El expresidente del Estado y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Eduardo Rodríguez Veltzé, afirmó hoy que el 2019 hubo en el país un “fracaso del orden constitucional expresado en la incapacidad de los órganos de poder público”.

En una columna de opinión publicada en un periódico de circulación nacional, Rodríguez Veltzé aseguró que los hechos del 2019 son mucho más profundos y complicados que catalogarlos como un “golpe de Estado” o una reacción ante un presunto “fraude electoral”.

“La crisis de 2019 derivó en una presidencia transitoria y en la celebración de nuevos comicios en octubre de 2020. El recuento está dividido entre quienes insisten en que lo que ocurrió fue un “golpe de Estado” y aquellos que sostienen que fue un movimiento popular que reaccionó ante un “fraude electoral”. Ninguna de estas dos versiones, por sí solas, capturan la verdadera dimensión de los acontecimientos. Sucedió algo aún más grave: el fracaso del orden constitucional expresado en la incapacidad de los órganos de poder público y de sus autoridades para ejercer sus atribuciones, para atender las protestas sociales; para contener la insurrección de las instituciones armadas y de las turbas violentas”, señala el expresidente.

Señaló, en primer lugar, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fracasó al no pudo concluir un cómputo nacional “oportuno y transparente”.

“La suspensión del mecanismo de conteo rápido, la existencia de servidores paralelos y otras críticas detectadas por la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) le restaron credibilidad y despertaron protestas. Las acusaciones penales contra autoridades electorales no resolvieron la existencia de un “fraude” y todavía se debaten los alcances de los informes de la OEA”, señaló.

Recordó que la Asamblea Legislativa renovó la integridad del Tribunal Supremo Electoral para conducir las elecciones nacionales y subnacionales que se celebraron normalmente.

“Recientemente el Gobierno designó nuevas autoridades electorales departamentales bajo procedimientos cuestionados que vuelven a poner en duda la imparcialidad institucional “, dijo.

Señaló que el Órgano Ejecutivo se equivocó al no poder contener la espiral de protestas ciudadanas sobre los resultados de la elección de octubre de 2019 y no definir con claridad su postura sobre la continuidad del proceso electoral.

Asimismo, aseveró que el Órgano Legislativo no fue eficaz con la representación ciudadana y la coordinación con otros órganos

“En 2019 las renuncias de los líderes de las cámaras, varias de ellas por amenazas contra su integridad o la de sus familiares, perjudicaron la convocatoria a las sesiones de la Asamblea. Simultáneamente, un espacio “ad hoc” reunido en la Universidad Católica de La Paz ensayaba “soluciones” a la crisis política. Este no era ni podía ser un espacio que reemplace legítimamente las sesiones de la Asamblea. Sin embargo, se promovió e instrumentalizó la sucesión “ipso facto” a la presidencia vacante por la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, quien se autoproclamó Presidenta del Estado”, dijo.

“Se vulneró el orden constitucional que prevé que son las Cámaras Legislativas las que reunidas en Asamblea conocen las renuncias y acuerdan la sucesión. (Arts. 161, 3 y 169 de la CPE), normas de aplicación preferente sobre los Reglamentos Camarales y el oficioso “comunicado” emitido por el TCP”, acotó.

Sobre el Órgano Judicial, el expresidente afirmó que no supera las “deficiencias estructurales que arrastra por décadas”, mismas que, dijo, “comprometen la seguridad jurídica del Estado y la de los ciudadanos”.

En su escrito, Rodríguez Veltzé también analiza lo que fue el Gobierno de Jeanine Añez y señala que la exmandataria y su equipo jamás entendieron su “naturaleza transitoria”.

“Desde su inicio reveló un propósito de repulsa al MAS, desmontó las instituciones públicas y promovió causas criminales selectivas. Pronto Áñez anunció su candidatura a la Presidencia del Estado, proclama que confirmó su desprecio por la imparcialidad que debía distinguir su paso por la Presidencia”, señala.

El exmandatario, asimismo, afirmó que “la mayor censura al régimen de Áñez se concentra en la represión violenta por fuerzas militares y policiales a manifestaciones civiles. Algunas actuaciones se cumplieron bajo los alcances de un decreto que eximía de responsabilidad a militares que participaban en tareas de preservación del orden público, norma derogada por la crítica pública”.

“Las protestas en Sacaba y Senkata fueron violentamente reprimidas dejando un saldo de más de 30 muertos, cientos de heridos y detenidos. Ni el Fiscal General, ni el Gobierno reaccionaron oportunamente, con diligencia, objetividad y responsabilidad para abrir diligencias de investigación bajo un debido proceso judicial. A más de un año y medio de los hechos, todavía se aguarda el informe de una comisión de investigadores independientes. Las demoras del proceso perjudican a las víctimas y favorecen la impunidad”, añade.

En su texto, Rodríguez Veltzé también critica a los actuales gobernantes del país, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

“Los discursos inaugurales de Arce y Choquehuanca contrastan con el rumbo de su gestión gubernamental. Siguen confrontando los viejos problemas estructurales del Estado, el lastre de la gestión transitoria y los efectos de la pandemia que encontró un país con deficiencias estructurales en su sistema de salud, con una economía frágil y sin políticas para atender la educación. No obstante, la administración gubernamental tampoco ha promovido espacios de concertación sobre ningún tema de Estado. Al contrario, así como el gobierno anterior alentó causas penales por el “fraude”, el actual alienta otras por el “golpe””, afirmó.

Finalmente, el expresidente señala que para lograr una verdadera reconciliación en el país es necesario conseguir justicia, “pero con una justicia imparcial que juzgue con ecuanimidad, no solo buscando castigos, también con reparación para las víctimas y los daños producidos”.

“Las falencias del orden constitucional subsisten, su examen abre un momento constituyente de reflexión para considerar cambios en consenso, poniendo a prueba la responsabilidad de los actores políticos frente a la sociedad que costea sus salarios, que concurre en paz para elegirlos y ratificar su vocación democrática”, concluyó.