Parecería que existe una especie de competencia, entre algunos altos funcionarios del Poder Ejecutivo, por asumir actitudes que coartan las libertades ciudadanas.

Es el caso del Viceministro de Régimen Interior, quien, al referirse al polémico tema del supuesto “tráfico de armas” que habría enviado el Gobierno argentino a Bolivia en noviembre de 2019, advirtió a “quienes en este momento estén intentado confundir (…) que lo piensen muy bien, porque pueden asumir las responsabilidades de las vinculaciones”.

Esa declaración bien puede interpretarse como una amenaza de juicio para quienes cuestionan las versiones del oficialismo acerca del asunto en cuestión. Un asunto que desde que surgió —a partir de la aparición de una carta de agradecimiento firmada por el ahora encarcelado excomandante de la FAB, en una fecha en la que ya no ejercía esas funciones— estuvo y está plagado de contradicciones y declaraciones confusas.

El asunto del “material bélico” que habría llegado de Argentina surgió en un momento oportuno para el oficialismo, pues permitió disimular con prontitud la serie de contradicciones formuladas por exautoridades del último Gobierno de Morales, respecto de las afirmaciones del excomandante de la FAB que hicieron tambalear aún más el armazón del caso del supuesto golpe.

La aparición de la mencionada carta en manos del Canciller y el revuelo de alcance binacional que provocó fueron relativamente eficaces para dar un nuevo impulso a los afanes oficialistas de imponer su embuste de “golpe de Estado” y borrar así el fraude electoral de 2019.

Esa eficacia fue relativa, pues las declaraciones oficiales sobre el tema fueron contradictorias. El Comandante de la Policía informó un día que los pertrechos argentinos no estaban en poder de su institución; al día siguiente, el embajador de Argentina en Bolivia afirmaba: “Sí, tengo pruebas (de) que la Policía Boliviana recibió el armamento”. Después, el Ministro de Gobierno presentó unos paquetes de material antidisturbios que difícilmente cabrían en la “bolsa marinera” donde la autoridad policial asegura que “habían venido mimetizados”.

El mismo Presidente del Senado admitió que “hay cierta confusión, sin duda. Unos dicen que llegó, no llegó, o llegó tramitado por el Gobierno del hermano Evo, hay exautoridades argentinas que se niegan que enviaron”.

La advertencia del Viceministro de Régimen Interior tendría que concernir a todos los que se refirieron al asunto, opositores y oficialistas, pero es poco probable que ésa haya sido su intención. Lo que sí es cierto es que una amenaza como la que formuló atenta contra la libertad de expresión, un derecho garantizado por la Constitución.