Los domos construidos ilegalmente en el salar.
Organizaciones y autoridades potosinas declaran emergencia ante el avasallamiento de una empresa extranjera que pretende consolidar su ilegal presencia en el Salar de Uyuni a través de un irregular permiso otorgado por la gobernación de Oruro.
Frente al anuncio de los orureños de relanzar el hotel de domos “Kachi Lodge”, que había sido clausurado por la gobernación de Potosí, surgen cuestionamientos de parte de las autoridades y las organizaciones sociales.
Los potosinos consideran que es un abuso que los orureños otorguen un permiso de funcionamiento para una empresa suiza sin tomar en cuenta que el sitio en el que fue emplazada la estructura de madera sobre la cual van los domos se halla en territorio potosino y ellos no tienen ninguna tuición para dar permisos o permitir asentamiento alguno.
NI UN MILÍMETRO
El gobernador potosino, Jhonny Mamani, se reunió ayer con el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, y el gobernador de Oruro, Jhonny Vedia, oportunidad en la que hizo conocer que la totalidad del Salar de Uyuni se encuentra en territorio potosino.
Dejó constancia de que Potosí no cederá un solo centímetro de su territorio y destacó que, si los orureños tienen alguna pretensión respecto a ese territorio, deberán demostrarla en las instancias legales.
Mamani pidió a ambas autoridades generar los espacios de diálogo necesarios para evitar que el anuncio de relanzar el cuestionado proyecto turístico genere un clima de convulsión social entre las comunidades directamente vinculadas al Salar de Uyuni.
MOLESTIA
Los delegados de la Provincia Antonio Quijarro, Beltrán Mamani, y Nor Lipez, Miguel Copa, desarrollaron con los dirigentes de organizaciones sociales de ambas regiones una reunión en la que se pudo apreciar la molestia que existe con las autoridades orureñas que autorizan un proyecto extranjero en un territorio que no les pertenece.
Los habitantes de ambas provincias no descartan iniciar una movilización para poner freno a un emprendimiento privado que se halla asentado en el salar de manera ilegal.
Se conoce que los dueños de los domos cobrarían hasta 1.000 dólares por una noche y un día en ese hotel y no se sabe si parte de esos beneficios benefician a las comunidades de quienes están argumentando que esa zona es parte del territorio orureño.
A través de medios de comunicación de la Villa Imperial surgieron cuestionamientos al avasallamiento de extranjeros y orureños al territorio potosino y demandan que, en el marco de la soberanía departamental, se emita las resoluciones que permitan la demolición de esas estructuras.
