Medio: Opinión
Fecha de la publicación: jueves 22 de julio de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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El Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentará este viernes su
informe final sobre los hechos ocurridos en Bolivia entre septiembre y
diciembre de 2019 y se estima que hasta el 5 de agosto se pueda hacer público
el documento.
El organismo,
dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comenzó
su trabajo en noviembre del año pasado y durante más de seis meses recabó
testimonios y documentos sobre las hechos luctuosos ocurridos en Sacaba,
Cochabamba, y Senkata, El Alto.
El ministro de
Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, confirmó la entrega del
documento final este 23 de julio ante la Cancillería, aunque dijo que puede
recibirlo también al embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos
(OEA), Héctor Arce Zaconeta.
Posteriormente, el
Gobierno tiene 10 días hábiles para poder revisarlo, lo que no implica que se
pueda realizar algún cambio, solamente se tomará conocimiento del trabajo
desarrollado.
“Como Gobierno, una
vez transcurrido ese plazo que podría ser de 10 días, 48 horas, o 5 días; en el
plazo máximo de 10 días que va a tener el Gobierno de Bolivia, le vamos a
comunicar oficialmente nuestra postura a la CIDH y ellos podrían aceptar o
negar las observaciones o precisiones que realicemos”, afirmó Lima.
Una vez que el
organismo responda al Gobierno, se podrá tener un documento del informe
oficial. “Yo estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto, la primera
semana de agosto recién se pondría en conocimiento público el informe por este
procedimiento que está aplicado en el protocolo”, añadió el ministro.
El informe que emita
el GIEI no equivale a una sentencia ni tampoco a una opinión consultiva, sino a
las presuntas violaciones a los Derechos Humanos que habrían ocurrido entre el
1 septiembre al 31 de diciembre de 2019.
Según Lima algunas
partes del documento serán de carácter vinculante y en otras solo podrían ser
de recomendación. “Esto lo vamos a analizar y lo vamos a procesar y vamos a dar
una información oficial en cuanto tengamos conocimiento del mismo”, añadió.
Uno de los aspectos
que podría ser vinculante es sobre la reparación integral del daño a las
víctimas de las, consideradas “masacres” de Senkata y Sacaba donde perdieron la
vida al menos 20 personas en medio de los operativos combinados de la Policía y
las Fuerzas Armadas para contener las protestas.
La labor del GIEI
inició mediante un acuerdo suscrito por la CIDH y el Estado Plurinacional de
Bolivia el 12 de diciembre de 2019.
Durante los meses de
violencia, en Senkata, El Alto, perdieron la vida unas 10 personas por impacto
de bala, mientras que en Sacaba, Cochabamba, otras 10, en medio de los
operativos combinados de la Policía y las Fuerzas Armadas para contener las
protestas.



