Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: lunes 26 de julio de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
La injerencia extranjera en respaldo al golpe de Estado durante 2019 tuvo un objetivo claro: frenar el proceso revolucionario en Bolivia. A esa conclusión llegó el presidente Luis Arce, quien advirtió: “La derecha no duerme; la derecha está ahí, al frente, y todos sabemos que tenemos un enemigo común al frente”.
Contenido
La injerencia extranjera en respaldo al golpe de
Estado durante 2019 tuvo un objetivo claro: frenar el proceso revolucionario en
Bolivia. A esa conclusión llegó el presidente Luis Arce, quien advirtió: “La
derecha no duerme; la derecha está ahí, al frente, y todos sabemos que tenemos
un enemigo común al frente”.
Para el mandatario, un elemento central y requisito
indispensable para continuar con el avance de la construcción del Estado
Plurinacional y de la Revolución Democrática y Cultural es la unidad. “Es el
requisito indispensable para seguir avanzando”, aseveró.
“Cada día que pasa, hermanas y hermanos, va
saliendo información que ratifica lo que había pasado en el golpe de Estado de
2019, injerencia extranjera en nuestro país”, alertó en el VI Congreso
Ordinario de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de
Bolivia (CSCIOB), en Cochabamba el 23 de julio.
La referencia está relacionada con la participación
de la derecha regional en la ruptura institucional de 2019, por ejemplo, el
caso del envío de material bélico por el gobierno argentino de Mauricio Macri
al régimen de Jeanine Añez en noviembre de 2019.
Los primeros indicios
Uno de los primeros indicios públicos de la
injerencia del gobierno de Macri tras el golpe de Estado fue una carta de
agradecimiento al exembajador de Argentina en Bolivia Normando Álvarez, con
cite “Depto. IV-LOG.Secc. Mat.Bél.N°89/19” del 13 de noviembre de 2019, día en
el que llegan a La Paz municiones en un vuelo de un Hércules C-130 desde el
Aeropuerto Internacional El Palomar.
La misiva encontrada el 8 de julio en la Embajada
de Argentina en La Paz tenía la firma del entonces comandante de la Fuerza Aérea
Boliviana (FAB), general Gonzalo Terceros. En el documento se detalla que las
FFAA bolivianas recibieron “material bélico de agentes químicos” por 40.000
cartuchos AT 12/70 y gases lacrimógenos de diferente tipo, entre ellos 18
unidades en spray MK-9, cinco unidades en spray MK-4 y 121 granadas CN, CS y
HC.
El caos provocó que el Ministerio de Seguridad de
Argentina solicite a las Fuerzas Federales de Seguridad las investigaciones
para establecer las responsabilidades ante los hechos denunciados por el
gobierno de Luis Arce.
Según los datos oficiales revelados por el gobierno
de Alberto Fernández, se conoce que el 11 de noviembre de 2019, un día después
del golpe de Estado en Bolivia, la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMaC) autorizó por 90 días continuos a la Gendarmería el envío a Bolivia de
10 pistolas semiautomáticas, dos escopetas de repetición, cinco carabinas
automáticas; dos ametralladoras, dos fusiles de repetición, 12 chalecos
antibalas, 12 cascos balísticos, dos escudos balísticos, dos visores nocturnos
y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3.600 eran calibre
12-70.
Sin embargo, el día 12 de noviembre de 2019, se
solicitó y autorizó ampliar a 70 mil cartuchos antitumultos marca Fabricaciones
Militares y 100 spray de gas pimienta. También, esa fecha se amplió la
autorización para el envío de 661 granadas de mano de gas de hostigamiento.
En un informe preliminar difundido por el
Ministerio de Seguridad el 10 de julio de 2021, el gobierno de Fernández
sostiene: “Encontramos diferencias entre lo pedido y lo registrado por la
Policía boliviana en el informe NO FIGURAN DE GRANADA DE MANO ni SPRAY ANTI
TUMULTO, que sí están en lo enviado por Argentina (sic)”.
“En lo enviado por Argentina figuran 70 mil
cartuchos antidisturbios y la policía boliviana registra apenas 1.350
cartuchos. Tampoco hay mención, en las autorizaciones realizadas en Argentina
de ‘Manta Antibomba’ que sí figura en los registros de la Policía boliviana,
así como ocurre con detector de metales y demás elementos (sic)”, añade.
10 normas nacionales,
argentinas y tratados
El envío de armamento y equipo bélico vulneró al
menos 10 normas bolivianas, argentinas, tratados internacionales y de Derechos
Humanos. Los uniformados y civiles involucrados se enfrentan a una pena de
cárcel de hasta 30 años en Bolivia y de 15 años en Argentina.
Para el abogado internacionalista Thomas Becker, de
la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, el envío del arsenal al país
incurrió en “violaciones de la soberanía, pero también violaciones a los
Derechos Humanos”.
Añadió: “La ley internacional tenemos la
conspiración, los que están involucrados en una conspiración para cometer una
violación a los Derechos Humanos”.
El traslado de material bélico vulneró la Ley N°
400, Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros
materiales relacionados.
Esta disposición, del 18 de septiembre de 2013,
establece en su Artículo 26 “(Internación temporal) I. El Ministerio de Defensa
autorizará la internación temporal de armas de fuego y municiones, destinadas a
misiones diplomáticas, organismos internacionales, delegaciones oficiales,
actividades deportivas y seguridad personal. II. En el caso de misiones
diplomáticas, organismos internacionales y delegaciones oficiales, deben procesar
sus solicitudes vía el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
En el caso argentino, el traslado del arsenal a
Bolivia que acompañó al grupo de élite no tuvo la autorización legal de la
Cancillería boliviana ni del Ministerio de Defensa, tal como establece la Ley
400.
Al respecto, Diego Pary, Canciller en 2019 y ahora
embajador de Bolivia en la ONU, dijo: “Si bien se ha conocido que el Embajador
(de Argentina, Normano Álvarez) habría enviado una nota el día 11 de noviembre,
debemos recordar que la Cancillería, desde el 8 de noviembre (de 2019) en la
noche, ya no se apertura, considerando que la UTOP (Unidad Táctica de
Operaciones Policiales), que está al lado, había tomado los techos de la
Cancillería. En ese marco, esta documentación no fue conocida por la
Cancillería y no se expidió ninguna autorización para el ingreso de este
material bélico”.
Según el Código Penal actualizado, en el “Capítulo
V. Delitos con relación al control de armas de fuego, municiones, explosivos y
otros relacionados”, indica que quienes incurran en el tráfico ilícito de armas
se enfrentan a una pena de cárcel de hasta 30 años.
“IV. La pena será agravada en un tercio del
máximo, si el suministro fuera para fines ilícitos; y en dos tercios si se
tratara de armamento militar o policial. V. La pena será de treinta (30) años
de presidio sin derecho a indulto, si el tráfico ilícito fuere realizado por
personal militar o policial”, indica el Código Penal en su Artículo 141.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo del
Castillo, dijo que “lo que ha cometido el señor Yuri Calderón, excomandante de
la Policía Boliviana, el señor Jorge Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea
y el embajador de Argentina en Bolivia (Normando Álvarez García) es tráfico
ilícito de armas”.
Para el excanciller Pary, el traslado de material
bélico muestra “una clara violación a la Constitución Política del Estado”.
La Constitución de Bolivia indica en su Artículo
298, Parágrafo I, Numeral 7, que “es competencia privativa del nivel central
del Estado, autorizar, controlar y fiscalizar la fabricación, importación,
exportación, tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos, materias
primas clasificadas tendientes a su fabricación, y otros relacionados;
dispondrá la desactivación, destrucción y marcaje, y tendrá el control en toda
empresa que fabrique armas de fuego, municiones y explosivos”.
El traslado de equipo bélico en noviembre de 2019
también vulneró la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico de
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, agregó
Pary.
“Esta Convención es muy precisa, establece que el
Estado receptor como el Estado que envía, deben expedir una autorización
expresa para este tipo de materiales. En el caso del Estado boliviano, no
existe dicha autorización”, explicó.
El Artículo IX de esa Convención referida a
“Autorizaciones o licencias de exportación, importación y tránsito” indica en
su Artículo 2 que “Los Estados Partes no permitirán el tránsito de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados hasta que el
Estado Parte receptor expida la licencia o autorización correspondiente”.
El envío de armamento y material bélico no solo fue
sin autorización, sino que se convirtió en una intervención de un Estado
extranjero en los asuntos internos de otro Estado.
El principio de no intervención en los asuntos
internos de un Estado está inscrito en el Artículo 2, Inciso 7 de la Carta de
la ONU: “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a
intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de
los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a
procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta”.
La no injerencia de un Estado en los asuntos
internos de otro Estado también está establecida en la Resolución 2625 (XXV) de
la Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970, que contiene
la Declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a
las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, de conformidad
con la carta de las Naciones Unidas
La Carta de la Organización de Estados Americanos
(OEA), en su Artículo 19, indica que ningún Estado o grupo de Estados tiene
derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en
los asuntos internos o externos de cualquier otro.
Una parte de las
municiones halladas en depósitos de la Policía.
Hace una semana, el Gobierno argentino denunció penalmente
al expresidente Mauricio Macri; la exministra de Seguridad Patricia Bullrich;
Oscar Aguad, exministro de Defensa; Jorge Faurie, exministro de Relaciones
Exteriores y Culto; Normando Álvarez García, exembajador argentino en Bolivia;
Jorge Dávila, exdirector general de Aduanas; Eugenio Cozzi, exdirector
ejecutivo de la ANMaC.
La denuncia señala, además, a “Gerardo José Otero,
(exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos
Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional
Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones
de la Gendarmería Nacional Argentina)”.
El Gobierno argentino pidió investigar los delitos
de contrabando agravado y por tratarse de armas y municiones de guerra en
concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de
autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.
El Artículo 219 de su Código Penal indica que será
reprimido con prisión de uno a seis años el que por actos materiales hostiles
no aprobados por el gobierno nacional diere motivos al peligro de una
declaración de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a
experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o
alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno
extranjero.
“Cuando los actos precedentes fuesen cometidos por
un militar, los mínimos de las penas previstas en este artículo se elevarán a
tres (3) y diez (10) años respectivamente. Asimismo, los máximos de las penas
previstas en este artículo se elevarán respectivamente a diez (10) y veinte
(20) años”, agrega.
El Artículo 220 del Código Penal argentino
establece: “Se impondrá prisión de seis (6) meses a dos (2) años, al que
violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y
armisticios acordados entre la República y una potencia enemiga o entre sus
fuerzas beligerantes o los salvoconductos debidamente expedidos”.
La acusación contra Macri y varias exautoridades
argentinas establece que se cometió el delito de contrabando agravado que
contempla penas de entre cuatro y doce años de prisión.
El Artículo 867 del Código Aduanero argentino
indica “Se impondrá prisión de cuatro (4) a doce años en cualquiera de los
supuestos previstos en los arts. 863 y 864 cuando se tratare de elementos
nucleares, explosivos, agresivos químicos o materiales afines, armas,
municiones o materiales que fueren considerados de guerra o sustancias o
elementos que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la
seguridad común salvo que el hecho configure delito al que correspondiere una
pena mayor”.
La coordinadora del área internacional del Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, Camila Barreto, dijo que el
envío de equipo bélico de Argentina para el golpe de Estado de 2019 en Bolivia
es un hecho “muy grave” y violatorio de los principios sobre la protección de
los derechos humanos.
“Nos parece muy grave y violatorio de cualquier
principio de protección de derechos humanos”, expresó en Bolivia TV.
Además de ello, el abogado Thomas Becker, de la
Clínica de Derechos Humanos de Harvard, añadió que el envío del material bélico
de Argentina puso en riesgo la estabilidad de la región y buscó la destrucción
de la democracia en Bolivia.
Dos escenarios posibles
El caso del envío ilegal de material bélico por
parte del Gobierno argentino de Mauricio Macri podría desembocar en un proceso
judicial en la Corte Penal Internacional y en la solicitud de extradiciones de
los involucrados con el fin de esclarecer el caso, según abogados.
Thomas Becker dijo que es posible ese escenario
judicial. “Sí, depende de cómo fueron las violaciones a los Derechos Humanos,
es posible que pueda involucrar la Corte Penal Internacional o la Corte
Interamericana”, indicó.
Recordó que unas 60 instituciones y ONG de la
región solicitaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
investigue esa transferencia de material bélico ocurrida en noviembre de 2019
para sustentar el golpe de Estado en Bolivia.
En ese sentido, el ministro de Justicia de Bolivia,
Iván Lima, el 16 de julio de 2021, expresó la posibilidad de llevar el caso
ante la Corte Penal Internacional o ante la Corte Internacional de Justicia,
según indica un boletín de prensa del Ministerio de Justicia (Fuente:
https://www.justicia.gob.bo/portal/noticia.php?new=pHyt )
Al respecto, el exjuez de la Corte Suprema
argentina Raúl Zaffaroni indicó a Radio AM del Plata que “lo que pase con
(Mauricio) Macri y su equipo, evidentemente es delito. Hay una complicidad en
un golpe de Estado. No sé si ameritaría una denuncia ante la Corte Penal
Internacional”.
Otra de las probabilidades que surge en las
investigaciones sobre el tráfico de material bélico durante el gobierno de
Macri con destino a Bolivia, se refiere a que la justicia boliviana tiene la
opción de solicitar la extradición de las personas involucradas en el país
vecino, con el fin de esclarecer el caso.
“La Justicia boliviana tiene como posibilidad
solicitar extradiciones y tomar interrogatorios fuera de nuestra frontera como
parte de la operación judicial. Pero esas decisiones las tomarán los fiscales
que conocen de la investigación y los jueces que ejercen el control
jurisdiccional. Legalmente existe esa posibilidad”, comentó días atrás el
canciller Rogelio Mayta, en declaraciones a radio Télam.
