El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, presentará el informe que elaboró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que la Fiscalía pueda incluirlo en la proposición acusatoria contra la expresidenta Jeanine Áñez, quien fue acusada por 'genocidio' por los fallecidos en 2019.

Precisamente, el viceministro de Justicia, César Siles, también señaló que el reporte será empleado en los procesos ordinarios instalados para esclarecer las muertes de civiles en Senkata, uno de los barrios más poblados de El Alto, y Sacaba, en Cochabamba, durante la crisis política de 2019.   

El GIEI, un cuerpo colegiado formado por cinco expertos en derecho penal, constitucional y derechos humanos, entregó al Gobierno el resultado de las investigaciones que realizó sobre los sucesos violentos que afectaron al país entre septiembre y diciembre de 2019.

“Este informe va a ser presentado en la proposición acusatoria que actualmente hay contra la señora Jeanine Áñez y dentro de los juicios ordinarios que se están sustanciando por las masacres de Senkata y Sacaba”, remarcó Siles a los periodistas.  

El reporte, que es revisado por el Gobierno, aún no es de dominio público. El Gobierno tiene 10 días para pronunciarse. Transcurrido ese tiempo, el GIEI divulgará el contenido de las pesquisas a través de la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Hay un principio de confidencialidad. No se puede adelantar nada todavía”, señaló Siles tras haber anticipado el destino del reporte en el marco de los procesos judiciales que promueve el Ejecutivo contra Jeanine Áñez, a quien también se la acusa de perpetrar un supuesto golpe de Estado.  

De hecho, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), una entidad dependiente del Ministerio de Justicia, presentó una acusación contra Áñez en la Fiscalía General del Estado por el delito de “genocidio” por las muertes de Senkata y Sacaba.

Este proceso fue planteado con miras a la instalación de un juicio de responsabilidades y en ese marco el Fiscal General, Juan Lanchipa, debe presentar una propuesta acusatoria ante el Tribunal Supremo de Justicia que luego pedirá autorización a la Asamblea Legislativa.

El procedimiento, que está establecido en la Ley 044 de juzgamiento a altas autoridades, requiere de una aprobación de dos tercios del Legislativo, una representación que hasta el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene.

En el escenario de los juicios ordinarios sobre Senkata, cuatro ex altos mandos militares fueron enviados a prisión hasta el momento. El excomandante General del Ejército, Iván Inchauste Rioja, fue enviado a prisión el viernes 23 de julio. El domingo esa misma suerte corrió el exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho.

Antes de ellos, la justicia ordenó la detención de general Franko Suárez Gonzales, y su camarada Luis Valverde Ferrufino. En marzo, el general en retiro y exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Luis Fernando Valverde Ferrufino fue remitido al penal de El Abra, en Cochabamba.

En ese marco, Siles reveló que, en el marco de este procedimiento, el Fiscal incorporó seis anteriores informes desarrollados por organismos internacionales en su propuesta acusatoria planteada contra Áñez; quien está detenida, pero en el marco de un juicio ordinario.  

“El Fiscal general está recabando, como corresponde, la confirmación de autenticidad de dichos documentos y, seguramente, van a servir de base una vez que se entregue la proposición a la Asamblea Legislativa. Adicionalmente, dentro de estos documentos, está un informe preliminar de la CIDH”, aseguró Siles.

Este reporte incorporó 16 recomendaciones, siendo una de ellas la creación del GIEI ante la grave situación de polarización que vivía el país a finales de 2019. El grupo también se creó ante la imposibilidad de la justicia boliviana de desarrollar una investigación independiente.

El GIEI, conformado para Bolivia, está compuesto por Patricia Tappatá, Juan Méndez, Marlon Weichert, Magdalena Correa Henao y Julian Burguer. Este grupo inició su labor investigativa a fines de noviembre de 2020, casi un año después del primer acuerdo firmado con el Gobierno.

De este modo, los expertos asumieron la responsabilidad de “elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en Bolivia, incluyendo fallecimientos, individuales o colectivos, lesiones personales, detenciones irregulares o arbitrarias, actos de racismo o discriminación”, entre otras vulneraciones, además de “lesiones a libertad de expresión”.

“Esta investigación, si ha sido hecha con imparcialidad y no con fines ideológicos y políticos, podría ayudar a esclarecer esos hechos. Ojalá lo hayan hecho con técnicas serias y con independencia para saber de dónde vinieron los disparos y las armas”, señaló Jaime Aparicio, el exembajador de Bolivia ante la OEA durante la gestión transitoria de Áñez.

Ante la posibilidad de que se instauren juicios de responsabilidades contra los presuntos responsables de la violencia, incluida la expresidenta, lamentó el estado actual de la justicia.

“No tenemos ni jueces, ni fiscales, ni tribunales independientes. Es difícil que se haga un verdadero esclarecimiento de los hechos de violencia que todos hemos vivido en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019”, apuntó Aparicio en contacto con EL DEBER.

A su vez, Thomas Becker, abogado estadounidense y miembro de la red de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard que estuvo cerca de las familias de las víctimas de Senkata y Sacaba, destacó la validez del informe por las recomendaciones que pueda hacer, pero sobre todo como un mensaje para poner fin a la polarización política del país.  

“Este informe puede ser muy importante. Ojalá pueda servir como un puente de una Bolivia que está muy dividida, ahora. Bolivia está muy polarizada y creo que puede aclarar mucho lo que pasó en 2019”, señaló el jurista, también en contacto con esta casa periodística.

La crisis social y política de 2019 estalló tras las elecciones de octubre de 2019 a la que se postuló Evo Morales a pesar de los resultados del referéndum de 2016  que le negó esa posibilidad. Como se recordará, la Organización de Estados Americanos (OEA) detectó irregularidades dolosas en los comicios, lo que derivó en la renuncia de Morales.

Precisamente, el antecedente del referéndum está incluido en el informe del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos que se presentó en 2020. Los otros reportes internacionales, a los que se refirió Siles, fueron elaborados por ONG, incluido un reporte que avala el recuento del Tribunal  Supremo Electoral​ (TSE), disuelto por el propio Morales antes de su renuncia.

"Algunos de nuestros hermanos del Gobierno dicen, y quiero que sepan que es el lenguaje del norte, lenguaje del imperio, dicen: 'Hablar de golpe es lavar la imagen de Evo'. Hablar del golpe (es) castigar a los golpistas. No solamente es para defender la democracia en Bolivia, sino en toda América Latina", afirmó el domingo el exmandatario en una su programa dominica emitido por radio Kawsachun Coca desde Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba.