El informe final sobre los hechos ocurridos en Bolivia, entre septiembre y diciembre de 2019, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), está listo y se presentará hoy al Gobierno. Se estima que hasta el 5 de agosto se pueda hacer público este documento.

Los expertos comenzaron su trabajo en noviembre del año pasado y por más de seis meses recabaron testimonios y documentos sobre los hechos de violencia registrados en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).

A solo horas de su entrega, los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales se acusaron por la crisis que derivó en los conflictos postelectorales tras la renuncia del también líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los hechos de violencia. El también líder de Comunidad Ciudadana (CC) enumeró seis rupturas democráticas de Morales y dijo que la Fiscalía debe acusarlo. Entre tanto, éste respondió tildándolo de “historiador golpista” que “miente y trata desesperadamente de negar su responsabilidad por las masacres y corrupción del gobierno de facto que él provocó”.

UN PROTOCOLO El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, según ABI, confirmó la entrega del documento final ante la Cancillería, aunque dijo que puede recibirlo también al embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta. Posteriormente, el Gobierno tiene 10 días hábiles para poder revisarlo, lo que no implica que se pueda realizar algún cambio, solamente se tomará conocimiento del trabajo desarrollado.

“Como Gobierno, una vez transcurrido ese plazo que podría ser de 10 días, 48 horas, o 5 días; en el plazo máximo de 10 días que va a tener el Gobierno de Bolivia, le vamos a comunicar oficialmente nuestra postura a la CIDH y ellos podrían aceptar o negar las observaciones o precisiones que realicemos”, afirmó.

Una vez que el organismo responda al Gobierno, se podrá tener un documento del informe oficial.  

EL ALCANCE

El informe que emita el GIEI no equivale a una sentencia ni tampoco a una opinión consultiva, sino a las presuntas violaciones a los Derechos Humanos que habrían ocurrido entre el 1 septiembre al 31 de diciembre de 2019.

Según Lima, algunas partes del documento serán de carácter vinculante y en otras solo podrían ser de recomendación. 

Uno de los aspectos que podría ser vinculante es sobre la reparación integral del daño a las víctimas de las, consideradas “masacres” de Senkata y Sacaba donde perdieron la vida al menos 20 personas en medio de los operativos combinados de la Policía y las Fuerzas Armadas para contener las protestas.

También precisó que todos los documentos que se emiten en el ámbito de un acuerdo entre el Gobierno boliviano y el GIEI no son equivalentes a una sentencia, ni a una opinión consultiva. Se trata de un informe que tiene que ver con las graves violaciones a los derechos humanos.

ROCES

un texto publicado ayer, Mesa enumeró las seis rupturas del orden constitucional, en un intento de golpe de Estado con renuncias de autoridades del Ejecutivo y Legislativo, según ERBOL.

Recordó primero la repostulación de Morales para las elecciones de 2014; el desconocimiento del voto popular en el referendo de 2016; y el “gigantesco delito de fraude” de 2019. En el punto cuatro se refirió a un plan para dejar sin gobierno a Bolivia e intentar un golpe de Estado mediante su renuncia y de otras autoridades y siguió con la ruptura al

 seguir “dando órdenes y amenazando con generar hechos de violencia movilizando a sus seguidores”, aún después de renunciar. 

Finalmente, se refirió a su “huida” del país el 11 de noviembre sin esperar la aceptación de su renuncia al cargo.

Luego de esto, Morales recordó que, como sucesor de Sánchez de Lozada, Mesa ordenó quemar por decreto las pruebas de sus gastos reservados y “ahora intenta destruir con mentiras las pruebas de su conspiración en el golpe”.

Asimismo, le recordó al historiador que se negó a declarar por la “Masacre de Octubre” de 2003 y, además, lo sindicó de “buscar impunidad por masacres de Senkata y Sacaba”.