“Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de derecho”, alertó el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, dos días después de que una decisión judicial anuló “el proceso de selección de vocales electorales departamentales de Beni”, dejando al Tribunal Electoral de ese departamento sin más vocales que el designado por el presidente del Estado, hace 25 días.

Y el hecho es de verdad preocupante, pues esas “acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos” suceden desde el mes de abril y todas se originan en iniciativas de personas, autoridades electas o no, que pertenecen al partido en función de gobierno o son manifiestamente masistas.

Las primeras de esas acciones fueron iniciativas de un diputado del MAS, que interpuso denuncias, por diferentes motivos, en contra del anterior presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), horas antes de que este renuncie, contra una vocal y también contra los actuales presidente y vicepresidenta de esa instancia.

Luego, para reemplazar al vocal dimisionario del TSE, que había sido designado en representación del Poder Ejecutivo, el Presidente del Estado nombró a una exvocal que era parte de la denominada “banda de los siete”, cuyo desempeño en su gestión del ente electoral estuvo marcada por una evidente parcialización en favor del MAS en las elecciones subnacionales de 2015, cuando se inhabilitaron a candidatos disidentes de ese partido y más 200 opositores, en una decisión cuestionada.

Es más, en 2013, la misma persona fue denunciada por favorecer la contratación de una empresa que suministró afiches y volantes, razón por la cual la Sala Plena del TSE le otorgó vacaciones mientras duraba el proceso electoral subnacional que estaba en curso entonces.

Otro de esos actos preocupantes fue la destitución simple, por sustitución, a principios de este mes, de seis vocales electorales departamentales en manifiesto desacato a la Ley del Órgano Electoral Plurinacional que establece la conclusión de las funciones de esas autoridades solo en caso de “vencimiento del periodo de funciones; renuncia (…), incapacidad absoluta permanente” o proceso en la justicia ordinaria y sentencia ejecutoriada.

El último acto de esta serie de ataques al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) se origina en una iniciativa de un masista del Beni que logró que el Tribunal Constitucional emita la decisión que provocó el cese de funciones de cuatro vocales de ese departamento. Curiosamente, el auto constitucional correspondiente data del 16 de marzo de 2020, pero se lo conoció hace cuatro días.

Todo ello evidencia afanes que atentan contra la independencia del OEP, lo cual definitivamente inquieta.