Los indígenas chiquitanos están siendo expulsados de sus propias tierras. En las comunidades ayoreas, guaraníes y guarayas, ubicadas al este de Santa Cruz de la Sierra, hay tensión porque el Estado ingresa a su casa grande para desplazarlos del territorio que ocupan desde antes de la llegada de los españoles a América, hace 529 años, para entregar títulos de propiedad a campesinos, interculturales, bartolinas y cocaleros que forman parte de los sectores duros del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según la dirigencia indígena, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha emitido hasta la fecha 1.400 resoluciones que autorizan asentamientos humanos en la Chiquitania, lugar donde se encuentra el Bosque Seco que es una ecorregión caracterizada por su ubicación transicional entre el clima húmedo de la Amazonia y el semiseco del Gran Chaco.

Estos nuevos asentamientos creados por el Estado central duplican en comunidades y en población a los originarios. A decir de Pura Suárez, dirigente indígena de Pailón, los recién llegados de occidente y de otras culturas representan unas 178.000 personas, mientras que los nativos de la Chiquitania no superan los 100.000 habitantes, ubicados en 600 comunidades.

“Hay indígenas que han sido desplazados de sus territorios ancestrales. En el caso de San Ignacio de Velasco, por ejemplo, hay comunidades que llevan 40 años asentadas, pero le sobrepusieron a los campesinos e interculturales que llegan con títulos de propiedad de tierra otorgados por el INRA”, denunció la dirigente.

Suárez hacía alusión a la comunidad Jerusalén III que fue consolidada por los interculturales por una resolución de asentamiento emitida por el INRA, a pesar de que en el lugar existía la comunidad Eben Ezer, ocupada desde hace más de 20 años por indígenas.

Para el coordinador de la nación chiquitana por la defensa del territorio, Lázaro Tacoó, existe una estrategia de traer migrantes del interior del país a las tierras orientales y chaqueñas para acabar con los 34 pueblos minoritarios de tierras bajas. “En el caso de la nación chiquitana, con las 1.400 resoluciones emitidas por el INRA en favor de sectores afines al MAS se busca que el partido de Gobierno asuma el poder hegemónico en todo el territorio sin importarles la cultura, los pueblos, las comunidades y las naciones que están definidas en la Constitución Política del Estado”, señaló Tacoó.

En criterio del dirigente, ante la falta de un Estado de Derecho los indígenas de Santa Cruz se sienten “impotentes, desplazados y expulsados porque nos quieren exterminar”.

“Pido la unidad de los pueblos indígenas de tierras bajas, la unidad del pueblo boliviano para contener esta arremetida que están cometiendo con nosotros. Presentemos las denuncias ante las diferentes entidades internacionales porque no podemos permitir que un gobierno que criticaba el colonialismo español ahora lo está practicando dentro del mismo país trayendo gente del interior, sobre todo de Chapare, para colonizar la nación Chiquitana”, afirmó Tacoó.

Datos oficiales, suministrados por el INRA, señalan que entre los campesinos e interculturales poseen el 28% de la tierra saneada en territorio cruceño. Esto equivale a 24,8 millones de hectáreas. Incluso, cuentan con una mayor extensión que el sector empresarial, que está con el 15% de la tenencia (13,6 millones de hectáreas). El Estado posee el 30% (26,7 millones de hectáreas) y los indígenas, el 27% (24,3 millones de hectáreas) de predios.

Desde el MAS, el jefe nacional del partido y expresidente de Bolivia Evo Morales dijo, vía Twitter, que “la política de distribución de tierras es una atribución del Gobierno nacional lograda en la Constitución como patrimonio del pueblo y la defenderemos democrática y pacíficamente como defenderemos al hermano @LuchoXBolivia y a nuestra revolución democrática y cultural”.

Tacoó respondió: “Tenemos entendido que el Estado, el Gobierno, es un simple administrador. Ellos no son dueños de la tierra para que la distribuyan como les dé la gana; lo único que tienen que hacer es llegar a nuestro pueblo y colocar las coordenadas porque nosotros, como dueños, necesitamos que nos entreguen los títulos”, señaló.

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Además, advirtió con utilizar la justicia comunitaria porque los gobernantes de turno “están entrando por la fuerza a nuestras casas y cuando alguien entra a nuestra casa por la fuerza se convierte en un ladrón. Cuando alguien entra por la fuerza a nuestra casa, se convierte en un delito. El Estado, en lugar de resguardar la integridad de los pueblos indígenas dentro de nuestras casas, comete un delito y está llevando a la confrontación entre bolivianos, entre familias”.

Desde la otra vereda, Juan de Dios Fernández, director de Planificación nacional del INRA, informó que en Santa Cruz existen unos 90.000 predios con títulos de propiedad, mientras que faltan otros 10.000 por garantizar su seguridad jurídica. “Tenemos que avanzar en el proceso de saneamiento de tierras, de promover asentamientos que tengan mayor sostenibilidad en el futuro”, señaló en una entrevista concedida a EL DEBER Radio.

En criterio del funcionario del INRA, actualmente, como se ha planteado el problema de la tierra en Santa Cruz, “tiene las características de un afán de posicionamiento de carácter político de la nueva administración de la Gobernación”.

La versión es descartada por la asambleísta departamental por Creemos Paola Aguirre. Aseguró que existe un mecanismo sistemático de ocupación de tierras en Santa Cruz para hegemonizar el poder del MAS. “Ellos tanto que critican el imperialismo, pero practican en Bolivia un colonialismo interno porque están tratando de avasallar territorios, culturas, idiosincrasia y comprometen los escaños políticos”. 

Estrategia de ocupación

En criterio de especialistas de diferentes áreas consultadas, la ocupación de tierras en la Chiquitania responde a una estrategia diseñada por el MAS para ganar espacios de poder en Santa Cruz.

La historiadora y docente universitaria Paula Peña mencionó que el territorio chiquitano nunca estuvo ocupado por la población quechua ni aimara. Santa Cruz estuvo poblado por los ayoreos, chiquitanos, guaraníes y guarayos que ocupaban todo ese territorio que estaba muy bien demarcado.

A decir de Peña, “esto no es un problema de tierras, esto es un tema de territorio. El MAS ha planteado que todos los pueblos indígenas deben subordinarse al partido, por lo tanto, están buscando la ocupación del territorio.

Explicó que el problema es que con la ley INRA, de 1995, se crearon Territorios Comunitarios de Origen (TCO) que solo podían ser habitados por los indígenas originarios, pero el MAS con la nueva Constitución convirtió los TCO en Territorios Indígenas Originarios campesinos (TIOC) para favorecer a sus bases políticas y ampliar su hegemonía de poder.

El expresidente del Comité pro Santa Cruz, Carlos Dabdoub, coincide en que existe una estrategia diseñada, no solo para ocupar territorio como hacían los incas, sino de diezmar la economía cruceña a efectos de que prevalezcan los intereses de occidente, llámese minería, oligarquía paceña, etc. “Nada es por acaso, hay una premeditación que venimos viendo desde hace mucho tiempo. Eso demuestra que están queriendo empañar u obstruir el crecimiento de Santa Cruz”, apuntó.

Desde el punto de vista de Jerjes Justiniano, que fue embajador de Bolivia en Brasil durante el gobierno de Evo Morales, este es un plan de ocupación bien concebido “por mentes macabras, que buscan destruir el cruceñismo”.

“Tenemos más de 4.000 kilómetros de fronteras, incluso se podría poblar toda esa zona para que siembren papa, yuca, lo que quieran, pero no, buscan destruir la organización empresarial, la organización productiva. El plan consiste en poblar con gente del interior las zonas estratégicas de Santa Cruz”, enfatizó el también exdiputado socialista.