Este sábado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirmó que entregó a la embajada de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe final sobre vulneraciones de derechos en la crisis política y social de 2019. La oposición considera que este documento se utilizará para profundizar la persecución política.

La información fue confirmada por el secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, a través de la publicación de un tuit que confirma la entrega del documento, cuyo contenido se conocerá en agosto.

“El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la  @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El GIEI debe incluir un plan de investigación y un plan de reparación integral a las víctimas”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

Mediante la misma vía, da a conocer “el Acuerdo entre la CIDH y el Gobierno de Bolivia”.

Por otro lado, refiere que ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: “El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”.

“Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019”, tuiteó Vidal.

Parcialización

Sin embargo, legisladores de oposición expresaron su susceptibilidad por el contenido del documento, que de manera privada ya conoce el gobernante MAS, además que de acuerdo con el protocolo de actuación del GIEI, el Gobierno puede observar el informe y modificar.

El artículo 16 del protocolo dice: “El GIEI dará a conocer al Estado boliviano, antes de su publicación, los resultados parciales y finales de su gestión y las recomendaciones que estime convenientes”.

“Esta situación nos llama la atención y genera dudas en la transparencia del trabajo, dar 10 días al Ejecutivo para que emita sus comentarios antes de la publicación del informe no se ve bien.  Para ser transparentes debían entregar de forma pública e inmediata y no esperar hasta agosto como se pretende”, señaló la diputada Luisa Nayar de Comunidad Ciudadana (CC).

Asimismo, en el protocolo se establece que el GIEI podrá realizar rondas de prensa y emitir los comunicados que estime pertinentes. 

Pero el GIEI también brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 24 horas para elaborar comentarios a los comunicados de observancia y cinco horas para los comunicados de urgencia antes de su publicación y considerará la información que estime pertinente.

“Coordinar sólo con el Gobierno no se ve claro, porque este régimen puede meter su cuchara y obviamente sabemos de la actitud del MAS, no hay justicia en nuestro país y se vulneran los derechos de muchos ciudadanos, exautoridades del gobierno transitorio”, sostuvo el exdiputado Gonzalo Barrientos.

Agregó que este informe se constituirá en un elemento más para continuar con la persecución e intentar dejar en el imaginario de las personas su teoría de golpe de Estado.

“No hay confianza en este régimen, se ha visto afinidades que se tiene con el GIEI, se ha distorsionado toda la indagación, pero se está acomodando a un escenario para sus objetivos políticos y, por lo tanto, no hay un trabajo imparcial, no hay credibilidad”, señaló.

COMUNICADO OFICIAL

El presidente Luis Arce refirió: “Comunicamos oficialmente al pueblo boliviano, especialmente a las y los familiares de las víctimas de las masacres de #Senkata y #Sacaba, que hoy hemos recibido el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos’.

El documento oficial se hará público de acuerdo al protocolo.

NO HAY OTRA INSTANCIA QUE CONSIDERE EL INFORME 

El exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, informó que la emisión de este documento no podrá ser rebatido, porque no hay otra instancia de revisión.

“No hay otra instancia porque acá se acaba este informe creado por la CIDH, pero si hay resultados que no son  objetivos, que no son independientes,  yo creo  que la raíz de eso está en la actitud que ha tenido el exsecretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abreu,  que se ha parcializado completamente con una de las misiones, y esperemos que esta comisión  haya actuado de forma imparcial, fuera de los criterios emitidos en favor del Gobierno del MAS”, señaló.

Asimismo, puso en duda la validez del informe porque no se incluyó personal técnico especializado en diferentes áreas y por sólo recibir los estudios desarrollados en el país.

“Esperemos que se haya contado con expertos en balística y forenses, pero de no ser así eso sí le quita validez, porque lo que se requería era una competencia técnico forense que en Bolivia  es muy débil en el tema de investigación”, indicó.