El Gobierno definió que el Censo de Población y Vivienda se realizará el 16 de noviembre de 2022 y se deberá esperar un año para la difusión de los resultados. Desde las alcaldías y gobernaciones del país celebran la decisión, pero anuncian más control.

“Hoy (por ayer) en Gabinete aprobamos el Decreto Supremo que declara prioridad nacional el Censo de Población y Vivienda 2022. Nuestro Gobierno, como comprometió, garantiza el financiamiento y respaldo institucional para realizar el Censo Nacional en noviembre 2022”, publicó el presidente Luis Arce en Twitter.

El Ministerio de Planificación para el Desarrollo y el Instituto Nacional de Estadística (INE) serán las instituciones que ejecutarán las acciones y actividades para llevar adelante la encuesta, en lo que respecta a la dirección, planificación, coordinación, procesamiento y difusión de información, plasmadas en un decreto supremo.

Las autoridades del país celebraron la decisión. El alcalde cruceño Johnny Fernández recordó que el 1 de julio envió al gobierno una propuesta de decreto supremo para la realización del censo y complementó: “Estos últimos días mandamos cartas al presidente del Estado, y el proyecto de decreto es similar a nuestra propuesta. Celebramos que hasta noviembre se haga realidad”.

Señaló que como beneficio, “casi 500.000 nuevos habitantes de Santa Cruz tendrán su coparticipación tributaria, más de Bs 200 millones, que percibiremos desde el 2023”. Sin embargo, manifestó que se hará un seguimiento cercano para garantizar la transparencia del proceso.

Por su parte Efraín Suárez, secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, señaló que la decisión del Ejecutivo responde a una necesidad apremiante que tiene el departamento de contar con datos demográficos oficiales y precisos actualizados, los cuales permitirán realizar una justa distribución de los recursos.

Anunció, igual que el alcalde Fernández, que el próximo paso como Gobernación será realizar la fiscalización de todo el proceso previo al Censo para que se haga en función a la norma vigente y respetando los derechos de todos los cruceños. “Estamos dispuestos a coordinar con el Ejecutivo y con todos los niveles del Estado”.

Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, saludó la decisión del Gobierno de desarrollar el censo en 2020 y comentó que se exigirá que su realización se la haga de manera transparente, idónea y respetando la ley.

“En el censo de 2012 creemos que más de 300.000 cruceños no fueron contabilizados, eso significa que hubo menos recursos y menos planificación. Ahora seremos celosos y vigilantes del desarrollo de este proceso para que se contabilicen los datos exactos”, acotó.

Calvo resaltó que el desarrollo de esta actividad nacional permitirá una distribución justa de los recursos económicos a los municipios y gobernaciones del país.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, señaló que es positiva la decisión, pero para su despacho implicará la implementación de estrategias para que el resultado sea lo más real posible. “Tendremos que buscar mecanismos para que la gente se quede a censarse acá y no vaya al área rural porque tenemos algunos distritos en los que, lamentablemente, están en el área rural y algunos alcaldes condicionan este tema. Vamos a buscar acciones para que no salgan”, señaló Copa.

De hecho, la Alcaldía de El Alto conformará una comisión técnica para ver los mecanismos de coordinación con el Gobierno y planificar de manera adecuada la ejecución del Censo.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, expresó que recibe la noticia “contentísimo con la convocatoria”, pero complementó que la preocupación “es que cuente con una instancia de credibilidad, de confiabilidad y que no ocurra lo que pasó en 2012, que en una primera instancia se emitieron unos datos, luego otros y al final dejaron de tener confiabilidad”. Como segundo requisito, solicitó que los datos “bajen hasta el nivel de barrio”. Por eso propuso la conformación de una comisión que “sea la garantía”.

El burgomaestre de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, hizo notar que el municipio bajo su jurisdicción creció mucho y que el censo servirá para tener claridad distribución de recursos.

“Hoy tenemos más de 800.000 habitantes solo en Cercado y dos millones en el departamento. Tenemos un índice demográfico alto, ahora tenemos que ver con el censo en qué situación estamos. Todos quieren venir al corazón de Bolivia”, dijo a los medios.

A través de un tuit desde su cuenta oficial, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) celebró el anuncio del Gobierno sobre la realización del Censo de Población y Vivienda previsto para noviembre de 2022.

“Celebramos la decisión del presidente Luis Arce de definir con precisión la fecha del Censo de Población y Vivienda y considerarlo de prioridad nacional”, señala la primera parte de una escueta reacción que emitieron los privados luego de conocer el anuncio oficial.

“El censo permitirá tener información actualizada y concreta sobre la realidad demográfica, económica y social de todos los departamentos para planificar el futuro con más certeza y equidad”, complementa el tuit.

En el ámbito legislativo, la noticia tomó por sorpresa a los oficialistas, aunque apoyaron la decisión del Ejecutivo. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), comentó que “el censo es un hecho que tiene que darse entre el 2022 y 2023, no más allá. Eso está sujeto a que el Ejecutivo, la instancia que corresponde, ofrezca las condiciones. Si ya fijó fecha, estamos seguros que todo está dispuesto para que así sea”.

La ruta al Censo

El director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, explicó que tras el anuncio que hizo el gobierno este miércoles, se vienen seis pasos rumbo al censo.

El primer paso y clave, es la actualización cartográfica. “Esto permite establecer dónde están las viviendas, primero, y durante el levantamiento de la información, dónde están las familias”.

Seguidamente, la definición de la boleta censal es importante. En este paso se definirá qué preguntas entrarán, “cuál será la información específica que se levantará”.

El tercer paso es el proceso de capacitación de los encuestadores. “En el anterior censo participaron como 200.000 personas en todo el proceso. Es un trabajo de mucha magnitud”.

En cuarto lugar, se debe proceder a realizar una campaña de información y de sensibilización de la población, para que la participación sea masiva.

Posteriormente, llega la realización del operativo censal, que en este caso se ha determinado que será el 16 de noviembre del próximo año.

Finalmente, la presentación de resultados. El Gobierno señaló que este último paso tomará al menos un año.

En cada una de estas etapas, existen instituciones académicas –como las universidades- y otras instancias de sociedad civil con amplio conocimiento y capacidades para aportar en cada tarea, incluyendo la promoción e información para la participación ciudadana, hasta llegar a la difusión de los resultados oficiales.

“Tanto la voluntad política expresada por el Gobierno, como la corresponsabilidad ciudadana, deben precautelar la independencia y el fortalecimiento del INE, la entidad técnica que debe presentar resultados confiables”, dijo.