Medio: El Deber
Fecha de la publicación: lunes 26 de julio de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece
que las protestas sociales pacíficas se encuentran protegidas por el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (Edison Lanza, Relator Especial para la
Libertad de Expresión, Informe 2019). Y utiliza indistintamente “protesta
social” o “manifestaciones públicas”, para referirse a toda acción individual o
colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores, oposición, denuncia
abuso de poder o reivindicaciones políticas, sociales o culturales, apoyo o
crítica al propio gobierno, la reacción a una política o la denuncia de un
problema público.
El derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica
son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema
democrático, así como un canal que permite a las personas y a distintos grupos
de la sociedad expresar sus demandas, disentir y reclamar respecto al gobierno,
a su situación particular y cumplimiento a los derechos políticos, económicos,
sociales, culturales y ambientales.
En el Sistema Interamericano existe una fuerte interconexión
entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión y el
derecho a la protesta social. Las reuniones y manifestaciones desempeñan un
papel muy dinámico en la movilización de la población y la formulación de sus
reclamaciones y aspiraciones, pues facilitan la celebración de eventos y ejercen
influencia en la política pública de los Estados.
El derecho a la protesta también se encuentra fuertemente
asociado a las actividades de defensa de los derechos humanos, incluyendo
demandas de reconocimiento, protección o ejercicio de un derecho. Y se recurre
a las protestas para reaccionar ante hechos puntuales de violencia, desalojos,
cuestiones laborales u otros eventos que hayan afectado derechos. Estas
manifestaciones permiten incorporar una amplia cantidad de derechos en el
desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. Y se
encuentran fuertemente asociadas a las demandas de reconocimiento, protección o
ejercicio de un derecho político, como el de elegir y ser elegido, en procesos
electorales limpios y transparentes.
Los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y
asociación no sólo garantizan la promoción de los derechos sociales, culturales
y ambientales sino también la identidad de grupos históricamente discriminados,
como el caso de las mujeres, que han salido a las calles para reclamar la
protección de sus derechos. La protesta juega un papel central en la defensa de
la democracia, la voluntad popular y los derechos humanos.
La Comisión IDH reconoce que, en distintas circunstancias,
las protestas interrumpen y afectan el normal desarrollo de otras actividades,
pero esa situación no vuelve per se ilegítimas a estas formas de expresión. Las
protestas tienen como una de sus funciones canalizar y amplificar las demandas,
aspiraciones y reclamos de grupos de la población, entre ellos, los sectores
que por su situación de exclusión o vulnerabilidad no acceden con facilidad a
los medios de comunicación y a las institucionales de mediación tradicionales.
El Sistema Interamericano recuerda la obligación que tiene
el Estado de garantizar, proteger y facilitar las protestas y manifestaciones
públicas, así como los estándares que deben enmarcar el uso progresivo y como
último recurso de la fuerza en contextos de protesta. Y subraya que los
manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje
para llevar a cabo las protestas pacíficas, y el gobierno la obligación de
gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo.
La denominada “revolución de las pititas” en Bolivia fue, en
este sentido, una típica protesta social generalizada frente a los abusos de
poder del gobierno de Evo Morales, que buscaba eternizarse en el poder, a punta
de fraude y saltándose la Constitución, los Convenios y Pactos Internacionales.
El gigantesco fraude electoral, consumado por el ex Tribual Supremo Electoral, provocó
un profundo malestar y protestas ciudadanas, especialmente de los jóvenes,
tanto en Bolivia como fuera de nuestras fronteras, y los ex mandatarios Evo
Morales y Álvaro García Linera terminaron huidos de Bolivia el domingo 10 de
noviembre de 2019.



