En menos de tres meses, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) fue blanco de cinco arremetidas, tanto desde el Legislativo como desde el Ejecutivo. Instituciones de la sociedad civil y expertos prendieron las alarmas porque –indicaron- se atenta contra la independencia de uno de los cuatro órganos del Estado. Desde el oficialismo, en cambio, negaron  que se quiera descabezar al organismo.  

El tema cobra actualidad debido al auto constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se conoció el miércoles, el cual  dispuso que la Sala Constitucional Primera de Beni admita un amparo interpuesto en contra del proceso de designación de vocales departamentales de esa región de 2019. En enero de 2020, esa sala  declaró  improcedente el recurso. 

La primera arremetida contra el OEP data del 28 de abril, cuando el diputado del MAS Ramiro Venegas interpuso una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en contra de Salvador Romero, entonces presidente de esa institución, por la presunta comisión de faltas muy graves. Sin embargo, esa misma jornada, Romero dimitió al organismo lectoral. 

En una rueda  de prensa, cuyos pormenores  no fueron  muy explotados por los medios  que cubren el hemiciclo, el 5 de julio, Venegas reveló el  detalle de que interpuso el caso cuando aún Romero presidía el TSE.  “En fecha 28 de abril del 2021, a horas 14:41, cuando el señor Salvador Romero ejercía la función de presidente del TSE, presento una denuncia por faltas muy graves en contra de dicha autoridad. Sin embargo, de forma dolosa a objeto de evadir responsabilidades de un proceso disciplinario el señor Romero a horas 16:41 de ese mismo día, en conferencia de prensa, anuncia su renuncia”, comentó el legislador.

La segunda arremetida contra el OEP es la denuncia que el mismo   Venegas interpuso ante el TSE, el 25 de junio, en contra del actual presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y de la vicepresidenta de esa institución, Nancy Gutiérrez, por   –dijo- supuestamente “dilatar” el trámite de la denuncia que realizó contra Romero. 

Sin embargo, la sala plena del TSE, constituida en Tribunal Disciplinario, determinó el 2 de julio por unanimidad rechazar “in limine” la denuncia. 

La tercera arremetida contra el OEP es la demanda ante la Contraloría General del Estado que anticipó Venegas el 5 de julio. En esa fecha,  anunció la presentación de la  denuncia contra el TSE ante esa institución estatal que busca que se audite todos los procesos de contratación que realizó la entidad electoral entre 2020 y 2021.   

La cuarta arremetida es el nombramiento de seis vocales de designación presidencial que hizo el 29 de junio el presidente Luis Arce, a través de un paquete de decretos. Con esas disposiciones reemplazó a vocales que fueron designados en el gobierno de Jeanine Añez, en 2019.   

Ante esa decisión, 13 instituciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento en el que sostuvieron que esa acción “constituye un ataque al principio de autonomía e independencia del Órgano Electoral, protegido por el artículo 4 numeral 10 de la Ley 018 del Órgano Electoral”. 

Entre las entidades firmantes del documento están la Asociación Boliviana de Ciencia Política, la Fundación Jubileo, la Oficina Jurídica para la Mujer, el Grupo Prisma y el Programa de Capacitación Política. 

Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó en su momento que el artículo 172 de la Constitución faculta al presidente del Estado para designar a sus representantes ante el Órgano Electoral. “Cada uno de los vocales que han sido designados (anteriormente) viene de un proceso que estaba contaminado”, sostuvo. 

La quinta arremetida contra el OEP tiene que ver con la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de revocar la resolución que emitió la Sala Constitucional Primera del departamento de Beni, el 15 de enero. Esa instancia declaró  improcedente el amparo constitucional que interpuso Charles Fernando Mejía Cardozo en busca de que se declare nulo el proceso de selección de vocales del TED de Beni, que fueron nombrados por la Cámara de Diputados a fines de 2019. (En esa cámara entonces -como  sucede ahora- el MAS tenía mayoría).  

En ese marco, el TCP dispuso que dicha Sala Constitucional “admita” la acción de amparo y someta la causa al trámite previsto por ley. Esa decisión se conoció el miércoles, pero la fecha del auto constitucional data del 16 de marzo de 2020. 

En declaraciones a Página Siete, Nataly Vargas, expresidenta del TED Tarija y quien fue destituida por Arce vía decreto,  sostuvo que detrás de las cinco acciones, a las que suma la “suspensión y persecución” contra la vocal Rosario Baptista,  “realmente existe un afán de controlar el OEP por parte del Ejecutivo”. 

“No se puede camuflar más la situación, es completamente evidente y eso ha sido el colmo de evidente cuando hemos visto los decretos por los cuales se han destituido vocales electorales y se ha designado vocales de manera ilegal”, aseguró.

Vargas lamentó que en el TSE haya “un silencio cómplice” en esta situación. “La Constitución establece muy claramente que tiene que haber una independencia de poderes, pero vemos cómo desde todos los poderes del Estado se ataca al OEP”, agregó.  

Anteriormente, el diputado Venegas negó que los vocales departamentales tengan “inamovilidad” en sus cargos   y aseguró que él no busca descabezar al Órgano Electoral. “Solamente estamos cumpliendo con la normativa y las leyes vigentes que tiene el Estado Plurinacional”, sostuvo el legislador del partido azul.