Medio: El Deber
Fecha de la publicación: viernes 23 de julio de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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El operativo se
cumplió en el municipio cochabambino de Sacaba, donde reside el general Iván
Patricio Inchauste. El militar fue aprehendido por un grupo de policías y fiscales
que luego lo trasladó a La Paz, donde se investigan las responsabilidades
penales por la muerte de civiles durante las protestas de 2019 en el barrio de
Senkata, en El Alto.
Inchauste, quien
llegó a La Paz a las 17:00 de ayer jueves, está acusado de homicidio, lesiones
graves y leves. Fue identificado por los fiscales como uno de los
creadores del plan “Sebastián Pagador” que ordenaba la protección de
instalaciones petroleras y el traslado de cisternas con combustible a La Paz,
el 19 de noviembre de 2019.
La comisión de
fiscales que investiga la muerte de una decenas de personas y responsabilidades
por las lesiones de otros 31 ciudadanos ya detuvieron por este caso a
otros tres exjefes militares, quienes ahora están recluidos
preventivamente. Inchauste puede correr la misma suerte si el juez, que verá su
caso en las próximas horas, acepta la petición del fiscal de enviarlo a prisión
preventiva.
A inicios de julio y
por el caso Senkata, un juez de El Alto ordenó la detención en San Pedro del
coronel del Ejército Julio César Tamayo. En marzo, el general en retiro y
exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Luis Fernando
Valverde Ferrufino fue enviado al penal de El Abra, en Cochabamba, mientras
que el excomandante de la División Mecanizada del Ejército, general Franko
Suárez Gonzales, fue recluido en San Pedro, La Paz.
Inchauste fue
comandante general de Ejército entre el 13 de noviembre 2019 al 4 de marzo del
2020, cuando fue reemplazado por el general Willy Pozo Torrico.
Anteriormente,
frente a la comisión legislativa que investigaba este caso dijo desconocer
lo sucedido en Sacaba y Senkata porque no se encontraba en el lugar.
Cuando le consultaron sobre los fallecidos por arma de fuego aseguró que no
había evidencia sobre el uso de armas de reglamento en los acontecimientos de
2019.
“Como
militares manejamos un arma de calibre mayor (pistolas calibre 9 milímetros,
fusiles 5.56 Galil, Letal 162), no es un calibre militar y si han encontrado
fallecidos y se ha demostrado que es ese el calibre, de seguro no
pertenece al Ejército o las FFAA”, remarcó.
Además, los exjefes
de la Fuerza Aérea y de la Armada están detenidos, acusados de sedición.



