El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que este 23 de julio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitirá, ante el Estado Plurinacional, su informe sobre los hechos de 2019 en Bolivia, que luego se harán públicos el 5 de agosto.

De acuerdo con el protocolo suscrito por Bolivia con la CIDH, para el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el informe será presentado este 23 de julio. “La entrega oficial será ante la Cancillería, lo más seguro es que lo reciba nuestro embajador ante la OEA, Héctor Arce. El Gobierno tiene 10 días hábiles para poder revisar el documento”, explicó la autoridad.

Añadió que uno de los aspectos vinculantes del informe será la reparación a los familiares de las víctimas, en tanto que los procesos judiciales, a quienes sean identificados como los responsables de las violaciones a los derechos humanos, serán recomendaciones y dependerá del Órgano Judicial iniciar las acciones correspondientes.

En noviembre de 2019, familias de las víctimas de la masacre de Senkata marcharon hacia el centro de La Paz con los ataúdes para exigir justicia.

“Es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado. Hay otros aspectos que han sido a título de recomendación. Este informe no es una sentencia, sin embargo, el Órgano Judicial recibirá, en el informe, recomendaciones específicas que ellos responderán cómo actuar”, señaló el Ministro de Justicia.

El documento también revelará agresiones a periodistas, por lo que se recabaron testimonios de profesionales de la prensa que fueron víctimas de vulneración de sus derechos. En 2019, se registraron agresiones al trabajo principalmente de los medios estatales y corresponsales.

Para el trabajo de investigación el GIEI recabó más de 100 mil elementos, tanto de los familiares de las víctimas como personas que ejercieron cargos en la función pública durante el gobierno de facto, de acuerdo a datos de la cartera de Estado.

En diciembre de 2019, la CIDH emitió un informe preliminar en el que reconoció que hubo masacres, torturas y delitos de lesa humanidad antes y después del 10 de noviembre de 2019. Ese documento fue la base para el pronunciamiento oficial que este viernes se hará llegar al Gobierno boliviano.