Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 27 de julio de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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El Gobierno reveló que la propuesta acusatoria planteada contra la expresidenta Jeanine Áñez y varios de sus ministros por el supuesto delito de genocidio y otras responsabilidades por la muerte de civiles en 2019 está basada en seis informes internacionales. Uno de ellos, el que fue presentado por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos planteó una reforma a la justicia
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El Gobierno reveló
que la propuesta acusatoria planteada contra la expresidenta Jeanine Áñez y
varios de sus ministros por el supuesto delito de genocidio y otras
responsabilidades por la muerte de civiles en 2019 está basada en seis
informes internacionales. Uno de ellos, el que fue presentado por la
oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
planteó una reforma a la justicia
Se debe “desarrollar
una progresiva reforma estructural al sistema de justicia, en particular
para asegurar su independencia y respeto al debido proceso”, señala el reporte.
Pero, además, señala
que “esta reforma debería incluir un diagnóstico profundo del sistema
de justicia penal; revisar el proceso de selección de jueces, fiscales y
fiscal general” sin descartar mecanismos para la evaluación sobre el desempeño
de estas autoridades.
El Gobierno, a
través del ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó —poco después del inicio
del mandato del presidente Luis Arce— la conformación de un cuerpo colegiado
para llevar adelante esta reforma que requiere de reformas
constitucionales. El plan no prosperó, aunque Lima defendió en varias
ocasiones que la reforma judicial es un proceso en marcha, especialmente en
cuanto a la institucionalización de la carrera de jueces.
El expresidente Evo
Morales destacó ayer el informe del Alto Comisionado, pero en el contexto de
las violaciones a los derechos humanos y el caso del supuesto “golpe de
Estado”, que es promovido por el MAS y el Gobierno ante instancias
judiciales. “Hasta ahora, la CIDH, el Alto Comisionado de Naciones Unidas,
Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo y la Clínica de Derechos
Humanos de Harvard han documentado las graves violaciones del gobierno de Áñez.
El golpe de Estado no puede quedar en la impunidad”, escribió el exjefe de
Estado, quien hasta el momento no fue convocado a declarar en ninguno de los
casos abiertos por la violencia de 2019, a pesar de haber sido mencionado como
protagonista en varios momentos de esa crisis poselectoral.
Tampoco fue llamado
a declarar el exvicepresidente Álvaro García Linera ni Luis Fernando Camacho,
actual gobernador de Santa Cruz y que en 2019 era líder del Comité Cívico de
Santa Cruz. El fiscal General Juan Lanchipa anticipó que Camacho sí será
convocado. Ante este anuncio, la autoridad cruceña llamó a estar preparado para
enfrentar un nuevo escenario de persecución.
El Alto Comisionado
de Naciones Unidas también incorporó, como antecedente de su reporte presentado
sobre la crisis de 2019, los resultados del referéndum de 2016 que
prohibieron a Evo Morales volver a postularse.
El exmandatario
consiguió el aval del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral
para habilitarse a los comicios de 2019. Para ello, el MAS reclamó el
“derecho humano” de ser elegido y elegir contemplado en la Convención
Americana.
Acciones
A los informes
citados por Evo Morales y que se usaron para acusar a Añez se suma el
reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
que también será usada para ese propósito, según anticipó el viceministro de
Justicia, César Siles.
“Este informe será
presentado en la proposición acusatoria que actualmente hay contra la
señora Jeanine Áñez”, remarcó Siles.
El cívico Potosino
Marco Pumari cree que esas acciones y otras declaraciones del oficialismo
revelan “un estado de sumisión por parte de la justicia”.
