Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: sábado 24 de julio de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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Legisladores del oficialismo consideran que el informe del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) contribuirá a probar
que en el gobierno de Jeanine Añez, al cual consideran “de facto”, hubo
violaciones a los Derechos Humanos (DDHH). En la oposición, en cambio,
temen que el Movimiento Al Socialismo (MAS) utilice el informe para seguir con
la persecución.
Se prevé que el reporte se haga público en los primeros días
de agosto. Ayer, familiares de las víctimas de 2019 realizaron una vigilia en
la Plaza Murillo para, entre otras cosas, solicitar una copia del
documento.
“Se advierte que éste va a ser un informe complementario a
tantos informes, a tantos estudios, a tantos análisis que se han hecho a nivel
nacional y a nivel internacional de lo que se ha establecido la vulneración, la
actitud nefasta del régimen, del Gobierno que actuó en contra del pueblo
boliviano”, declaró el diputado Juanito Angulo, del MAS.
Sandro Ramírez, diputado oficialista, aseguró que
el pueblo boliviano busca que se encuentre a los responsables de los hechos
luctuosos de 2019. En ese contexto, expresó que “este informe es una prueba más
de lo que vivió Bolivia” en ese año.
“Creo que eso va a dar lugar para que sea un antecedente para
que Bolivia nunca más vuelva a vivir estos hechos que hemos vivido. Lo
importante para mí en este momento es establecer la verdad de los hechos que
hemos vivido en 2019 de un gobierno inconstitucional, que nunca ha sido
gobierno legítimamente posesionado”, aseguró Ramírez.
El procurador Wilfredo Chávez indicó a Bolivia Tv que las
recomendaciones del informe del GIEI “van a ser importantes para o
enrumbar o modificar algunas líneas de investigación que se dé”. También agregó
que “ojalá exista un punto con relación al papel de los medios de comunicación
y a sus actores que han deliberadamente mentido al país”.
Los familiares de las víctimas de 2019 realizaron ayer una
“vigilia de presión” en la Plaza Murillo, en busca de acceder a una copia del
documento.
“Nosotros hemos venido a pedir una copia y también ser parte
del informe. Aquí estamos los familiares afectados. En el informe está todo.
Nosotros hemos dado pruebas, allí están todos los videos. Entonces, a nosotros
nos interesa el informe, para que de una vez haya el juicio de
responsabilidades”, manifestó Nancy Jamachi, hermana de Edwin, uno de los
fallecidos en 2019 en Senkata (El Alto).
David Inca, representante de la denominada Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de El Alto, sostuvo: “En este informe van a
nombrar con nombre y apellido los nombres de los presuntos violadores a los
derechos humanos, los que han cometido delitos, sean militares, policías,
autoridades civiles. A la par van a recomendar los procesos que correspondan:
penal, civil o juicio de responsabilidades”.
Inca prevé que la institución estatal que más trabajó tendrá
después de que se haga público el informe es la Fiscalía.
“Estamos esperando un plan integral de reparación para las
víctimas. Este plan va a ser el primero en la historia boliviana, y creo que
también a nivel de Latinoamérica, que aclarará la ayuda hacia toda
una familia”, adicionó.
José Ormachea, diputado de Comunidad Ciudadana (CC),
teme que el Gobierno utilice el informe del GIEI para seguir con la persecución
a los líderes de la oposición.
“Indefectiblemente lo van a hacer, pase lo que pase lo van a
seguir haciendo, van a seguir persiguiendo a la oposición”, aseguró Ormachea.
La senadora Cecilia Requena, de CC, manifestó que “un
informe de este tipo se tiene que tomar en cuenta, es importante que haya
informes independientes, serios, técnicos que se tomen en cuenta”. Sin embargo,
sostuvo que siempre le preocupó que en las pesquisas de la GIEI no se
utilizaran técnicas relacionadas con el tema balístico. “Si sólo se va a
basar en testimonios, es un informe cojo. Espero equivocarme, espero que hayan
incluido ese tipo de técnicas”, sostuvo.
El GIEI se creó a partir de un acuerdo entre la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y el Estado, el 12 de diciembre de 2019.



