Nataly Vargas, expresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, dice que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la única autoridad competente para destituir vocales, y no así el Presidente, que, si bien -sostiene- tiene la atribución para designar vocales, no tiene la competencia para destituirlos. 

Vargas fue una de las vocales que fue destituida el 29 de junio, cuando el presidente Luis Arce emitió un paquete de decretos para reemplazar a los vocales de designación presidencial de seis departamentos, que fueron nombrados durante el gobierno de Jeanine Añez.  

En entrevista con Página Siete, Vargas indica que interpuso un recurso contra esa decisión y comenta que el Órgano Electoral está en riesgo de caer en una  situación similar a la  de 2019. 

Ante las críticas por la destitución, el Ejecutivo señaló que Arce tiene la atribución de nombrar vocales. ¿Cuál es su postura? 

Efectivamente, el Presidente del Estado tiene la atribución de designar vocales electorales. No obstante, tenemos que tomar en cuenta que vivimos en un Estado de Derecho y existe normativa aplicable al caso, y por lo tanto si bien es competente para designar vocales electorales no es competente para destituir vocales electorales.  

La Ley 018, en su artículo 20, establece que se tiene la inamovilidad de todos estos vocales electorales por el período de mandato, que es un período  definido en seis años; y también establece cuáles son las causales de término de funciones, que es la conclusión del mandato;  es decir,  el término de estos seis años: incapacidad permanente comprobada o renuncia. Si no se opera  ninguna de estas tres causales, el mandato no se entiende por terminado. 

Ahora también hay causales de destitución, que están establecidas también en la Ley 018, que es por faltas muy graves, pero estas faltas tienen que ser establecidas a través de un debido proceso con el TSE. Y por lo tanto es el TSE la única autoridad competente para destituir vocales electorales, conservando el debido proceso y a través de la reglamentación vigente. 

Una de las causales de destitución es que los vocales sean condenados penalmente,  ya con sentencia ejecutoriada, y por lo tanto los vocales serían destituidos en este sentido. Si no se opera  ninguna de estas circunstancias, los vocales tienen esta inamovilidad establecida en el artículo 20. Y no solamente está establecida en el artículo 20 de la Ley 018, sino también que está en la Constitución, respaldada por la independencia y la no injerencia de poderes del Estado. 

¿Esta decisión del Ejecutivo  qué  precedente está generando?  

Está provocando un precedente nefasto porque está indicando que uno de los miembros del poder electoral está sujeto a las atribuciones del Presidente;  y además en los propios decretos de designación existe un párrafo que indica que los vocales electorales designados son personal de “confianza” del Presidente.  Por lo tanto, allí está indicando que el poder Ejecutivo tiene potestad sobre un vocal electoral que corresponde a otro poder del Estado, al poder electoral. Por lo tanto, esto hace que no haya independencia de poderes, menoscabando la democracia en nivel muy  bajo. 

¿Los vocales destituidos se agruparon para tomar acciones? 

Hemos hablado los vocales que hemos sido destituidos ilegalmente, pero  existe miedo. Estamos en un país, y no necesariamente durante este Gobierno, sino que ya llevamos como una sistemática estructura de vulneración de derechos y de desconfianza del Órgano Judicial. Por lo tanto, ellos tienen miedo de accionar cualquier vía contra el Presidente del Estado. 

En ese sentido,  yo he sido la única vocal que se animó a presentar un recurso de revocatoria, que se dirige en contra del Presidente del Estado. Lo hago porque en el momento en el que yo he sido designada, en el momento en el que asumí como autoridad, he asumido estas funciones con todos los deberes y obligaciones que ello asume, y uno de los deberes más importantes que tiene una autoridad del Estado es hacer cumplir la legislación y la Constitución. 

¿Sufrió alguna  represalia por interponer este recurso? 

Yo vengo sufriendo sistemáticamente acoso y violencia política desde mi designación en diciembre de 2019. Este acoso lo tengo debidamente documentado y ha sido presentado al encargado de derechos humanos de las NNUU acá en Bolivia. Ha sido también presentado a la OEA, y la única razón por la que no había ingresado yo en una vía interna era porque quería que se cierren todos los procesos electorales, y no quería poner   el foco de la atención de la población sobre mi caso particular. 

No obstante, ya estoy activando todas estas vías;  pero, por ejemplo, tengo abiertos tres procesos penales, de los cuales el primero ha sido confirmado en conferencia de prensa por el fiscal departamental de Tarija, que en fecha 3 de mayo, él había indicado que yo era culpable de incumplimiento de deberes y de daño económico, cuando el proceso recién se ha iniciado contra mi persona el 11 de junio. 

Ya cuando se ha iniciado esta investigación en mi contra, el 11 de junio, presento lógicamente un incidente de nulidad por defectos absolutos, porque ya se había vulnerado el debido proceso y la garantía de la presunción de inocencia, porque sin estar yo investigada ya se estaba dictaminando mi culpabilidad por el fiscal departamental de Tarija. 

Entonces,  cuando yo presento esta acción ante el juez, el juez en lugar de acreditar esta vulneración al debido proceso y a la garantía de la presunción de inocencia, califica este incidente de obstaculización del proceso.  Este mismo juez el día que yo presento el recurso de revocatoria contra el Presidente, ese mismo día, el 20 de julio, emite una conminatoria al fiscal departamental para que se apuren con mi proceso, lo que quiere decir para que dicten imputación. 

¿Qué tipo de  relación  tuvo el OEP con Añez y Arce?  ¿Cambió con el cambio de Gobierno?  

En ambos gobiernos siempre he actuado desde la presidencia del TED con absoluta independencia y con absoluta imparcialidad. No habíamos tenido instrucciones desde Presidencia, desde el poder ejecutivo, para nuestro Órgano Electoral. No obstante, entendemos que este decreto presidencial, el decreto de designación de vocales ilegales, busca precisamente eso: busca generar una línea que venga del Ejecutivo al poder electoral. 

Y eso lo podemos ver de manera muy franca cuando vemos al Ministro de Justicia, por ejemplo, ya dictando la agenda de trabajo del poder electoral. Eso, bajo el principio de separación de poderes, resultaría imposible.  

Desde su punto de vista,  ¿hay el riesgo de que el OEP caiga en una situación como la de 2019?

Por supuesto que sí. Precisamente estamos en un momento muy grave en nuestra justicia electoral y nuestro Órgano Electoral, porque tenemos que tomar en cuenta que nos enfrentamos a unas elecciones vitales en   2023. Éstas son las elecciones para magistrados de las más altas cortes en nuestro país, magistrados para el TCP, para el TSJ y para el TA. Éstos son los magistrados que van a estar decidiendo sobre todas las cuestiones más importantes del derecho en nuestro país en última instancia, y lo van a hacer con un mandato que ya viene del Ejecutivo de llevar adelante un nuevo censo electoral, con el cual se van a cambiar las circunscripciones y la geografía electoral para realizar este proceso de votación,  me imagino  a conveniencia de quien esté diseñando esta geografía electoral. 

En ese sentido, tenemos que estar en alerta porque tenemos que entender, como ciudadanos, que no importa cómo votemos, ni dónde votemos y a quién votemos si no confiamos en quien cuenta los votos, si no confiamos en el Órgano Electoral.