica, o Tahua, donde ya existen varios emprendimientos. Pero no. Se fue hasta un lugar que supuestamente está bajo la jurisdicción del municipio orureño de Salinas de Garci Mendoza y allí fue donde no solo se instaló sino que hizo varios ofrecimientos a sus habitantes.

Para quienes conocen el lugar, y viven del turismo, la pregunta obligada es ¿cómo supo una empresa extranjera que precisamente en aquel lugar había problemas de límites? Se trataba de información privilegiada, que manejaban solo ciertas instancias como el Instituto Geográfico Militar, el Ministerio de Autonomías y las gobernaciones de Oruro y Potosí. Aparentemente, los supuestos inversionistas suizos recibieron informes en el sentido de que sería más fácil obtener autorizaciones allí que en otros donde el control, especialmente medioambiental, es más riguroso.

Con una confianza difícil de entender, la empresa suiza se instaló en ese remoto lugar y, para ello, fue suficiente obtener la autorización de la gobernación de Oruro, que la concedió presta, sin tomar en cuenta detalles de jurisdicciones ni el tiempo de emprendimiento que se estaba autorizando. Al ser extranjera, la Imagen Scape no solo necesitaba que una gobernación le autorice trabajar sino el gobierno nacional, a través de los ministerios respectivos. A partir de ahí, se puede afirmar que la instalación de los domos fue ilegal.

Lo otro es el conflicto de límites. Oruro se basa en mapas e informes cartográficos que incluyen una pequeña porción del Salar de Uyuni en su territorio. Hay mapas antiguos que trazan una línea recta que deja una porción en territorio orureño y otros, más recientes, que plantean una división en forma de “V”, que abarca un poco más del salar. Potosí rechaza ambas propuestas y recuerda que, mucho antes de la fundación de Salinas de Garci Mendoza, en 1560, y la de Oruro, en 1606, la entonces denominada provincia de Potosí abarcaba tanto a ese Departamento como a Tarija y lo que fue Atacama. En caso de controversia, los juristas recomiendan aplicar el dato documentado más antiguo, que sería el de Potosí.