Al final la verdad siempre sale a la luz y eso está ocurriendo en el caso de las masacres que se generaron durante los primeros días del gobierno de facto de Jeanine Añez, régimen que bajo la frase de que “estamos pacificando el país” mató a más de 30 personas y dejó a muchas víctimas que no tienen consuelo hasta el momento.

Desde el 15 de noviembre para adelante, policías y militares, que fueron la fuerza en contra del pueblo, bajo las órdenes de los ministros de Defensa y Gobierno, Fernando López y Arturo Murillo, masacraron al pueblo que pedía el retorno de la democracia en el país y el respeto a la Constitución Política del Estado.

Pero hoy, con la entrega del informe preparado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), será el inició de la reparación de los daños a las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata.

Bolivia no debe olvidar que el gobierno impuesto por personajes externos y políticos que nunca pudieron ganar una elección democrática se convirtió en el primer régimen de facto del siglo XXI, interrumpiendo un proceso democrático que nos llevaba al desarrollo y la industrialización del país.

La entrega del informe es el primer paso para la reconciliación de los bolivianos, pero con justicia por los hechos violentos que enlutaron al país y dejaron una huella imborrable en los hermanos cochabambinos y paceños, donde las familias de los ciudadanos de El Alto y del trópico sintieron la discriminación y el odio racial de los personajes que detentaban el poder después de haber derrocado al presidente Evo Morales; son quienes quisieron maquillar el golpe con un supuesto fraude e imponer el orden mediante las balas y los gases que llegaban de Ecuador y Argentina.

Después de 14 años de un gobierno soberano, los bolivianos sentimos cómo es la injerencia de países donde las políticas económicas y sociales son para un pequeño grupo familiar y no para el pueblo.

Luego de la asunción de Luis Arce Catacora a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, comenzó la reestructuración económica, la reconciliación con justicia en el ámbito social, y la lucha frontal contra la pandemia. Si bien la tarea en el tema económico como en el de salud marca un antes y un después de la dictadura, ahora viene la reconciliación con justicia para que la sociedad boliviana tenga la tranquilidad necesaria de soñar en un futuro en un país con estabilidad económica, libre de la pandemia y con más equidad social.

Es por todo esto que la entrega del informe sobre las masacres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno nacional significa el cierre de las mentiras que se informaron sobre los hechos violentos y es el principio para encontrar la justicia para los más de 30 muertos, cientos de heridos, además de los huérfanos, viudas y viudos que siguen llorando a sus familiares.

Hoy la verdad tendrá la fuerza que tiene la democracia en el país después del año de un gobierno atroz, violento y corrupto, que quiso destruir el crecimiento del país, pero se encontró con su peor miedo, el voto del pueblo boliviano.