El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, rechazó las especulaciones de Comunidad Ciudadana (CC) respecto a que el informe final del GIEI será utilizado por el Gobierno para proseguir con las persecuciones a políticos y figuras de la oposición, y aclaró que reflejará lo que realmente sucedió en las masacres de 2019, incluyendo las violaciones a los derechos humanos.

La autoridad explicó que el informe final no puede ser considerado “de ninguna manera” como una persecución política de parte del Gobierno, puesto que emerge de un compromiso asumido por el Estado boliviano, e incluso por la expresidenta de facto Jeanine Añez, quien firmó el acuerdo para que el grupo especializado de expertos internacionales realice las investigaciones sobre los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.

“Los expertos de diferentes países que no tienen ninguna preferencia por uno o por otro lado reflejarán en su informe lo que realmente sucedió en los luctuosos hechos de Sacaba y Senkata, además de las violaciones a los derechos humanos para lo cual han acudido a diferentes pruebas materiales, declaraciones de los testigos, inclusive recogieron testimonios de la misma Jeanine Añez y otras autoridades de su entorno”, explicó en entrevista con Bolivia TV.

El informe del GIEI se basa en los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Anteriormente, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Ormachea afirmó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “contrario a lo que se espera”, no cambiará la actitud del gobierno de Luis Arce respecto a su política de represión y persecución, mediante la instrumentalización de la justicia en contra de todos los que “son libres del yugo del gobierno central y de las cadenas del MAS”.

“Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra lo van a seguir haciendo, el MAS seguirá persiguiendo a la oposición. Este informe no va a cambiar su actitud sobre la represión, uso y politización de la justicia”, aseguró.

Estas declaraciones fueron cuestionadas por el diputado oficialista Sandro Ramírez, quien, al margen de calificarlas como desatinadas, dijo que lo único que pretenden es desinformar al pueblo boliviano que espera un informe que revele la verdad de los hechos y que, por sobre todo, otorgue justicia a todos quienes fueron sometidos a los vejámenes más crueles.

EL INFORME DEL GIEI

El viceministro Siles añadió que el informe del GIEI servirá como un elemento más de prueba para el Ministerio Público y la Fiscalía, aunque “no necesariamente con carácter vinculante”.

El grupo inició su trabajo el 23 de noviembre de 2020, cuando se realizó el acto de instalación oficial de la entidad en la ciudad de La Paz.

 “Lo que sí son vinculantes son las recomendaciones que haga el Estado boliviano respecto a la reparación integral de las víctimas. La CIDH es una instancia que defiende los derechos humanos; en consecuencia, las recomendaciones del Estado para reparar a las víctimas sí tienen carácter vinculante”, aclaró.

ABRÃO PIDE INVESTIGACIÓN POR EL GOLPE DE ESTADO

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrão pidió una investigación “contundente y diligente” sobre la cooperación de algunos países de la región para proveer armamento bélico y antimotín en favor del golpe de Estado de 2019 en Bolivia.

“Si no eran materiales de calibres oficiales, ahí está un indicio muy serio de que su origen era externo y no eran oficial”, remarcó.