Con la reciente postura del   Relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, acerca del caso de la destitución de  vocales electorales,   suman dos los pronunciamientos internacionales contra esa medida que se adoptó desde el Ejecutivo. Dentro del país, 13 organismos de la sociedad civil también se manifestaron en contra de aquello.  

“Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”, tuiteó el viernes Diego García-Sayán, relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados. 

García-Sayán agregó que la “remoción abrupta” de vocales de los tribunales electorales “afecta  garantías jurídicas y democráticas”. “Sus integrantes fueron designados a partir de un mandato para renovar las autoridades electorales que había sido establecido por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 2020”, manifestó. 

Este pronunciamiento se dio después de que el 29 de junio, a través de un paquete de decretos supremos, el presidente Luis Arce remplazara a seis vocales departamentales de designación presidencial de los Tribunales Electorales Departamentales  de Tarija, Beni, Pando, Oruro, Potosí y Santa Cruz (uno en cada regional). Los vocales apartados de su cargo fueron nombrados durante el gobierno de Jeanine Añez. 

A aquello se sumó el auto constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se conoció el miércoles, que dispuso revocar la resolución que emitió la Sala Constitucional Primera del departamento de Beni, el 15 de enero de 2020. Esa sala  había declarado improcedente el amparo constitucional que interpuso Charles Fernando Mejía Cardozo, en busca de que se declare nulo el proceso de selección de vocales del TED de Beni, que fueron nombrados en 2019 por la Cámara de Diputados, en la que el MAS tenía mayoría, igual que ahora.  

El TCP dispuso que dicha Sala Constitucional “admita” la acción de amparo. Si bien esa decisión se conoció el pasado miércoles, la fecha del auto constitucional data del 16 de marzo de 2020. 

García-Sayán, en su pronunciamiento, expresó: “Los principios de inamovilidad, así como de debido proceso son esenciales para proteger las instituciones judiciales. Se debe garantizar un clima propicio para que los integrantes de los tribunales electorales desarrollen su labor con las debidas garantías”.

No sólo la ONU se manifestó  al respecto. El 15 de julio, José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW) expresó también su preocupación por este tema. 

A través un mensaje por su cuenta de la red social Twitter manifestó: “Me preocupa la remoción por decreto de vocales electorales departamentales. Los vocales habían sido nombrados por Añez de acuerdo con el mandato unánime de la Asamblea para renovar autoridades electorales. Su remoción viola garantías previstas por ley”.

Dentro del territorio nacional, 13 instituciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento público el pasado 1 de julio. En el documento que divulgaron indican que la “destitución de vocales departamentales constituye un ataque a la independencia y autonomía del órgano electoral”. 

“Preocupados por el atropello ostensible a la institucionalidad, a las leyes y a la Constitución Política del Estado, elevamos nuestra protesta ante el desapego ejercitado respecto de una normativa claramente orientada a establecer un mandato de seis años para los vocales electorales, a fin de evitar su cambio al antojo de cualquier gobierno”, se lee en el pronunciamiento. 

Las instituciones  que suscribieron el documento son: la Asociación Boliviana de Ciencia Política, la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, Construyendo Redes para el Desarrollo, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, el Foro Político Departamental de Mujeres Cochabamba, la Fundación Igualdad LGBT, la Fundación Jubileo, el Grupo Prisma, Iniciativa Latam, el Instituto de Desarrollo y Gobernabilidad, la Oficina Jurídica para la Mujer, Programa de Capacitación Política y Observación Ciudadana de la Democracia. 

En su pronunciamiento, esos organismos de la sociedad civil  manifiestan  que la acción del Ejecutivo contra los vocales departamentales “constituye un ataque al principio de autonomía e independencia del Órgano Electoral, protegido por el artículo 4 numeral 10 de la Ley N. 018 del Órgano Electoral”. En ese marco, exigen “el cumplimiento de las leyes y el respeto a la independencia de los órganos del Estado, que rige en cualquier democracia”. 

Del Ejecutivo, quien se pronunció  fue el ministro de Justicia, Iván Lima, quien el 4 de julio   expresó que el artículo 172 de la Constitución Política del Estado faculta al Presidente del Estado a designar a sus representantes ante el Órgano Electoral. 

“Cada uno de los vocales que han sido designados (anteriormente) viene de un proceso que estaba contaminado. El informe de la Iglesia Católica dice que una serie de personas definieron cómo se iba a elegir a los vocales.  ¿Es correcto que los vocales de los TDE se elijan entre cuatro paredes en la sala de reuniones de la Universidad Católica?”, sostuvo Lima.

El Ministro de Justicia subrayó que el presidente Arce tomó una decisión con prudencia política, fuera del proceso electoral departamental y municipal y ejerció su atribución de pleno derecho para designar a los vocales.
 

Decretos  y su parte considerativa   

• Ejecutivo   El ministro de Justicia, Iván Lima, el 4 de julio  expresó que el artículo 172 de la Constitución   faculta al Presidente del Estado a designar a sus representantes ante el Órgano Electoral.----
•  Decretos   El 29 de junio, a través de un paquete   de decretos supremos, el presidente Luis Arce determinó abrogar los decretos por los cuales fueron designados, durante el gobierno de transición, seis vocales de los Tribunales Electorales Departamentales  de Tarija, Beni, Pando, Oruro, Potosí y Santa Cruz (uno por región).  
• DS  En los decretos, en la parte considerativa, se lee: “Los vocales de los TED  designados directamente por la Presidenta o Presidente del Estado, obedecen a una invitación personal o decisión soberana de Estado basada en la confianza”. 
• Facultad   En la parte considerativa también se lee que  “el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia tiene la facultad constitucional y legal de elegir un vocal por cada Tribunal Departamental Electoral, en razón de la legitimidad de su elección democrática a través del voto popular, toda vez que, su mandato y posesión emerge de una transición democrática constitucional a diferencia de un gobierno transitorio”.