El Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, se pronunció este viernes sobre la remoción de vocales electorales en Bolivia y consideró que se trata de una situación “muy grave para el Estado de Derecho”.

“Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”, tuiteó el peruano García-Sayán.

El Relator la Organización de Naciones Unidas se pronunció después de que el presidente Luis Arce, por decretos, cesó en el cargo a vocales electorales departamentales elegidos por Jeanine Áñez, pero también la justicia dejó sin efecto la elección de cuatro vocales en Beni por un proceso anterior a su designación y a pesar de que ellos ya administraron las elecciones de 2020 y 2021.

García Sayán sostuvo que la “remoción abrupta de vocales de tribunales electorales afectan garantías jurídicas y democráticas” y recordó que los mismos “fueron designados a partir de un mandato para renovar las autoridades electorales que había sido establecido por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 2020”.

Señaló que “los principios de inamovilidad, así como de debido proceso son esenciales para proteger las instituciones judiciales”.

Llamó también a que se garantice un clima propicio para que los integrantes de los tribunales electorales desarrollen su labor con las debidas garantías.

El pronunciamiento de García Sayán se suma a otros en la misma línea, como del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien consideró que la remoción de vocales viola las garantías de ley.

De acuerdo con la norma boliviana, el presidente o presidenta del Estado designa a uno de los cinco vocales de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y su periodo en el cargo es de seis años.

Jeanine Añez, cuando asumió la presidencia del Estado, nombró a un vocal en el Tribunal Supremo Electoral y en cada uno de los tribunales departamentales, pero en el caso de ocho departamentos Arce determinó cesar en funciones a las autoridades designadas por Añez para poner a otras personas.

Los decretos que emitió Arce para el cambio de vocales consideran a las autoridades electorales como “funcionarios designados” en el marco de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, cuyo nombramiento se basa en “confianza”.

También menciona que la legitimidad del mandatario deviene del voto popular, a diferencia de un “gobierno transitorio”.

La oposición rechazó el criterio del mandatario y reivindicó que la garantía de independencia del Órgano Electoral es su inamovilidad en el periodo de funciones. Comunidad Ciudadana señaló que un vocal no puede ser tratado como un funcionario subordinado a otro órgano, puesto que el Órgano Electoral es un poder del Estado.