El imperativo del momento es que debemos afrontar la necesaria rehabilitación del sistema judicial; dado que la desconfianza y la dependencia del Sistema judicial con respecto a los poderes políticos, aumenta peligrosamente la crisis de la democracia.

PROYECTO AMBICIOSO
Intentar restablecer la confianza en la justicia, aparentemente se presenta como una labor de titanes. Sin embargo, se trata de poner las pistas de tal manera a trabar, la necesaria rehabilitación del sistema judicial. La más grande moderación es suficiente, para superar la caricatura desastrosa que presenta el Poder Judicial.
En este sentido, molesta al buen sentido que mejorar la institución de la justicia precise –de diciembre de 2020 a la fecha– de tantos “pereques”, como una reforma constitucional con notables; en los hechos se procede a implantar formas de trabajo (Revisar la adopción del “Teletrabajo”. Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de junio 2021); suspensiones, caso Ximena Mendizábal, Juez de Sucre, 2 de mayo de 2021; reducir salarios; renuncias; remoción por decreto de vocales electorales; anulación de nombramientos y se deje al Judicial, a 16 de julio de 2021, en una paupérrima situación de funcionamiento a media máquina.
¿De qué cuento chino trata todo aquello?
¿Tanta intervención desafortunada para un sistema judicial capaz de resolver casos desde el derecho, sin responder a presiones del poder político?
La intangibilidad del Poder Judicial implica que no se pueda tocar las cosas privativas del Judicial. Esto es, que los otros dos poderes no puedan mediante rebajas salariales, avasallar la independencia del Poder Judicial o, en otros términos, influenciar en sus decisiones mediante manejos económicos.

LA IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA
Consiguientemente, REPETIR la elección de magistrados conforme a los criterios de “meritocracia” e “idoneidad” es un pase futuro a un fracaso seguro. (Revisar Arts. 178, 196 de la Constitución). Con su voluntad de rechazo a esta forma de elección el soberano ha enervado aquella norma y queda sin vitalidad social. ¡El Soberano no acepta que el magistrado pase por las urnas! El Pueblo rechinaría a regalar al poder establecido, una nueva “elección de magistrados” que no aprueba y que importa al fondo mismo de la problemática judicial: ¡El necesario perfeccionamiento de su organización!
Asimismo, una repetición de elección de magistrados o la reforma constitucional que se le propone, en nada cambiaría a una práctica censurada, realizada por la Asamblea Nacional que solo patentiza la falta de credibilidad en aquel dominio.
Al contrario, la Asociación de Jueces y Magistrados debe poner en marcha inmediatamente la adopción de un Estatuto de la Magistratura para restablecer la confianza dentro de la Institución Judicial; una exigencia que toca el fondo mismo del problema. Por lo tanto, el Estatuto de la Magistratura vale mucho más que una simple instrumentalización política.
Esta precisión importa mucho para toda la justicia; dado que los elegidos políticos para los puestos de la Judicatura contribuyen a la fragilización de la misma. Además, ellos tienen en sus manos un instrumento crucial para manejar la institución: el Presupuesto. Entonces, ninguna medida que se asuma, por parte del Ejecutivo o el Parlamento, mejorará la rapidez de la justicia. Por ello se precisa un sistema judicial capaz de resolver los casos, desde el derecho. Sin responder a presiones del poder político.