Activistas de derechos humanos esperan que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó  los hechos de violencia y vulneración a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, cite las causas   que detonaron la crisis de ese año. La publicación del informe se espera para los primeros días de agosto, conforme el plazo que establece el protocolo de actuación.

   Con una fuerte posición, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, advirtió con desconocer el documento si no hace referencia a los antecedentes que desembocaron en el conflicto de 2019. 

“No puede haber ningún informe,  ninguna investigación si no se analiza por qué tenemos que hacer ese informe, cuáles son los antecedentes, cuáles son las causas que provocaron los hechos: El fallo (del TCP) y todo lo que pasó con la obligación de aceptar un binomio y un rechazo constitucional. Todo eso ha llevado a tener esa comisión (...). Yo no admito ese informe, lo digo antes de que se publique, si no se va al fondo, para ver las causas y los antecedentes”, expresó.

Asimismo, Carvajal, en una misiva, manifestó  su extrañeza porque  “la Apdhb no fue consultada en las investigaciones para la elaboración del informe que está realizando el GIEI”. 

Por su parte,  la directora de la red Unitas, Susana Eróstegui, subrayó: “Todavía esperamos que no solamente cite las causas que originaron el conflicto, sino que contextualice de una manera apropiada todo lo que ha sucedido en la crisis del 2019, porque lamentablemente han surgido una serie de versiones y narrativas que están tratando de minimizar la movilización nacional de la ciudadanía, y además la participación y los efectos de los hechos de violencia”.

Eróstegui  señaló que si hay una manipulación de la información que pueda proporcionar el GIEI, quien pierde será la ciudadanía y en general el país, porque lo que más se desea es “una visión imparcial y clara”  sobre lo sucedido, y no que haya una intención de utilizar políticamente la información que este grupo pueda dar a conocer.

Mientras que Manuel Morales,   representante del Conade,  indicó que  intentó hablar de las causas que detonaron la crisis de 2019  como el desconocimiento del referendo del 21 de febrero de 2016, pero que el grupo de expertos le explicó que la temporalidad de los hechos por investigarse quedó establecida en el acuerdo inicial,  firmado en el gobierno de Jeanine Añez.

 “Cuando hemos comenzado con ellos (GIEI), nos explicaron que en el documento que firma el gobierno de Jeanine Añez con la CIDH, está delimitado a que iban a venir y qué período de lapso iban a trabajar concretamente. Ellos tenían que investigar los hechos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2019, en el marco de su mandato temporal. Nos aclararon que no iban a investigar antes ni después de eso”, señaló Morales.

En ese marco, apuntó  que espera que el informe sea más ecuánime que el informe preliminar presentado en 2019 por el entonces secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao, y que sugiera  “juicios de responsabilidades para Evo Morales y Jeanine Añez por todas las vulneraciones de derechos humanos que hubo” entre septiembre y diciembre de 2019.

Por su parte, David Inca, representante de la denominada  Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, adelantó que proponen que el informe del GIEI se presente  públicamente en un acto especial en la iglesia de San Francisco de Asís en Senkata.

“Estamos pidiendo que nos den cuatro copias del informe y también que lo entreguen en la iglesia de San Francisco de Asís. Eso es lo que estamos solicitando y lógicamente en el caso de que haya un acto solemne del Gobierno, que se nos tome en cuenta. La anterior semana ya presentamos una solicitud para estar presentes con una comisión”, manifestó Inca.

Reiteró que espera que el informe, entre sus recomendaciones, plantee un plan de atención integral para las víctimas y sus familiares, más allá del resarcimiento económico, que involucre también una atención psicosocial. Además, Inca señaló que se espera que en el informe del GIEI se pueda identificar a los presuntos responsables de la vulneración a los derechos humanos y las posibles figuras civiles, penales o administrativas bajo las cuales se debería proceder en las sanciones.

El sábado, el secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, confirmó que el informe de los expertos se entregó el 23 de julio, y remarcó que a partir de ese día se tiene un plazo de 10 días para que el Gobierno realice sus comentarios antes de hacer público el documento. “Transcurrido ese período, el GIEI hará público su informe final”, escribió en Twitter. 

Al respecto, el viceministro de Justicia, César Siles, en entrevista en BTV el domingo,  manifestó: “Estamos a la espera de que puede oficializarse dicho informe. En el protocolo firmado con el Estado boliviano rige el principio de confidencialidad, no se puede adelantar nada todavía. Si se ha recibido el informe, se tienen 10 días para poder hacer los comentarios y observaciones por parte del Estado boliviano”.