El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) soporta el asedio del aparato político y judicial con diferentes determinaciones y acusaciones. Lo que sucedió en Beni fue el último ataque, ya que con una sentencia constitucional se descabezó el Tribunal Electoral Departamental (TED) beniano, que ahora cuenta con un solo vocal –elegido por el presidente Luis Arce- y administrado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, expresó su preocupación por la situación de las instancias electorales en el país.

El abogado Charles Mejía interpuso en enero de 2020 un amparo constitucional con la intención de revocar la designación de los vocales benianos. Y lo logró. En la semana, la sala constitucional de Beni cesó funciones a cuatro vocales, lo que provocó que el TDE de esa región se quede bajo la administración del ente nacional.

“Se anuló la designación de los cuatro vocales titulares retrotrayéndose a la convocatoria cuando no se resolvió mi impugnación; es decir, se tiene que realizar nuevamente todo el proceso de la designación de vocales”, dijo Mejía.

El abogado denunció que hubo un “manoseo” de la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional en el proceso de designación de vocales electorales en Beni. La Cámara de Diputados eligió en diciembre de 2019, luego de los conflictos de ese año, a las autoridades electorales benianas. Fue la mayoría masista la que eligió a los vocales de la terna que envió la Asamblea Legislativa Departamental del Beni. En esa época, también se eligió a vocales suplentes, que ahora no podrán ejercer funciones porque todo el proceso fue anulado.

Posición del TSE

Al respecto, Francisco Vargas, vocal del TSE, afirmó que, ante la decisión constitucional, lo que provocó que no haya quorum en el TED beniano, será el ente electoral nacional quien administre la regional del Beni. “En el marco de lo que establece el artículo 21, numeral 41, de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional y ante la imposibilidad momentánea de conformar quórum necesario, la Sala Plena del TSE ha determinado asumir las atribuciones del TED de Beni”, detalló.

Sobre esta situación, García-Sayán expresó su preocupación por la situación que atraviesan los tribunales electorales del país y dijo que la “remoción abrupta” de vocales “afectan” garantías jurídicas y democráticas en Bolivia.

“Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”, escribió García-Sayán en Twitter.

El experto acotó que “la remoción abrupta de vocales de tribunales electorales afecta garantías jurídicas y democráticas. Sus integrantes fueron designados a partir de un mandato para renovar las autoridades electorales que había sido establecido por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 2020”.

Legisladores de oposición observan que el Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere controlar el cuarto poder del Estado. El oficialismo lo niega. El diputado Alejandro Reyes, de filas de Comunidad Ciudadana (CC), consideró que ante lo sucedido en Beni es “una muestra más” de que el MAS “quiere dominar nuevamente los tribunales electorales”. El legislador añadió que en Bolivia “no existe independencia de poderes” y lamentó que el oficialismo no deje funcionar a las instituciones del Estado de manera autónoma.

Mientras, el diputado de Creemos Erwin Bazán aseguró que hubo actos “ilícitos” en las decisiones que se asumieron en torno al OEP y también culpó a la Justicia de arremeter contra el cuarto poder del Estado. El asambleísta lamentó que la mayoría masista en Beni ahora elija una terna de vocales “alineados” al MAS.

“El MAS perforó la Justicia y ahora toman decisiones ilícitas para tomar nuevamente el poder electoral. Hicieron el fraude con el apoyo de sus vocales”, remarcó el diputado Bazán.

Asamblea masista

La anterior Asamblea Legislativa Plurinacional anuló las elecciones del 20 de octubre de 2019 por las denuncias de fraude. El 10 de noviembre de ese año renunció Evo Morales a la Presidencia y de inmediato se iniciaron procesos legales a los vocales electorales nacionales y departamentales para ser investigados por el presunto fraude en los comicios. Muchos ingresaron a la cárcel y así el OEP quedó vacío. Se tuvo que designar nuevas autoridades electorales, pero esa vez la mayoría del MAS tenía la vigilancia ciudadana.

La expresidenta Jeanine Áñez designó a Salvador Romero como el representante del Ejecutivo en el TSE y también lo hizo, por norma, en los nueve departamentos. De esas diez designaciones, ninguno cumple funciones actualmente. Romero renunció tras ser la cabeza de dos procesos electorales y los otros nueve entre que renunciaron o fueron destituidos tras la designación que hizo Arce.

El mandatario designó a ocho vocales electorales departamentales, con excepción del TED La Paz, a pesar de que la Ley del Órgano Electoral solo prevé cambios por renuncia, finalización del mandato o incapacidad. Tres de ellos participaron en los comicios anulados del 20 de octubre de 2019. Los ocho designados remplazan a los que designó Áñez.

La Ley del Órgano Electoral (018) prevé que la conclusión y pérdida de funciones de los vocales del TSE son aplicables también para los TED. El artículo 20 señala que: “Las vocales y los vocales del Tribunal Supremo Electoral, tienen inamovilidad durante todo el período establecido para el desempeño de sus funciones”.

Nataly Vargas fue vocal del TED Tarija y tuvo que dejar su cargo por la designación de Gustavo Ávila, quien fue investigado por la denuncia de fraude en 2019. La exautoridad denunció “persecución política y judicial” porque fue la única de las destituidas que interpuso demandas por su alejamiento en el tribunal tarijeño.

También por esta decisión, García-Sayán dijo que “los principios de inamovilidad, así como de debido proceso son esenciales para proteger las instituciones judiciales. Se debe garantizar un clima propicio para que los integrantes de los tribunales electorales desarrollen su labor con garantías”.

El diputado Ramiro Venegas, del MAS, presentó en abril de este año ante el TSE una demanda contra Romero por supuestas faltas graves. Esa denuncia fue rechazada por la Sala Plena nacional. El mismo legislador, a principios de este mes, entregó otra denuncia ante el ente electoral, pero esta vez contra el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y de la vicepresidenta de esa institución, Nancy Gutiérrez. Esa demanda también fue denegada.