La oposición política envió una solicitud de audiencia a la próxima sesión  de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer conocer el incumplimiento de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 y pedirán acelerar la admisión de la denuncia en contra del Estado por la sentencia constitucional referida a la repostulación del presidente Evo Morales.

El diputado de UD, Wilson Santamaría, explicó que presentó su solicitud a la oficina de Washington a través del llenado de un formulario y en las oficinas de la representación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en La Paz entregó una carta en formato físico tomando en cuenta que extraoficialmente se conoce que la Comisión llegará la tercera semana de julio a Bolivia.

"En aplicación de la normativa que regula el funcionamiento de las instituciones creadas por la OEA, es de urgente necesidad acelerar los plazos para la admisión respectiva y la emisión de medidas cautelares", dice la nota, recordando que la demanda interpuesta por varios legisladores fue admitida por la CIDH.

Asimismo, exhorta a May Macaulay conceder a los opositores una "audiencia extraordinaria" para que puedan explicar los alcances de la demanda planteada y los riesgos en materia democrática que el país viviría si dicha acción no es considerada en los plazos oportunos.

El Ministerio de Justicia informó en pasados días que la CIDH sesionará en Bolivia, para conocer los avances y logros en materia de derechos humanos en el marco del cumplimiento de los acuerdos con el sistema interamericano.

Los opositores presentaron más de una denuncia ante la CIDH con el objetivo de frenar la candidatura de Evo Morales en las elecciones de 2019. Por un lado lo hizo un grupo de senadores de Unidad Demócrata, denunciando la violación del Pacto de San José de Costa Rica.

Otra es la denuncia de Santamaría junto a legisladores también de UD, en la que solicitaron que además dicte medidas cautelares bajo el criterio que está en riesgo la democracia y los derechos de los ciudadanos que el 21 de febrero de 2016 votaron en contra de la repostulación de Morales.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictó una sentencia en la que avaló la repostulación del presidente y de todas los gobernantes electos, al amparo del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los exmagistrados establecieron que ningún gobernante puede ser limitado en su derecho de repostularse.

Los opositores creen que la interpretación de los exmagistrados del Tribunal Constitucional es arbitraria e ilegal y que fue motivada por factores políticos más que legales.

"Estamos haciendo las gestiones ante la OEA, para que coadyuve en el marco de la petición 228/2018 y la posibilidad  de otorgar una audiencia a los accionantes que presentamos una denuncia en contra del Estado por este fallo inconstitucional que permite la repostulación del presidente Evo Morales, pisoteando los resultados del 21F", manifestó Santamaría.

El referéndum constitucional de Bolivia de 2016 se desarrolló el 21 de febrero de ese año. El objetivo de este referéndum era la aprobación o rechazo del proyecto constitucional para permitir al presidente o vicepresidente del Estado Boliviano a postularse nuevamente a una elección.

El No ganó con el 51,3 % de los votos, mientras el Sí obtuvo 48,7 por ciento de votos restantes, rechazándose el proyecto constitucional.