Medio: El Deber
Fecha de la publicación: lunes 26 de julio de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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Hace unas semanas Datacción realizó una encuesta nacional.
En ella se incluyó una pregunta sobre la reforma judicial. Encontramos que
todos coinciden en que el sistema está mal. Pero hay dos tercios de los
ciudadanos que consideran no solo que está muy mal, sino que cambiarlo es
urgente. El resto, coincide en que está mal, pero unos creen que hay otras
prioridades y los demás que ya está mejorando algo.
La urgencia del cambio, en la que coinciden dos tercios de
los bolivianos, se justifica por el fracaso de la reforma judicial impulsada
desde el 2009, al amparo de la nueva Constitución, y la declinante pérdida de
confianza de la gente en jueces, fiscales y sistemas de prevención, seguridad y
condena, que también ha sido detectada en sucesivas encuestas, como las de
LAPOP.
Si analizamos las experiencias de otros países encontraremos
que el nuestro es el único que ensaya la elección directa de los más altos
magistrados. La fórmula más utilizada en el mundo involucra al menos a dos
órganos diferentes en la designación de magistrados, uno para la selección y
otro para la designación. Pero la clave parece estar en la duración del
mandato, que en los casos más exitosos se relaciona con la edad o la salud de
los magistrados, no con un “periodo de funciones”. Por ejemplo, en Inglaterra,
Japón, Israel y Chile los magistrados permanecen en el cargo hasta cumplir los
70 o 75 años. En Estados Unidos, Alemania, Francia y España, la función es
vitalicia y limitada solamente por la salud. En todos esos casos, por lo tanto,
la renovación es paulatina, lo que también asegura continuidad en la
jurisprudencia, en los criterios jurídicos y en las políticas judiciales,
afirmando la seguridad jurídica de largo plazo. En este caso, es claro también
que, si no se los quiere tener por mucho tiempo, es mejor que no se los elija
cuando son muy jóvenes.
Debemos recordar que Bolivia nació a la vida independiente
con ese modelo. De acuerdo a nuestra primera Constitución, la propuesta por
Simón Bolivar,los magistrados eran seleccionados por el senado y designados por
los censores (diputados), y debían permanecer en el cargo “cuanto duraran sus
buenos servicios”. Posteriormente se impuso la idea de periodos con duración de
12, 10 o 6 años, impidiendo la continuidad y obligando a cada Corte a comenzar
de nuevo.
El problema fundamental que debe resolver la reforma es
éste: el de la elección y la permanencia de los magistrados. Por supuesto, no
es el único.
Otro problema que -a mi juicio es sustancial es el de la
debilidad general de todo el órgano judicial, que de hecho está muy lejos de
ser o tener el poder que la norma constitucional le reconoce. La Suprema dejó
de ser “suprema” y en este momento no se sabe cuál es la cabeza de dicho
órgano. El Tribunal Constitucional puede disputar cualquier poder, los temas
agroambientales se tratan en otra corte y las cuestiones claves de
administración presupuestaria y de personal las tiene el Consejo de la
Magistratura. En los hechos, se ha destripado el “poder” judicial, cuyo presupuesto,
además, es absolutamente insuficiente para solventar las responsabilidades que
tiene. Es tan débil que no tiene poder ni siquiera para protestar o reclamar
por ese maltrato.
Si la reforma se centrara de manera inmediata en la
designación de magistrados de alto nivel y con la confianza necesaria como para
que ejerzan el cargo por muchos años, se les debería también permitir a ellos
conducir la reforma de todo el sistema, es decir, volver a fusionar en una
Suprema todas las materias jurisdiccionales y administrativas. Ya verá ese
órgano colegiado si decide formar Salas o Comisiones especializadas y si
requiere nombrar jueces adjuntos o lo que quiera llamarles para atender
diversos temas y problemas con eficiencia. Es seguro que buscará a los mejores
porque querrá atender “en última instancia” la menor cantidad de errores o
chambonadas. Y si logramos que los mejores lleguen a ser magistrados, podemos
estar seguros de que también ellos tratarán de escoger a los mejores en los
demás niveles del órgano judicial.
Lo que me parece inapropiado es enfrascarnos en detalles de
cuyo diseño bien pueden encargarse, gradualmente y con firmeza, quienes asuman
“el poder” judicial y quienes sean sus colaboradores. Busquemos entonces en
quiénes confiar.



