El Gobierno anticipó que el reporte elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis política de 2019 confirmará “la teoría” de que en el país se registraron masacres y que empleará “los nuevos datos” en el juicio planteado contra la expresidenta Jeanine Áñez por “genocidio”, un delito que tiene una pena máxima de 30 años sin derecho a indulto.

“Tenemos la certeza de que el informe que se emitirá va a corroborar la teoría que tenemos de las masacres que han ocurrido en 2019. Sería insólito que el informe contradiga eso, habiendo tanta documentación que ya se tiene de las instituciones y de la sociedad”, afirmó ayer (jueves) el abogado Tito Norman Tornero, director del Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima (Sepdavi), una entidad dependiente del Ministerio de Justicia que promueve ese proceso contra la exmandataria junto a la Procuraduría.

De hecho, el reporte, elaborado a requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluirá una serie de recomendaciones orientadas al procesamiento judicial, en el ámbito penal, administrativo y civil, contra las personas que pudieron tener responsabilidad en el desenlace de esos acontecimientos, entre ellos las llamadas masacres de Senkata y Sacaba donde murieron 37 civiles tras la intervención de militares y policías a mediados de noviembre de 2019, cuando el país estaba sumido en una crisis política con estallidos de violencia que llamaban a la “guerra civil” por parte de seguidores del expresidente Evo Morales, quien renunció a la jefatura de Estado tras las fallidas elecciones de ese año y medio de sospechas de fraude que identificó una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El expresidente Carlos Mesa, líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), señaló que espera un informe “equilibrado”, esto tomando en cuenta que durante la crisis de 2019 personas afines a las organizaciones que respaldan al MAS también generaron violencia y fallecidos, como el caso de dos ciudadanos vinculados al movimiento cívico, que perdieron la vida a finales de octubre de 2019 en Montero.

En un artículo divulgado ayer Mesa señaló que el expresidente Morales fue el artífice de tres “rupturas de la democracia” cuando se presentó a las elecciones de 2014 a una tercera elección, cuando la Constitución solo admite una reelección continua; en 2016 cuando desconoció los resultados referéndum que le ordenaron no postular en el siguiente proceso electoral y en 2019 cuando se presentó a una elección con el aval del Tribunal Supremo Electoral. Morales, que renunció a su cargo, asegura que hubo un “golpe de Estado” y hasta el momento no presentó su testimonio judicial.

El presidente Luis Arce aseguró ayer, a horas de conocerse el informe de la GIEI: “Los bolivianos tenemos el derecho de saber lo que estaba ocurriendo y vamos a investigar hasta que se conozca todo”, afirmó al inaugurar un ampliado de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb). Señaló “a la derecha” como responsable de los sucesos de 2019. Además, aseguró que hubo intereses trasnacionales en Bolivia debido a la riqueza del país en recursos naturales.