A menos de un día de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haga público el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que llevó a cabo por más de un año y medio las investigaciones sobre los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, las expectativas de los políticos y fundamentalmente de las víctimas de familiares fallecidos crece, toda vez que esperan sea un documento que esclarezca la verdad de los hechos y por sobre todo se encuentre justicia.

Los criterios sobre el tenor del documento son variados, pues unos aseveran que el informe de la GIEI debe ser vinculante, mientras que otros indican que será importante para el esclarecimiento de lo sucedido en 2019, cuando se dio el golpe de Estado en Bolivia.

Los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) esperan que el informe sea vinculante y que la verdad de los hechos salga a la luz pública, además que se establezca quiénes fueron los responsables para que personas injustamente sean masacradas y encarceladas y que hoy en día no encuentran una fuente de trabajo debido a los arraigos que se les impuso.

“Lo que tenemos que tomar en cuenta es saber quiénes son los responsables, saber los antecedentes de lo que ha ocurrido esos sombríos meses de 2019, ya que el golpe de Estado ha dañado la imagen del país y también de los bolivianos que vivimos momentos muy difíciles”, dijo el parlamentario Sandro Ramírez.

El GIEI luego de recibir las declaraciones de las víctimas.

El diputado del MAS manifestó que este informe es muy importante para coadyuvar en las investigaciones que hacen las autoridades competentes (Ministerio Público) y para que se desvirtúe el discurso de percusión política que trata de imponer la oposición.

“En ningún momento se trata de manipular, sino de buscar justicia y la verdad de lo ocurrido, y que fundamentalmente ya se deje de hablar de una persecución política o manipulación”, dijo

En esa misma línea, el diputado Renán Cabezas sostuvo que existe mucha expectativa por parte de los bolivianos sobre el informe de este grupo de especialistas que trabajaron por mucho tiempo recolectando información, testimonios, fotografías y videos de lo ocurrido fundamentalmente en las masacres de Senkata, Sacaba y otras regiones del país.

“Será un informe muy importante para que sepamos la verdad todos los bolivianos y el mundo  entero respecto a los hechos suscitados en noviembre, la vulneración a derechos humanos, y que el mismo podrá coadyuvar en las investigaciones que realiza la Fiscalía”, puntualizó.

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes espera que el informe de la GIEI sea imparcial y que se base en la evidencia que fue recolectada y entregada por la sociedad civil para que se llegue a la verdad historia y permita la reconciliación y la paz en el país.

“Esperamos que sea un insumo que permita a los bolivianos llegar a la pacificación y verdad histórica que nos permita avanzar, esperemos que el Gobierno no instrumentalice este informe y no lo manipule, no lo tergiverse porque necesitamos para llegar a la paz social y avanzar hacia adelante”, expresó.

36 fallecidos es el saldo de las masacres de Senkata, Huayllani –Sacaba y otras regiones del país, registradas en noviembre de 2019.

El representante de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, aseguró que el informe de la CIDH no podrá ser catalogado como sesgado porque fueron investigadas ambas partes. Destacó que el documento será vinculante, ya que se anunciarán a los responsables de las masacres, torturas y persecuciones ilegales, entre septiembre y diciembre de 2019, además se sugerirán procesos administrativos, civiles y penales.

“En diciembre de 2019, la CIDH publicó un informe preliminar en el que se confirma que hubo masacres, maltratos, persecuciones, y la comisión trabajó con base en ese documento. Este viernes va a ratificar o ampliar el informe preliminar y el mismo será vinculante porque si confirma que hubo maltrato, masacres, se puede aumentar algún tipo penal o de repente rebajar”, dijo.

Inca señaló que el informe contendrá nombres de los presuntos autores y se van a sugerir procesos penales, civiles y administrativos que deben ser cumplidos y entregados a la Fiscalía porque es documentación revisada y valorada, además este documento deberá ser ejecutado por la Procuraduría, jueces y policías para hacer las investigaciones.

CREACIÓN DE LA GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue creado mediante el acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019 para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

El Estado Plurinacional de Bolivia, mediante nota del 10 de diciembre de 2019, expresó su voluntad de que sea una investigación internacional la que se encargue de determinar y esclarecer los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Bolivia en el curso de la crisis política y social. En respuesta a esta comunicación, la CIDH presentó al Gobierno una propuesta para crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en el país, específicamente un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con garantía de autonomía e independencia, para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de violaciones de los derechos humanos.

En base a este acuerdo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC nombró a los cuatro expertos que trabajaron en la recopilación de información y el trabajo en gabinete, los cuales son: Juan Méndez, quien fue relator especial de la ONU sobre tortura; Patricia Tappatá, directora del Centro Internacional para la Promoción de DDHH de la Unesco; Marlon Weichert, fiscal federal en Brasil y Julian Berger, profesor de la Universidad de Essex.

Enfrentamientos entre militares y movilizados en los conflictos de 2019.

ATRIBUCIONES DE LA GIEI

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, explicó que este grupo de especialistas de la GIEI tendrá cuatro atribuciones dentro del desarrollo de su trabajo para investigar los hechos de violencia y muertes ocurridas en 2019.

La primera atribución está enfocada a la elaboración de planes de investigación de los actos de violencia que afectaron a personas, organizaciones y autoridades en el país.

La segunda atribución del GEIG es realizar “un análisis técnico de las líneas de investigación que vienen desarrollando las autoridades”, para formular recomendaciones sobre las mismas.

“Tercero, proponer también la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones”, dijo. La cuarta atribución está referida a la elaboración de un análisis técnico, con recomendaciones, si ameritara el caso, “para que se adopte un plan de atención integral a las víctimas de los hechos investigados”.

El anuncio del equipo se da después de que la CIDH emitiera su informe preliminar sobre la situación en Bolivia, en el que criticaba el uso de la fuerza por parte del gobierno de Añez, el cual rechazó el reporte calificándolo de “sesgado”.

El trabajo del GIEI desarrollado en Bolivia

Su trabajo estuvo enfocado en encuentros con instituciones y organizaciones de la sociedad civil y la toma de testimonios individuales, búsqueda de documentos y análisis de las evidencias, así como de identificación de tareas pendientes para establecer la verdad jurídica de cada episodio.

“Nosotros vamos a coadyuvar, como dice el texto del acuerdo, en el esclarecimiento de los hechos y en la investigación de las posibles responsabilidades. Nosotros vamos a escuchar a todo el que quiera decirnos algo”, refirió Juan Méndez, uno de los miembros del GIEI.

Remarcó también que las autoridades bolivianas son las competentes para la investigación. Lo que hace el grupo es prestar su apoyo como coadyuvantes con su asesoría técnica que pueda proporcionar y, desde luego, muy importante, desde la mirada del derecho internacional de los derechos humanos. Es una cooperación que se está brindando a las autoridades del Estado boliviano.

Los expertos y el equipo técnico del GIEI llegaron a departamentos del país como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Sucre y Oruro, donde escucharon a más de 80 víctimas y testigos, para un primer acercamiento.

La instancia mantuvo un encuentro con los familiares y víctimas de Senkata y Sacaba, el 28 de noviembre de 2020, en Cochabamba. Y el 30 de noviembre, el grupo de expertos estuvo en Potosí para reunirse con los afectados por la violencia en Vila Vila y Challapata. Ya el 15 de diciembre comenzó con la toma de testimonios individuales en El Alto.

El 17 y 18 de diciembre, el GIEI fue al departamento de Santa Cruz para escuchar a las víctimas y recolectar pruebas de los hechos que ocurrieron en Montero. También tuvo la oportunidad de reunirse con las víctimas de los conflictos en el sur de La Paz.

Después de este trabajo y de la entrega de un ampulosa documentación de parte de las víctimas de fallecidos en los luctuosos hechos de 2019, la CIDH elaboró su informe definitivo desde noviembre de 2020 y debía entregarlo en mayo de ese año. No obstante, debido a la pandemia y a las más de 100 mil pruebas que debía analizar, se postergó hasta julio.