El Gobierno ya puso fecha para el tercer censo del siglo XXI en Bolivia (16 de noviembre de 2022) y líderes de varias regiones del país sacaron inmediatamente sus calculadoras para hacer proyecciones sobre los recursos económicos que podrían recibir sus distritos como efecto de los resultados del nuevo recuento poblacional. Otros, comenzaron a esbozar nuevas composiciones en los concejos municipales y en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Se entienden esas aspiraciones, pero no es conveniente especular sobre el resultado de un proceso tan complejo sin antes garantizar que sus cimientos sean lo suficientemente firmes. Primero hay que construir la casa y luego pensar en cómo se repartirán las habitaciones. 

El censo de 2012 tuvo muchos tropiezos, desde su realización con una cartografía desactualizada y en medio de conflictos de límites, los cuestionamientos a la preparación del personal que se encargó de recabar los datos y hasta la ausencia de una encuesta poscensal, recomendada para evaluar los resultados de este tipo de estudios, fundamentales para la planificación del desarrollo local y nacional, sectorial y territorial.

Por eso se dieron resultados que al menos llamaron la atención, como el que concluyó que la población que se identifica como perteneciente a un pueblo indígena bajó de 62% en 2001 a 41% en 2012, pese a que el período entre los dos últimos censos mostró un claro proceso de tendencia identitaria indígena.

En su número 35, la revista Temas Sociales publicó un extenso artículo del especialista René Pereyra Morató, en el que se hace un repaso de algunas de las dificultades que atravesó el último censo. En él, se observa con especial interés el tema de la cartografía.

“La cartografía incompleta impidió disponer del número de boletas censales. Sólo para mencionar como ejemplo lo que sucedió en La Paz: en Ayata (Muñecas) sólo llegaron 12 boletas cuando la población estimada era de 310 personas; en Caranavi faltaron cerca de 2.000 boletas, ya que tres colonias no fueron actualizadas. El mismo caso de falta de boletas ocurrió en Mecapaca, San Pedro de Tiquina, Teoponte, Mapiri, Jichupata y Patacamaya. Es más, como se reportó, la mala previsión del número adecuado de boletas hizo que el censo se extendiera en algunas ciudades hasta el día siguiente”, describe en uno de sus párrafos.

También ese año se cuestionó la capacitación de los responsables de realizar las preguntas y la ausencia de una encuesta poscensal, falencias que esta vez el Gobierno ha prometido subsanar, luego de haber anunciado la fecha del estudio y, con ello, haber dado certezas a las regiones que reclamaban este estudio para planificar su desarrollo.

La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, explicó que se necesita como un año para la actualización cartográfica y anunció que las actividades pre censales comenzarán en octubre, por lo que se deberá apretar el acelerador para que esta base fundamental para el censo esté concluida en un tiempo oportuno. Ella espera que eso ocurra en unos siete meses, lo que significa que ya en abril o mayo de 2022 se podría contar con este requisito, para avanzar luego con mayor firmeza al día de la recopilación de datos.

Además, el Gobierno ha garantizado los recursos necesarios para la realización  del censo (se habla de 83,9 millones de dólares) y ha previsto una movilización de más de 300 mil personas, 3.800 de las cuales trabajarán en la actualización cartográfica. 

Todo apunta a que se prepara un terreno favorable para superar las falencias que se detectaron en el censo de 2012 y será bueno que, dejando temporalmente las calculadoras a un lado, autoridades locales y nacionales contribuyan a que este esfuerzo vaya por buen camino y que efectivamente el censo cimiente una base   justa de distribución de recursos económicos y poder político.

La preocupación en este momento debería ser garantizar la idoneidad de la llamada etapa precensal, ya que de ello dependerá la robustez de los datos que arroje el censo de noviembre de 2022, cuyos resultados se conocerían un año después y dos antes de las nuevas elecciones nacionales.