Aspecto a destacar son los obstáculos que este proyecto genera para la participación ciudadana, pues desde el mismo momento de la creación de un partido o agrupación, establece como requisito ser militante. Es decir, que el ciudadano que está dispuesto a apoyar la creación de una organización debe convertirse sí o sí en “militante”, algo que hoy la ciudadanía no desea. No se la puede obligar a asumir ese rol político, más cuando sabemos que en la realidad quienes están dispuestos a sumergirse en la acción política son un número ínfimo respecto a la población total de ciudadanos.

En América Latina, ochenta y cinco de cada cien ciudadanos rechazan a los partidos y menos aún les interesa que sus nombres sean publicados o difundidos por la web, como señala el proyecto. Entonces ¿cómo se puede entender este razonamiento del OEP que va contra la realidad y los ánimos de la ciudadanía?

La novedad de este proyecto es el artículo 29: “Para participar en la elección de presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente del Estado Plurinacional, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral… con participación exclusiva de la militancia de la organización política…”

Este aspecto, que es innovador en nuestro país y práctica común en otros puede contribuir al fortalecimiento de las organizaciones políticas, al dotarlas de mayor legitimidad en la toma de una decisión tan importante como la de designar al binomio presidencial. Lo cuestionable, es que el proceso esté cerrado exclusivamente a los militantes, dejando fuera del mismo a los ciudadanos que son simpatizantes o que simplemente han decidido apoyar a una organización u otra sin la intención de quedar “marcados” en la lista que el Órgano Electoral Plurinacional anuncia que difundirá por su web.

Estos son tiempos de la ciudadanía, donde el partido ha cedido espacios a la participación individual o colectiva, pero en torno a causas específicas. No se puede seguir generando normas o requisitos que excluyan de la toma de decisiones al ciudadano o ciudadana como individuo. La gente quiere participar, pero no de las formas tradicionales, que han sufrido una desvalorización a causa de la emergencia de nuevas tecnologías que han democratizado no solo la acción ciudadana y la participación en torno a causas sociales, sino también la incidencia en temas de altísima importancia de las sociedades contemporáneas. El OEP y las normas que se generan deben tomar en cuenta esta nueva realidad.

Cada vez queda más claro que el deseo de los electores no es precisamente el de convertirse en militantes de un partido, pero sí están dispuestos a ser protagonistas de las reivindicaciones de su región o ser luchadores de causas a las que se han sumado y que hacen a la vida y quehacer político de nuestro país.

Estas ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho de participar y contribuir no solo en la deliberación de las organizaciones políticas, sino también a aportar en la toma de decisiones de las mismas.

Los partidos y las visiones tradicionales pueden ser reacios a esta idea y es una postura que respetamos, pero quienes valoramos profundamente la fuerza ciudadana y respetamos sus características de filiación, trabajaremos por que las organizaciones políticas no terminen blindadas a la gente y, por el contrario, estén abiertas y desarrollen nuevas formas horizontales de organización, participación y toma de decisiones.