La discusión acerca de si se produjo o no un golpe de Estado entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 se ha hecho bizantina. Se ha convertido en una cortina de humo con la que “los transitorios” eluden la discusión de fondo acerca de la naturaleza ideológica y las acciones desplegadas por el gobierno de Jeanine Áñez, sobre todo a partir de la administración del aparato coercitivo del Estado con resultados trágicos en materia de respeto a la ciudadanía y a los derechos humanos.

En el contexto en el que se maneja, Áñez debería estar bien enterada de la historia de la persecución política en Bolivia. Debería saber cuáles fueron los motivos para el descuartizamiento de Túpac Katari durante la colonia, cómo los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de 1952 a 1964 del pasado siglo persiguieron, encarcelaron, torturaron y mataron, por izquierda y por derecha, a dirigentes mineros con militancia en el trotskismo y en el Partido Comunista de Bolivia (PCB), y a militantes de la Falange Socialista Boliviana (FSB).

Como exsenadora, expresidenta, y excandidata a la presidencia, está en la obligación de saber en qué consistió esa persecución política como instrumento de control del poder que se caracterizó por el encarcelamiento, la desaparición y el asesinato de bolivianos en las dictaduras militares que rigieron Bolivia entre 1964 y 1980. También debería estar enterada de que ya en democracia, a partir de 1982, los métodos de violencia política a través de la vejación y la eliminación física del adversario dieron paso a una judicialización de la política o a una politización de la justicia. Esto significaba dejar atrás la policía política —el Control Político de Claudio San Román, mastín de oscuros ministros de gobierno—, los campos de concentración y los centros de confinamiento, para circunscribir las persecuciones de unos contra otros a procedimientos operados por el Ministerio Público y un aparato judicial cooptado por el poder político, métodos lamentablemente utilizados en la llamada democracia pactada (MNR-ADN-MIR), por jerarcas del Movimiento Al Socialismo (MAS) especialmente a partir de 2015, pero también, y sin modificar un ápice su modus operandi, por su propio gobierno, ese que debió circunscribir sus acciones al llamamiento a nuevas elecciones en el lapso de tres meses luego de la anulación de los comicios del 20 de octubre de 2019. 

Ahora que Áñez reclama por considerarse víctima de persecución política, tiene que saber, si hasta ahora no hay quién se lo haga notar, que en menos de un año, tratando de dirigir el país desde el viejo Palacio Quemado, los índices de la persecución política en sus variadas formas superaron los de sus antecesores.

Cacería ejecutada

Sin contar los 37 muertos de Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal, la cacería anunciada y ejecutada por su principal colaborador, aquel que corregía sus palabras al oído en actos públicos sin pudor alguno, Arturo Murillo, ministro de Gobierno, generó resultados de criminalización de exfuncionarios con montajes sobre presuntos casos de corrupción, encarcelamientos en los que se utilizó la tortura física y psicológica, agresiones físicas callejeras contra supuestos simpatizantes y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) a cargo de grupos civiles de choque secundados por uniformados de la Policía Boliviana, agresiones, amenazas y acallamiento de medios de comunicación vinculados a organizaciones sociales que salieron a las calles levantando wiphalas. La cifra no confirmada es de 1.500 personas, desde perseguidas hasta encarceladas y procesadas, hasta aquellas con detenciones preventivas y detenciones domiciliarias.

Quien se declara perseguida política y hace menos de un año presidía un gobierno en el que la persecución y la violencia política se instalaron en la cotidianidad, tendrá que encontrar en algún momento alguna explicación congruente de lo que hicieron sus fieles colaboradores que consumaron, entre muchos otros hechos de corrupción, un grosero negociado con la adquisición de materiales antidisturbios que dieron lugar a que su ministro del horror terminara encarcelado en Miami. ¿Será posible admitir que Áñez no sabía a dónde se metía cuando declaró desde Trinidad a la red televisiva Unitel, al final de la tarde del 10 de noviembre de 2019, que llegaría a La Paz a asumir la presidencia del Estado porque le correspondía? ¿Nunca se enteró la presidenta accidental cómo en realidad hacía, pero sobre todo deshacía Bolivia uno de los auspiciadores de su llegada a la silla, el exsenador Arturo Murillo? ¿Será que Áñez nunca ordenó la detención de algún poderoso del MAS, lastimada por la suerte que corrieron parientes suyos de San Joaquín, Beni, acusados de narcotráfico?

Áñez tiene que saber que en 1921 se produjo la primera masacre de la historia republicana en Jesús de Machaca (1) por explotación, expropiación de tierras y abusos del corregidor Luis Estrada. Que en aquella ocasión 1.500 militares asesinaron a 119 pobladores, incendiaron 130 viviendas, robaron ganado y encarcelaron a muchos pobladores. Tendrá que enterarse también que en 1923, en la masacre de Uncía la Federación Obrera se movilizó para pedir la liberación de dos dirigentes sindicales abusados por la Patiño Mines. Otra vez los militares abrieron fuego y se las arreglaron para desaparecer a algunos de los muertos en los hornos de fundición de minerales, que según datos oficiales fueron nueve. Áñez tiene que saber que en 1942 se produjo la matanza de Catavi en el campo María Barzola con 20 muertos y 200 heridos a manos de 200 efectivos militares, tiempos del gobierno de Enrique Peñaranda en que la Patiño Mines pretendía comercializar el estaño, el wólfram y la quinina para involucrar a Bolivia en el bloque de aliados en la Segunda Guerra Mundial, y los trabajadores protestaban por los bajos costos en el mercado internacional de lo que producían.

Áñez tiene que saber que en 1947 se produjo la masacre de Potosí cuando el sindicato de metalurgistas de la empresa Unificada de Mauricio Hochschild movilizó al comando de la Policía de la ciudad que reclamaba por la liberación de dos de sus compañeros, detenidos por órdenes de la Junta de Gobierno presidida por Tomás Monje Gutiérrez. En esta circunstancia, los muertos de los que tampoco se tienen números cayeron del lado minero y también del policial. En 1949, los mineros de Siglo XX se movilizaron por incrementos salariales, cumplimiento de un laudo arbitral, pago por desahucios e indemnización por despidos. La Patiño Mines, respaldada por el gobierno de Mamerto Urriolagoitia, derivó en la detención y el exilio a Chile de la dirigencia minera, lo que provocó una asamblea con toma de rehenes para exigir la liberación de los dirigentes detenidos. Resultado: 1.500 militares intervinieron el campamento minero, lo que produjo un combate y los rehenes terminaron muertos. El 29 de mayo fueron masacrados 40 trabajadores y quedaron heridas 80 personas, entre ellas, mujeres y niños, y el 30 de mayo fueron fusilados entre 200 y 300 trabajadores, y destrozadas sus viviendas.

Áñez tiene que saber que en 1967 se produjo la masacre de San Juan en los centros mineros de Catavi y Siglo XX, ordenada por el dictador René Barrientos cuando los trabajadores celebraban junto a sus familias alrededor de fogatas: 20 muertos, entre 70 y 80 heridos y aproximadamente 200 desaparecidos. Se trataba de reprimir el intento de los mineros de reproducir un movimiento parecido al de la guerrilla del Che Guevara. Trece años después, durante la dictadura de Hugo Banzer, en 1974, se produjeron las masacres de Tolata (16 muertos y 42 desaparecidos) y Epizana (15 muertos y 20 desaparecidos), luego de la devaluación de la moneda de 12 a 20 pesos bolivianos en el tipo de cambio al dólar estadounidense y la generación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

Áñez tiene que saber que en 1996 se produjo la llamada masacre de Navidad que comprende las localidades de Amayapampa, Capasirca y Llallagua, debido a la oposición de los trabajadores mineros a inversionistas extranjeros, a la defensa de los recursos naturales y sus fuentes de trabajo, y al repudio al nuevo código de minería favorable a los empresarios. La respuesta del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue la movilización de 1.000 efectivos militares y policiales que generó 11 muertos y 50 heridos. Según el general Hernán Aguilera, el presidente de la República ordenó la intervención con arsenal de guerra. Más adelante se producirían la “guerra del agua” (2000) en el gobierno democrático del general Banzer por la adjudicación de Aguas del Tunari a manos privadas, y la “guerra del gas” (2003), originada en el gobierno de Jorge Tuto Quiroga, quien planteó la venta de gas a otros mercados a través de Chile, intención que trató de concretar el segundo gobierno de Sánchez de Lozada con empresas transnacionales y que desató movilizaciones ciudadanas que fueron respondidas con el Plan República encarado de manera conjunta entre militares y policías, que dio lugar a la muerte de 65 personas. Ese hecho provocó la instauración de un juicio civil en Fort Lauderdale, estado de Florida, Estados Unidos, por parte de los familiares de las víctimas, cuya sentencia condenatoria conmina a pagar al expresidente la suma de $us 10 millones.

Luego de haber estudiado la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de Trinidad es muy probable que Áñez haya tomado algún conocimiento de las guerras del agua y del gas, y por supuesto de la masacre de Porvenir (2008), acaecida en el departamento de Pando, donde murieron 20 campesinos y quedaron heridos 40. Los trabajadores rurales marchaban hacia Cobija, capital del departamento, francamente opuestos a que el prefecto Leopoldo Fernández controlara las instituciones públicas y se impusiera el estatuto autonómico, cuando corría el tercer año de gobierno de Evo Morales.

Las masacres de las que sí tiene conocimiento Áñez son las de Sacaba y Senkata, más las muertes producidas en El Pedregal de la zona Sur de La Paz y en Montero, Santa Cruz. En aquella oportunidad ella y su equipo de ministros firmaron un decreto (4078) que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en caso de que las circunstancias exigieran abrir fuego contra ciudadanos que se movilizaban defendiendo al gobierno y a la permanencia de Evo Morales hasta el final de su mandato previsto para enero de 2020. Con solamente 14 días de vigencia, el 28 de noviembre de 2019, la presidenta transitoria abrogó el decreto “en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación”, declaró y justificó su dictación afirmando que fue aprobado porque “el gobierno tuvo que asumir la medida porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto”… a cargo de esas facinerosas hordas masistas, como diría alguno de sus colaboradores.

La expresidenta Áñez, constitucional para las clases medias urbanas antievistas, de facto para las organizaciones populares, guarda detención preventiva en el recinto penitenciario de Miraflores de La Paz, como presunta responsable de genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad, desaparición forzada de personas, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Se trata de dos tipos de delitos necesarios de diferenciación a partir del antes y el después de asumida la presidencia del Estado Plurinacional. Las contravenciones al ordenamiento jurídico se refieren a cómo Áñez, en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, accedió a la presidencia del Estado, es decir, a partir de un comunicado emanado del Tribunal Constitucional sin carácter vinculante, sin pasar por los requisitos que la Asamblea Legislativa Plurinacional exige, no sujetos a interpretación alguna. Los delitos que habría cometido ya como presidenta en materia de derechos humanos, están relacionados con las muertes de 37 personas y agresiones por parte de efectivos militares y policiales en localidades de los departamentos de Cochabamba, Potosí, La Paz y Santa Cruz.

Este es el cuadro de situación objetivo de la señora Áñez que aduce persecución judicial en una carta enviada a la alta comisionada para los Derechos Humanos de NNUU, Michelle Bachelet. Para decirlo en términos coloquiales, la exsenadora y expresidenta de Bolivia se considera una perseguida política. Por “pensar distinto”, agregarían los adeptos a los lugares comunes, que difícilmente logran explicar qué significa ese “pensar distinto” más allá de un abierto y rabioso antimasismo, y todo lo que signifiquen organizaciones sociales de indígenas, campesinos, obreros y trabajadores agremiados y no agremiados a los que se estigmatiza de corporativistas y autoritarios.

Habrá que esperar la reacción de Áñez ante el informe que ya entregó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 23 de noviembre de 2020, y sobre el que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con el sentido de oportunidad y el descaro que le dicta su experiencia, ya se manifestó el pasado 14 de julio: “un minuto de silencio por los caídos de Sacaba y Senkata”.

Los defensores del ‘fraude no golpe’

Los defensores del “fraude no golpe” encabezados por Áñez, Mesa, Tuto Quiroga, Ortiz, Camacho, Doria Medina ya deben saber que el GIEI incluye en su informe presentado al gobierno constitucional de Luis Arce, y que será vinculante, el resarcimiento a las víctimas (a los familiares de éstas), observaciones a las actuaciones de la Justicia boliviana y a las responsabilidades estatales por la violencia de 2019. Si bien Sacaba y Senkata serán referencias fundamentales, figuran observaciones a los hechos posteriores de las elecciones anuladas del 20 de octubre y a los acuerdos firmados por el gobierno de Áñez para “pacificar el país” hacia la mitad de diciembre de 2019.

Las muertes irreparables, producto de la resistencia popular en defensa de convicciones y valores democráticos son nodales en el informe y por el ello el GIEI considera necesario un plan de reparación integral con fuerte énfasis en el aspecto psicológico e indemnización para los familiares de los caídos, víctimas de la bala militar, así como en los aspectos judiciales con recomendaciones de juicios penales, civiles y administrativos. Quienes vulneraron derechos humanos quedarán mencionados con nombres y apellidos en el informe a partir de distintos grados de responsabilidad penal, así como en materia de preceptos internacionales en la materia, dependiendo de los  grados violatorios a la vida, la libertad, la expresión del pensamiento, el voto e incluso la sucesión constitucional.

Si el viejo lobo Almagro se adelantó a homenajear a las víctimas de Sacaba y Senkata, admitiendo que hubo masacres, la exsenadora, expresidenta y excandidata presidencial Jeanine Áñez ya sabe que su nombre quedará inscrito en la historia de la docena de hechos luctuosos que segaron la vida de bolivianos y bolivianas desde 1921 (masacre de Jesús de Machaca) por defender sus ideales y sus convicciones políticas armados de piedras y palos frente a la bala asesina sobre la que nuestro libertador y fundador Simón Bolívar dijo: “Maldito sea el soldado que apunte sus armas contra su propio pueblo” (grafiti que puede leerse en una esquina de la calle René Moreno de Santa Cruz de la Sierra, a una cuadra de la plaza principal).

Más allá de lo inconstitucional de su mandato, de no haber observado la sucesión constitucional, a Jeanine Áñez le tendrá que ser dificultoso seguir enarbolando la bandera de sus derechos, cuando ya no hay dudas acerca de cómo su gobierno violó los derechos de bolivianas y bolivianos durante su ejercicio del poder con muertos, heridos, perseguidos, encarcelados y torturados. Persecución y violencia política son las marcas fundamentales del régimen que presidió.

(1) Con información obtenida por Mayra Navarro, politóloga e investigadora académica.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.